Las constructoras y desarrolladoras
de infraestructura, como Grupo Higa, Obrascón Huarte Lain (OHL), y a las que se
les demuestre que incurrieron en una irregularidad en la construcción de los
edificios que colapsaron, o que quedaron dañados, tras el sismo de 7.1 grados
del 19 de septiembre, deben quedar fuera del proceso de reconstrucción y por
supuesto, de los recursos de los fondos para desastres y donaciones,
coincidieron legisladores de oposición y sociedad civil.
Tanto en la
Ciudad de México como en el resto de los estados que padecen ahora los estragos
del movimiento telúrico, las
desarrolladoras que tienen un historial de opacidad y corrupción, como el caso
de OHL, deben quedar fuera; mientras que el resto deben demostrar que los
edificios que construyeron no se cayeron por culpa de una mala construcción.
“Esas constructoras (Grupo Higa y
OHL) son responsables de corrupción extrema en nuestro país. Si se diera una
participación de ellas en la reconstrucción de la ciudad, debemos impedirlo, no
deben participar. Sobre las que son responsables de edificios
que se cayeron, hay que ponerlas ante la Ley. Hay un montón de supuestas fallas
que tienen que ver con la baja calidad de los materiales, la debilidad de la
construcción”, dijo Virgilio Dante Caballero Pedraza, vicecoordinador del
grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y
miembro de la Comisión de la Ciudad de México en la Cámara de Diputados.
Caballero
Pedraza agregó que la Comisión de la
Ciudad de México debe reunirse lo antes posible para revisar el tema del
temblor, pues a casi dos semanas del sismo, los diputados miembros no han
discutido nada sobre lo sucedido el 19 de septiembre.
“Es como si la Ciudad de México no
existiera. No se ha reunido la comisión por falta de convocatoria, esto es
gravísimo”, dijo.
La Diputada
federal del Partido Acción Nacional (PAN) por Morelos y miembro de la Comisión
de Transparencia y Anticorrupción Margarita Alemán Olvera agregó que entre Las constructoras que no deben
participar en la reconstrucción, está Epccor la que construyó el Paso Express
de la autopista México-Cuernavaca en donde se generó un socavón que costó la
vida de dos personas.
“Las constructoras que están en la
lupa, en Morelos por ejemplo la del socavón, no debería participar, ni todas
aquellas cuestionadas”, argumentó.
La
legisladora propuso que “cada peso que
se utilice en la reconstrucción” debe ser transparentado; ya sea recurso
federal o estatal.
“Primero debe transparentarse cuánto
dinero vamos a utilizar a la reconstrucción. También necesitamos conocer un
censo de todas las viviendas y edificios públicos afectados, de todo lo que se
cayó o se lastimó. En el caso de Morelos, yo diría que son las empresas
pequeñas y medianas las que deberían entrar para la reconstrucción”, explicó.
SE NECESITAN
CERTEZA Y SANCIONES: ARTÍCULO 19
Ana Cristina
Ruelas, directora de la organización Artículo 19, la cual forma parte del
movimiento #VERIFICADO19S, opinó que lo
más importante es determinar la responsabilidad de las constructoras y aplicar
sanciones a las que violaron la Ley.
“En casos de empresas como OHL e
HIGA, definitivamente en este proceso se tiene que reconocer que existiera un
conflicto de interés del Gobierno para contratar estas empresas; se tiene que
garantizar la mayor certeza por parte del Gobierno para que la ciudadanía sepa
que no se están dando beneficios por corrupción otra vez para la reconstrucción
del país, porque entonces vamos a volver al círculo vicioso y el círculo de
nunca acabar”, dijo.
Ruelas
añadió que dentro del proceso de reconstrucción el Gobierno debe informar a la población qué hará con las empresas que
incumplieron con los reglamentos de construcción y con los funcionarios
públicos que, coludidos hicieron posible que varios edificios colapsaran.
“Necesitamos ver que se sancionen a
los funcionarios públicos que le dieron palomita verde a todas estas
constructoras que terminaron haciendo un trabajo alimentado por la corrupción.
Las constructoras tendrán que justificar que los hechos que ocurrieron no estén
relacionados con el trabajo que ellos realizaron”, agregó.
La directora de Artículo 19 consideró
que es importante que los ciudadanos conozcan el plan de reconstrucción del
Gobierno federal, no sólo en la Ciudad de México, sino en todos los estados
afectados.
Un plan que
incluya los pasos a seguir, los protocolos que se seguirán en coordinación con
las entidades y cómo se garantizará que las desarrolladoras cumplan con los
reglamentos de construcción.
“Cuáles son
los mecanismos de control que se tendrán que hacer para verificar que las
constructoras cumplan con los estándares debidos, para que no vuelva a suceder
lo que sucedió. Previo a la definición de cuáles serás las empresas
beneficiadas con los contratos de reconstrucción, es importante que los
ciudadanos sepamos que el Gobierno tiene un plan que dará certeza que las cosas
que sucedieron el 19 de septiembre no van a volver a pasar”, dijo.
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