Organizaciones
civiles acudieron a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México
(PGJCDMX) para presentar una denuncia de hechos contra aquellas empresas
inmobiliarias y contra el propio gobierno de la capital por no implementar los
estándares oficiales de construcción, lo que originó que varios edificios
colapsaran por el sismo del pasado 19 de septiembre.
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