La artimaña del PRI.

Si como se aseguraba anoche, la pretensión de dejar que transcurran los 10 días de plazo para que el cese del fiscal electoral no sea impugnado y la decisión del subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, encargado del despacho de la PGR, se cumpla, la reacción, ya no sólo de la oposición legislativa, sino de la opinión pública misma, es previsible.

Una treta de ese tamaño, cuando está en riesgo la legalidad y credibilidad ciudadana de un proceso electoral de las características del que habrá el año próximo, puede llevar al país a una situación que sería difícil de enfrentar, por las consecuencias que tendría a lo largo de los próximos meses.

Pretender, como lo propuso la bancada del PRI en la Junta de Coordinación Política, con el apoyo del PVEM, que el caso se votara en secreto, fue lo que encendió la mecha en la sesión de ayer que Cordero se vio obligado a levantar, ante el rechazo opositor y la ocupación de la parte baja de la tribuna.

Éstos insisten en que la votación sea abierta y vista en el tablero electrónico para que no haya secrecía alguna de la forma en que las bancadas del tricolor y el verde, que suman 62 senadores, logren conseguir los tres sufragios, con lo que alcanzarían la mayoría simple que se requiere para definir el resultado para ratificar el cese del fiscal electoral.

Ante el enfrentamiento al que llegaron las bancadas de los partidos políticos representados en la sede del Paseo de la Reforma y a menos que entre anoche y esta mañana se lograran poner de acuerdo sobre la forma en resolver el escándalo surgido desde la sorpresiva destitución del titular de la FEPADE, no se advierte una salida viable antes de los 10 días de plazo que se vencen el próximo domingo para que aquella sea impugnada.