La propuesta de un
Fondo Único de Reconstrucción Nacional que consolide a todos los que se han
abierto para atender los daños de los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados
ya está en el escritorio José Antonio Meade Kuribreña, titular de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, afirma el colectivo ciudadano Nosotrxs, que
también alerta del riesgo de que esos fondos terminen en manos de políticos
corruptos, justo ahora que inicia el proceso rumbo a las elecciones de 2018.
Luis
Fernández, director ejecutivo de Nosotrxs, explicó
que un primer paso para atender a los damnificados es identificarlos a
cabalidad, pero “lo grave es que todos los fondos se han creado a partir de
diagnósticos distintos”.
Esta
situación, alertó, podría abrir la
puerta a duplicar esfuerzos y beneficiar a un mismo sector de la población por
falta de un padrón ordenado, además de que los recursos que se entregan se
pueden “partidizar”.
“Las autoridades del país
–municipales, delegacionales, estatales y federales– tienen un incentivo
perverso por reportar más daños con la expectativa de recibir más recursos de
los fondos para los damnificados”, ejemplificó.
Esta semana,
Enrique Peña Nieto anunció que la reconstrucción costaría alrededor de 48 mil
millones de pesos, 10 mil millones más que el primer cálculo que dio a conocer
el 27 de septiembre pasado.
Sólo entre
los fondos nacionales destacan el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), Fondo
Nacional de Reconstrucción de Banobras, el Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social (FAIS) del ramo 33, Fondo de Operación y Financiamiento
Bancario a la Vivienda (FOVI). Aún no hay claridad de si bastaran para sufragar
los costos de los daños.
“Los fondos públicos tienen que hacer
entregas de informes trimestrales y eso te rompe la posibilidad de hacer un
seguimiento en tiempo real de la transparencia”, señaló Fernández, Maestro en
Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia
Económica (CIDE).
Basta un decreto del Gobierno federal
para dar vida al proyecto del Fondo Único, en el que un comité de ciudadanos
apartidistas y de connotado renombre participarían de la mano de representantes
públicos y privados. Pese a que la demanda de transparencia se hizo llegar a
las instancias federales, pero la respuesta a la solicitud ha quedado en
silencio.
En cambio, la propuesta ya fue respaldada por
funcionarios como Joel Salas Suárez, Comisionado del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI),
o Jacqueline Peschard, presiente del Comité de Participación Ciudadana del
Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Así como por integrantes de partidos
como Acción Nacional.
“Ya no confiamos en las instituciones. Y al decir que el costo es de 48
mil millones de pesos, es una información muy preliminar, sin toda la
información precisa de todos los daños. Yo quiero saber por colonia y cuál es
el monto para atender personas”, apuntó el director ejecutivo de Nosotrxs.
RECONSTRUCCIÓN
MÁS HUMANA.
La plataforma cívica #Epicentro,
compuesta por un conglomerado de organizaciones civiles, exige al Gobierno
abrir mecanismos de participación para que la ciudadanía pueda contribuir en la
reconstrucción. En un comunicado hecho público este lunes, las organizaciones
abogaron por una reconstrucción con perspectiva social.
“El dinero
es sólo un monto más si no se ve reflejado en estrategias claras que
instrumentalicen los derechos humanos, de género, de la niñez, de las
juventudes”, dijo Eduardo Alcalá, Coordinador de Planeación, Seguimiento y
Evaluación del Centro de Análisis Fundar.
La organización, dice, ha encontrado
poca claridad en el manejo de los recursos para atender las secuelas de los
sismos, “particularmente, en el Fonden. En su marco normativo se apela a
mecanismos de transparencia, no obstante, en la práctica no los hemos logrado
identificar”.
El pasado 3
de octubre, el Secretario de Hacienda Antonio Meade informó ante la Cámara de
Diputados que el Fonden tenía un saldo de 8 mil 443 millones 100 mil pesos, y
“también salió hace unos días la Secretaría de Educación Pública a decir que
tan solo para el sector educativo, se requerían aproximadamente 20 mil millones
de pesos, para darle salida a lo que ocurrió a partir del sismo”.
El Gobierno federal creó el sitio web
Fuerza México para informar sobre el manejo de los recursos destinados a la
reconstrucción y mitigación de los daños por el sismo, pero que, a decir del
coordinador de Fundar, “no brindó datos suficientes para tener certeza de que
se cuentan con los recursos suficientes para paliar la crisis”.
La posición
de los grupos civiles aglutinados en Epicentro es clara: “Lo que queremos es estar en tiempo real, involucrándonos en la toma de
decisiones, y en la exigencia de que se transparente la ejecución del gasto”, explicó
Alcalá.
La opacidad se replica en los estados
del país, donde hoy saltan a la vista la multiplicidad de fondos. Entre otros,
el Fondo de Desastres Naturales de la Ciudad de México, el Fideicosimo para la
reconstrucción de Morelos, el Fondo de Reconstrucción de Vivienda de Tlaxcala,
la contratación de deuda para la reconstrucción de Oaxaca y Chiapas o el seguro
catastrófico de Oaxaca.
Alcalá refirió que hay información de
que al menos 6 mil 800 millones de pesos han sido distribuidos en seis
entidades del país, donde se han entregado apoyos parciales inmediatos.
“¿Quisiéramos saber cuáles fueron los
procedimientos, y por qué no se publican, aun cuando en los marcos normativos
establece que tiene que publicar en la página de internet el listado de las
instalaciones dañadas, así como su referenciación, también tendría que estar
publicado el insumo de medicamentos? Esta información es importante para hacer un análisis y poner
en perspectiva cuánto tiempo nos va a llevar la reconstrucción. Eso ahorita no
lo sabemos”, cuestionó el coordinador.
El director
de la consultora Gestión Social y Cooperación (Gesoc) Alejandro González,
destacó que hay un peligro de que las
ayudas se canalicen a través de los programas sociales.
La organización en su índice de
Desempeño de Programas Sociales detalla una serie de ineficiencias de
transparencia y de ejecución en este tipo de programas.
De acuerdo
con las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los fondos de reconstrucción tienden
a ascender en años electorales, expuso el director, “de entrada eso ya es una
sospecha importante”.
En este
momento, la transparencia de las
donaciones de particulares y empresas se dificultad por la propia legislación
que no ha sido abierta por las autoridades del Gobierno.
“Te pongo un ejemplo, acaban de
anunciar fondos por 2 mil millones de pesos de fundaciones privadas como la de
Slim, y la pregunta es qué bases y procedimientos de coordinación de esos
fondos se van a regular. La respuesta es clara, no la hay”, explicó el director de Gesoc.
Por su parte,
Alcalá refirió que el Fideicomiso Fuerza México cuenta con uno de los pocos contratos públicos a detalle, pero no se
cuenta con claridad de la bolsa total de recursos en otras donaciones hechas
por el sector privado.
Asimismo, se suman las donaciones de Google,
Facebook con un millón de dólares cada uno. O las de artistas como Lady Gaga,
Thalía, Jennifer López, Salma Hayek, Maná y Gloria Trevi, que sumaron 7 mil
millones de dólares, de acuerdo con un recuento de Univisión.
“¿Cuántos recursos llegaron? ¿Y en
dónde quedaron los recursos que dieron otro tipo de empresas, que incluso se
depositaron a cuentas gubernamentales?”, cuestionó Alcalá, hasta ahora son incógnitas que el Gobierno
federal no resuelve.
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