Adela Navarro Bello.
En ocasiones
parece que, Enrique Peña Nieto, está haciendo todo lo posible, en términos de
la construcción de instituciones, la elaboración de leyes, y la redacción de
reglamentos, para no terminar en prisión.
Por ejemplo,
eliminar el pase directo del Procurador
General de la República, Raúl Cervantes, a Fiscal General de la República para
ejercer ese cargo durante nueve años, es uno de los temas que evidentemente más
trabajo le ha costado abordar y decidir a Enrique Peña Nieto. Conociendo el
sistema presidencialista en que los miembros del PRI se desenvuelven, era muy
fácil que el presidente ordenara y el legislativo (con mayoría tricolor y
aliados diversos) accionara para que el Fiscal Carnal quedara en el pasado.
Pero no, no lo hizo así.
Otro
pendiente tiene que ver con lo mismo: hacer
una Fiscalía que funciones en materia de persecución y combate a la corrupción
durante el último año del sexenio peñista y los que siguen. Por alguna razón
que solo se conoce en Los Pinos, EPN no se ha pronunciado a favor de lo que ya
no es una petición, sino una exigencia ciudadana para castigar la corrupción,
que en su sexenio, ha llegado a niveles altísimo.
De entrada, los dos pendientes inciden directamente en
si el Presidente o cualquiera de sus más cercanos funcionarios será o no
juzgado por corrupción, asociación delictuosa, lavado de dinero, operaciones
con recursos de procedencia ilícita, peculado, enriquecimiento ilícito, tráfico
de influencias, conflicto de intereses u otros delitos de corrupción.
En un
sistema como el político administrativo y de gobierno mexicano, donde lo que
impera es el presidencialismo, con la sola voluntad del presidente de la
República, esas reformas ya serían una
realidad. Pero no, no lo son.
En estos
momentos, México es un país en el que no
se pueden acreditar los delitos de corrupción porque no hay fiscal
anticorrupción, porque no ha sido nombrado el Fiscal General, porque no se ha
modificado la ley y el reglamento para la selección del mismo y su marco de
actuación. Es un círculo vicioso que mantiene a muchos políticos, funcionarios
y gobernantes en la impunidad. Un círculo que EPN no ha querido romper.
De manera
obligada en la Procuraduría General de la República han iniciado la
investigación denunciada en el ámbito internacional e investigada por
periodistas mexicanos, sobre el caso de los sobornos de la empresa brasileña
Odebrecht a quien fue director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, además cercanísimo a Enrique Peña Nieto, y
piedra angular de la que fue su campaña a la Presidencia de la República, época
en la que iniciaron las dádivas ilícitas de Odebrecht, según dieron cuenta los
periodistas de Quinto Lab en su indagación pública.
A semanas
que Lozoya se haya presentado a declarar de manera voluntaria y decir que nada
tenía que ver en los actos de corrupción, la PGR ha informado y así lo recogió
el periódico Reforma, que investigan a 18 funcionarios de Pemex por el caso
Odebrecht. Les han revisado las cuentas bancarias, y sus transacciones por
parte de la Unidad Especializada en Análisis Financiero, en busca del
enriquecimiento ilícito. Entre los 18
investigados que ahora es público su caso, no hay peces grandes. En la
cadena voraz de la estructura gubernamental se trata de funcionarios de tercera y de cuarta, subdirectores,
gerentes y coordinadores, no más. 18 funcionarios de medio nivel cuyos nombres
sí están siendo públicos por parte de la institución.
Obligadamente
investigan a Emilio Lozoya, y a estos 18 ex servidores. Seguramente alguno de esos 18 terminará siendo procesado y juzgado por
corrupción. La mayoría de los
funcionarios de alto nivel de quienes se sospecha actos de corrupción, son,
dijera un ex alcalde de Tijuana, del PRI por cierto, “ratas pero no pendejos
(sic)”. Se refería al hecho de no dejar la huella propia en los actos ilícitos,
irregulares, abusivos del poder.
Más que 18
funcionarios menores investigados o en prisión por un caso, un solo caso de
señalamiento de corrupción de los muchos que existen, lo que la Presidencia de Enrique Peña Nieto necesita para obtener una
pizca de credibilidad que no tiene, es un pez grande en prisión. Un Secretario
de Estado, un director de paraestatal, un Secretario General de Sindicato, un
Gobernador apenas electo o un ex gobernador apenas desempleado.
Y lo que a EPN le falta es voluntad
para perseguir la corrupción que lo rosa. Sacrificar piezas políticas dañadas
por la irregularidad por encima del compadrazgo y la impunidad.
Legar una
Fiscalía General de la República sin cordón umbilical a partido alguno, una
Fiscalía Anticorrupción ciudadana, con garras y dientes, con leyes aplicables
para todos, con independencia, y un marco jurídico claro que siente las bases
para acabar con las prácticas de corrupción, o castigarlas con severidad y
celeridad.
Tal como están las fichas, a catorce
meses que Enrique Peña Nieto se convierta en ex presidente, y esté en posición
de ser el primero en México en ser juzgado por actos de corrupción, el priísta
tiene una oportunidad más, de las últimas, para demostrar finalmente que su
compromiso es con el País, y no con los suyos.
En medio del
repudio ciudadano por la tardía, opaca y ventajosa labor a propósito de la
segunda etapa de reconstrucción tras los sismos del 7 y el 19 de septiembre de
2017, a Peña Nieto le urge una
legitimización de salida, meter a la cárcel a un director, a un secretario,
castigar la corrupción actual; no hacerlo, continuar con el garlito de no
cambiar la letra legal para impedir al Fiscal Carnal, persistir en un Fiscal
Anticorrupción afín a sus intereses, los de su partido y aliados, significará
la continuidad de la impunidad, la promoción de la corrupción en su último año
de gobierno, y hacer todo lo posible, de salirse con su Fiscal, de no pisar la
cárcel en el futuro próximo.
Un pez grande (o varios) de la
política y la función pública en la cárcel es lo que México necesita para creer,
aunque sea un poco en su sistema de gobierno, y a Enrique Peña Nieto le urge pescarlo justo cuando
tiene el tiempo en contra.
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