Luego de tres años, el Poder
Legislativo finalmente aprobó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada
de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de
Búsqueda de Personas.
Con 396 votos a favor y cero en
contra, los diputados avalaron la minuta que el Senado de la República envió el
último día de sesiones, en abril pasado. Y aunque se presentaron más de 50
artículos bajo reserva, al final se declinó su revisión, pues si alguno de
ellos hubiera procedido, la minuta habría regresado a la Cámara alta y quedado
en el cajón legislativo.
En
conferencia de prensa, madres de jóvenes
desaparecidos e integrantes del movimiento Nuestros Desaparecidos en México,
quienes acudieron a la sesión de este jueves en San Lázaro, expresaron que la
nueva ley será una herramienta para enfrentar la grave crisis de desapariciones
e impunidad en el país.
“Las familias que conformamos el
movimiento Nuestros Desaparecidos en México saludamos la aprobación de dicha
ley por ser el resultado de casi tres años de trabajo por parte de más de 60
colectivos, familiares y organizaciones de la sociedad civil que han propuesto
contenidos fundamentales de ésta”, indicaron.
De igual
manera, solicitaron a Enrique Peña Nieto
que de inmediato publique la citada norma en el Diario Oficial de la
Federación, que se asignen los recursos necesarios para poder operarla, y que a
ellos se les permita participar en su implementación.
La diputada
perredista Cristina Gaytán, quien acompañó a los diversos colectivos, dijo que se requieren al menos 422 millones de pesos
para instrumentar la nueva ley, por lo que buscarán esos recursos en la
discusión del presupuesto de egresos para el próximo año.
A la
conferencia también acudió el presidente de la Comisión de Derechos Humanos,
Armando Luna Canales, quien expresó: “Estamos muy contentos, esta es una buena
noticia, diría yo la primera en mucho tiempo para muchas familias”
El diputado
priista reconoció el trabajo de las organizaciones de familias de desaparecidos
para concretar este proyecto que, subrayó, “es
un producto con una gran dosis de sufrimiento y dolor, pero con gran optimismo
y con mucha esperanza de que el futuro del país sea sin desapariciones”.
Y sostuvo que, así como se generó el consenso para la
aprobación de la ley, es ineludible la asignación del presupuesto para su
correcta aplicación.
“Tenemos cifras claras que nos
orientan a lo que se tiene que conseguir y estamos más que comprometidos en
sacar esta ley adelante y lo estaremos haciendo en los siguientes días (en la
aprobación de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018”, aseguró.
Cristina
Gaytán, quien también forma parte de la comisión de Derechos Humanos, agradeció
el trabajo y esfuerzo de las organizaciones sociales y los familiares de
desaparecidos que se comprometieron con esta misión a partir de hechos trágicos,
como no saber dónde están sus seres queridos.
E insistió: “El planteamiento está hecho, son 422
millones que la propia Cámara de Diputados y su área de finanzas públicas han
señalado para la ley contra la desaparición forzada y para la ley contra la
tortura. El compromiso es que no sea una ley que no tenga manera de
implementarse”.
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