Dos de las
empresas beneficiadas con contratos del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México
(NAICM) han tenido ligas con Odebrecht, con un personaje ligado al escándalo de
corrupción en Guatemala que llevó al ex presidente Otto Pérez Molina la cárcel
y, además, están bajo la sombra de conflictos de interés con empresarios y
políticos mexicanos y de otros países, destaca el informe “Empresas
participantes en el proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México”.
El reporte se enfoca
en los casos de Toronto Pearson International Airport y Royal Haskoning DHV,
cuyas filiales mexicanas ganaron contratos millonarios en la obra estelar del
Gobierno de Enrique Peña Nieto.
El NAICM es
cuestionado por legisladores y expertos ante el elevado costo que representará
y el retraso de sus obras. Incluso han llamado a considerar que la obra sea
detenida y los recursos sean empleados en apoyar otros rubros, como la reconstrucción
en las entidades afectadas por el sismo.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera que el Nuevo Aeropuerto no será
entregado en el año 2020, como prometió el Gobierno federal, y llamó al
Congreso de la Unión a poner bajo la lupa el megaproyecto ante las
irregularidades que ha encontrado en los recursos –234 millones 722 mil pesos–
y el aumento del costo original, que ya ronda los 186 mil millones de pesos,
frente a los 169 mil millones de pesos que era su valor inicial.
La investigación fue realizada por Julieta Lamberti y Talia
Rothstein, integrantes de la Organización No Gubernamental PODER, y con apoyo
de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y del Frente de Pueblos en
Defensa de la Tierra (FPDT).
PARSONS: POLÍTICOS MEXICANOS Y ODEBRECHT.
La empresa
privada de servicios de ingeniería y construcción Parsons Corporation,
mediante su subsidiaria Parsons International Ltd., obtuvo un contrato en 2014,
por 2 mil 361 millones de pesos para convertirse en Gerente Integrador del
proyecto del NAICM.
Parsons es la consultora principal para el NAICM, asociada
tanto con una firma local de consultoría (FOA Consultores) y una firma global
de ingeniería (CH2M HILL) para el contrato de seis años.
La empresa
se dedica principalmente a desarrollar proyectos en las áreas de defensa y
seguridad, industria e infraestructura.
El informe recuerda que
antes de que el gobierno mexicano le adjudicara de manera directa el contrato
del NAICM, Parsons contrató a un grupo de tres asesores “extremadamente
conectados a los altos rangos del gobierno federal y a las empresas que serán
beneficiadas directamente de la construcción del proyecto”: Alfredo Elías
Ayub, Aaron Dychter y Felipe Ochoa.
Alfredo Elías Ayub fue
el director general del organismo descentralizado Aeropuertos y Servicios
Auxiliares (ASA) cuando el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México- empresa
encargada del NAICM- se constituyó́ en 1998. Después de dirigir el ASA – entre
1996 y 1999-, encabezó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) -1999 a
2011-.
Aaron Dychter fue
subsecretario de transportación de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes (SCT) de 1994 a 2006 y después de décadas de experiencia como
director de grupos aeroportuarios, hoy dirige su propia empresa constructora ADHOC.
LA MANO DE DEL MAZO GONZÁLEZ
A este
grupo se sumaría a Alfredo del Mazo González a quien Parsons perfiló como asesor,
pero, “después de que éstos reportaran extensamente sobre el conflicto de
interés entre Parsons y funcionarios del gobierno mexicano, la empresa
comunicó que había decidido no contratarlo”.
Alfredo del
Mazo fue Gobernador del Estado de México, es tío de Enrique Peña Nieto, y es
padre del ex director del banco estatal para el desarrollo Banobras y actual
Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza.
Banobras
administra el Fondo Nacional de Infraestructuras, “de donde salieron los
recursos para pagar el contrato con Parsons”.
Alfredo del Mazo, Aaron Dychter y Felipe Ochoa participaron
en el Comité Honorario de Expertos que, con otro órgano, seleccionó la
propuesta arquitectónica de Foster Partners y Fernando Romero para el NAICM,
apunta el estudio.
Elías Ayub, recuerda, declinó participar en el comité para
supuestamente evitar algún conflicto de interés, ya que su hermano menor
está casado con la hermana de la esposa de Fernando Romero. Las esposas del hermano menor de Elías Ayub y de Fernando Romero son
hijas del magnate mexicano Carlos Slim Helú, quién se está́ beneficiando
directamente de multimillonarios contratos en el NAICM.
Después de que el proyecto de Foster+Partners y Fernando
Romero fuera seleccionado ganador, el gobierno, a través del ASA, le dio el
contrato de 2 mil 361 millones de pesos en adjudicación directa a Parsons. El
monto del contrato superaba lo permitido por la ley para asignarlo de manera
directa, pero el director general del GACM dijo que ésta se justificaba por
cuestiones de seguridad nacional, añade el texto.
Toronto Pearson International Airport ya ha tenido conflictos
durante sus trabajos en aeropuertos. Cuando participó en la expansión del
aeropuerto Miami-Dade en alianza con Odebrecht Construction Inc – entre 2001 y
2007 -. El abogado general del consorcio, Terrance McKinley fue funcionario en
el Gobierno de ese condado previamente.
“Después del conocimiento mundial que han adquirido las
investigaciones en EU sobre posibles casos de corrupción que vinculan a la
empresa Odebrecht, habrá que esperar para saber si este proyecto ha estado
vinculado con alguna de sus operaciones ilegales en ese país”, destaca el
informe.
En 1995, la subsidiaria Parsons Engineering Sciences, Inc.
pagó 3.2 millones de dólares a los EU para resolver un caso de 1993 en el que
se alegaba que la compañía había sobre facturado deliberadamente al gobierno
por dos contratos con la Fuerza Aérea, resalta la investigación.
En 1985, Parsons Corporation pasó de ser una compañía
pública que cotizaba en la bolsa de valores de New York a ser una empresa
totalmente controlada por sus trabajadores en una de las mayores adquisiciones
apalancadas de su tipo en la historia de los EU, según The Wall Street Journal
citado por el informe.
Los accionistas públicos recibieron 32 dólares por cada
acción, haciendo un total de 518 millones de dólares por la operación. “Ante
diversas demandas de empleados, el Departamento del Trabajo comenzó una
investigación sobre la operación para verificar si había beneficiado
injustamente a los ejecutivos de la empresa, dejado con deudas los fondos de
retiro futuros de los empleados y si los empleados habían tenido algo que
decir en la decisión sobre la transacción”.
Los autores señalan que la información presentada no es en
sí una prueba de corrupción de la empresa, “sin embargo permiten dibujar un
patrón que indica una amplia captura corporativa en los procesos en los que
Parsons ha ganado contratos con el gobierno. Surge la pregunta sobre la
práctica constante del gobierno de otorgar proyectos a Parsons, incluso cuando
muchos tienen problemas o no han sido concluidos. Esto implica la necesidad de
continuar investigando para hacer públicos estos patrones de puerta giratoria,
prácticas de cabildeo cuestionables y motivaciones políticas detrás de los
contratos”.
ROYAL HASKONING DHV: CORRUPCIÓN EN GUATEMALA
Netherlands
Airport Consultants B.V. (NACO) forma parte del consorcio, junto con Grupo
SACMAG y Tadco Constructora, que construirá las pistas, el rodaje y las
plataformas del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
En enero de 2015, la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes dio como ganador la propuesta presentada por el Consorcio conformado
por la empresa holandesa y las mexicanas a quienes asignó el contrato por mil
252 millones de pesos.
NACO es una empresa de Royal Haskoning DHV, una consultora
holandesa de gerencia de proyectos e ingeniería internacional con la que se
fusionó en julio de 2012. Ha trabajado en más de 600 aeropuertos en todo el
mundo, según la información de propia empresa.
La razón social de la empresa es Koninklijke HaskoningDHV
Groep B.V. Este grupo empresarial tiene dos accionistas Stichting HaskoningDHV
y Stichting Administratiekantoor HaskoningDHV
La stichting (fundación) es una entidad legal holandesa que
puede tener múltiples fines y objetivos, su atributo clave es que no tiene
propietarios legales, por lo que puede utilizarse para colocar dinero u otros
activos fuera del alcance de las autoridades, competidores o accionistas.
En la actualidad “las stichting se han convertido en una
herramienta para que las empresas multinacionales se pro- tejan ante una
variedad de males percibidos, desde adquisiciones hostiles e impuestos no
deseados hasta sanciones internacionales”, según un análisis hecho por los
periodistas de The Wall Street Journal, Shayndi Raice y Margot Patrick, citados
en el documento.
Los autores del estudio aclaran que, aunque no puede
afirmarse que las empresas utilicen esta figura para evadir impuestos u ocultar
a sus beneficiarios reales, “esta estructura legal a su disposición hace más
fácil la tarea de ocultar información y dificulta conocer quiénes son los
verdaderos beneficiarios de las ganancias de los proyectos”.
En 2004,
Royal Haskoning hizo negocios en Guatemala con Jurg Widmer Probst, un poderoso
empresario conocido como “El Rey de los Puertos”, quien presuntamente resultó
una pieza importante en la red de corrupción revelada en 2015 en aquel país y
que culminara con el arresto del presidente Otto Perez Molina y su vicepresidenta
Roxana Baldetti, a quienes supuestamente pagó sobornos millonarios a Otto Pérez
Molina por contratos.
Royal Haskoning dijo en mayo pasado que hizo el diseño básico
para una terminal de contenedores en 2009 y que no les fue pagado, aunque no
hicieron una denuncia penal, según reportó en medio Quote.
Jurg Widmer Probst incluso tenía acceso a Casa Presidencial
para cerrar los negocios, señala la prensa local.
El reporte de los grupos civiles resalta que la empresa
holandesa utiliza un servicio externo internacional para el envío de reportes
anónimos sobre corrupción o incumplimientos de los lineamientos de integridad
de sus representantes, y en 2015, el único año del que se tienen datos,
recibió 65 de esas denuncias, “que incluyen reportes de incumplimientos serios
y hasta acusaciones de intentos de sobornos y conflictos de interés”.
“Según la empresa, investigaron y tomaron las medidas
necesarias para resolver los conflictos. En dos ocasiones despidieron a los
empleados acusados de incumplir con los lineamientos de integridad de la
empresa y un caso más estaba en curso al momento que la empresa hacer su
reporte anual”, destaca el reporte de los grupos civiles.
Royal Haskoning se adhirió al pacto global de la ONU desde
2008 y a la guía para empresas multinacionales de la OCDE, “que la empresa
adhiera a estos compromisos globales, aunque sean principios voluntarios
resulta importante para futuras estrategias de incidencia ya que de
documentarse su involucramiento en un proyecto como el del NAICM que ha
incurrido en violaciones a derechos humanos graves podría representar
problemas para la compañía en cuanto a sus compromisos internacionales”.
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