Ciudad quebrada… ¿y podrida?

Francisco Ortiz Pinchetti.

Las advertencias de expertos sobre los riesgos de la construcción de edificios en la Ciudad de México, hechas hace décadas, vienen a confirmarse ahora con un estudio fundamental realizado por el Centro de Geociencias (CGeo) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Los especialistas elaboraron un mapa que permite conocer en dónde se ubican las principales fracturas que afectan la infraestructura urbana de la capital, que es revelador.

Y que confirma cómo una combinación perversa entre la corrupción, la irresponsabilidad y el negocio inmobiliario.

Queda claro, como lo advirtieron también desde hace tiempo diversos expertos, que la extracción criminal del agua del subsuelo es el factor que detona y pone en evidencia las debilidades que ya existían en el suelo, pues por el “estrés hídrico” el subsuelo se consolida y se compacta, y las irregularidades y discontinuidades que ya estaban comienzan a manifestarse o propagarse hacia la superficie. La Ciudad de México se hunde en promedio de 20 a 30 centímetros al año, debido en gran parte a la sobreexplotación irracional del acuífero, por lo que esos desplazamientos, dicen los expertos, deben ser considerados en un plan de reconstrucción a corto y mediano plazos.

Desde 2009, ingenieros de la propia UNAM delimitaron las zonas de mayor riesgo sísmico de la ciudad y advirtieron de la fragilidad del suelo y de las deficiencias de las construcciones examinadas en esa parte de la capital. Ahora se confirma que las zonas más afectadas por el terremoto son precisamente aquellas en las que se ubican las fracturas del subsuelo.

El trabajo del CGeo dado a conocer apenas este jueves, ha permitido identificar la vulnerabilidad física del suelo de la capital del país susceptible a fracturarse y a estimar la fragilidad social en zonas de fracturamiento, pues este problema afecta de diferente manera a la población, dependiendo del nivel socioeconómico.

Las fracturas obedecen efectivamente a un “contraste” entre los suelos de las sierras que conforman el Valle de México y lo que fue el lecho del lago. “Existe una relación directa entre la aparición de las fracturas y las áreas de contraste entre las zonas del lago y los edificios volcánicos”, explicó la investigadora Dora Carreón Freyre al dar a conocer el estudio del CGeo. Explicó que al comparar los mapas de fracturas con los sitios dañados por los sismos de 1985 y 2017, se identificó que los edificios colapsados se sitúan en las zonas con más fracturas, especialmente en las delegaciones Benito Juárez y Cuauhtémoc.

No obstante, esas dos demarcaciones son precisamente las que registran en los últimos 15 años el mayor número de construcciones de edificios a raíz del boom inmobiliario. Amparados en el Bando Dos y luego en la Ley de Desarrollo Urbano que auspiciaron un “repoblamiento” de las delegaciones centrales de la ciudad para evitar que continuara un crecimiento inadecuado de la mancha urbana, los gobiernos delegacionales de esas demarcaciones, coludidos obviamente con los desarrolladores de vivienda, permitieron y facilitaron de manera irresponsable y corrupta un verdadero festín de edificaciones, muchas de ellas para colmo ilegales, pues violaban las normas vigentes para el uso del suelo y la preservación del medio ambiente.

Se llegó al extremo de permitir casos tan aberrantes como la construcción de dos torres de departamentos en pleno Parque Hundido, en la colonia Insurgentes Extremadura de la delegación Benito Juárez, con la anuencia del gobierno delegacional panista. Ante una movilización vecinal sin precedentes, la obra fue finalmente detenida y demolida por el gobierno central de Marcelo Ebrard Casaubón, aunque luego de ¡indemnizar a sus propietarios!

Tras conocerse el nuevo estudio de la UNAM, es de esperarse que la construcción de edificios altos en esas delegaciones con mayor afectación por fracturas del subsuelo sencillamente se detenga de manera definitiva; pero sería también necesario que se castigue a los culpables de la tragedia, tanto autoridades corruptas como desarrolladores sin escrúpulos y directores responsables de obra (DRO) absolutamente indolentes y rateros. ¿Habrá siquiera uno que sea encarcelado?

Un ejemplo flagrante de la manera criminal de actuar por parte de eso tres actores, es el del edificio colapsado en Bretaña 90, en la colonia Zacahuitzco, donde fallecieron dos personas. Se construyeron con materiales de pésima calidad dos pisos adicionales a un edificio de tres pisos que ya estaba dañado previamente por la demolición de una casa adyacente. Y fue uno de los 38 que se derrumbaron en Benito Juárez.

La DBJ denuncia ahora a la constructora, la empresa Dijon, S.A. de C.V., como responsable por utilizar materiales de mala calidad, aunque no explica por qué la autoridad no actuó oportunamente para impedir la obra. Tampoco ha dicho que existe otro edificio de seis plantas en el mismo predio, según reveló este jueves el sitio Libreenelsur.mx. Fue edificado de manera subrepticia, sin manifestación de construcción, en los primeros meses de este año. También en esa obra absolutamente ilegal se agregaron dos plantas a una construcción ya existente, donde hace años se fabricaban bocinas. Y pese a las quejas, reiteradas, presentadas por los vecinos, el director general Jurídico de la delegación panista, Armando Ramírez Solórzano, no actuó para evitarlo. Se hizo guaje ante un atropello flagrante. Ese funcionario es el mismo al que los juarenses reunidos frente a la sede delegacional el pasado sábado 7 de octubre le gritaron “¡asesino!”.

Los casos de corrupción en el desarrollo inmobiliario de la capital suman miles. Es escandaloso. Dudo que haya una sola construcción en la que se cumplieron en algún grado las normas y no se pagó mordida a la autoridad. Es usual. Las empresas constructoras incluyen en su presupuesto el monto del cohecho. Ellas financian campañas electorales y proyectos personales de funcionarios.

Violación de uso del suelo, falsificación de manifestaciones de construcción, edificación de más niveles que los permitidos, utilización de materiales y técnicas de mala calidad, incumplimiento de las disposiciones sobre áreas verdes y estacionamientos y toda una letanía de infamias, abusos y corruptelas son práctica cotidiana, en aras de un “desarrollo sustentable” usado como máscara de la inmoralidad.

Nuestra ciudad está quebrada, dicen los expertos. Y también, digo yo, está podrida por el lucro.