Peña Nieto y el dinero para silenciar escándalos.

Durante 2016, Enrique Peña Nieto cayó a los niveles de aprobación más bajos que haya registrado algún presidente de México desde los años ochenta. Ese año quedó marcado por otro récord histórico: el mayor gasto en publicidad del que se tenga registro.

Situación previsible, tratándose de un político que apostó la construcción de su imagen a la publicidad, desde que siendo gobernador del Estado de México se proyectó en la escena nacional… vieja historia.

Nunca, desde que los recursos destinados a la publicidad son transparentes, se ha gastado tanto como este sexenio. Ayer, Fundar, una organización ciudadana que lleva varios años analizando –entre otros indicadores– los datos de la herramienta ComSoc, administrada por la secretaría de la Función Pública, que publica los montos destinados a publicidad, emitió su informe actualizado a junio de este año.

El balance es que, en cuatro años y medio, el gobierno gastó 37 mil 735 millones de pesos en promoción y 2016 fue el año récord, con un gasto de 10 mil 698 millones. Eso, suponiendo que lo informado corresponde a la realidad y sin considerar el gasto en promoción en Internet que siguen opacos. Además, no incluye el gasto fuerte de 2017, que inicia a finales de agosto y por el que, sólo la producción para promover a Peña Nieto por el quinto informe costó 60 millones como publicó Proceso en su edición actualmente en circulación.

Fundar, por su metodología constreñida a datos duros, no relaciona el gasto con la baja aprobación de Peña Nieto, que es producto de encuestas cuyos datos son volátiles. Las mediciones publicadas en días pasados para evaluar cómo llegó al quinto informe, reflejan que sigue debajo del 30% de aprobación. Lo que sí destaca Fundar es que no existe forma de medir la efectividad del gasto publicitario.

Paradójicamente, el año en que más gastó en publicidad fue también en el que Peña Nieto aseguró que no gobierna para ser popular.

Que se haya gastado tanto en la promoción del gobierno peñanietista y que éste siga con baja aprobación es indicativo de que, sin ese gasto, la aprobación sería prácticamente nula. Lo otro es que el gasto en publicidad no se relaciona con la popularidad sino con el histórico control sobre el ejercicio periodístico.

Los ejemplos de esto último son abundantes pero tres casos recientes ilustran: el posicionado como #gobiernoespía, documentado por R3D y otras organizaciones, con análisis del Citizen Lab de la Universidad de Toronto; el caso Odebrecht y la presunta implicación del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, revelado en Proceso y Aristegui Noticias por Quinto Elemento Lab y, la investigación periodística #laestafamaestra, que desde el pasado lunes publicó Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, respecto a empresas fantasma recipiendarias de recursos por siete mil 670 millones.

La dimensión periodística de esos asuntos –entre muchos otros– es enorme, frente al vacío que la mayoría de los medios de comunicación hacen al respecto y que no puede leerse sólo como celo editorial o mezquindad. Imposible disociar el silencio del gasto publicitario.

Presionado por el movimiento #yosoy132, Peña Nieto hizo tres compromisos: un nuevo sistema de transparencia, un gran mecanismo anticorrupción y regulación de publicidad oficial.

El primero se cumplió, pero la opacidad se impuso por la vía de las reformas estructurales; el segundo, no logra concretarse y –sólo en parte– provocó la crisis legislativa de estos días y, el tercero, no se menciona ni por los partidos políticos, que en sus respectivas parcelas de poder replican el manejo publicitario, cómplices que son, en la perpetuación de una de las muchas precariedades de la democracia en México como lo es el limitado ejercicio de la libertad de expresión.