¿Qué esperan para sacar la lana de la reconstrucción?

Sanjuana Martínez.

De manera desvergonzada el gobierno sigue pidiendo donativos. “Es para estimular la generosidad de los ciudadanos”, dicen. Pero ya estuvo bueno. Ahora toca al gobierno disponer del dinero dentro del presupuesto destinado a los desastres naturales y también de los importantes donativos que hemos recibido.

Dos cosas necesitamos analizar: por un lado, las listas con nombres y apellidos del Cártel Inmobiliario y después los mecanismos necesarios para lograr el uso honesto de los recursos destinados a los damnificados.

¿A cuántas personas mató el cártel inmobiliario en el sismo del 19 de septiembre? La corrupción mata. Y las cifras que nos ha dejado el temblor nos revelan un sistema anquilosado de constructoras e inmobiliarias enriqueciéndose a costa de la vida de miles de ciudadanos.

Los 361 muertos no son la consecuencia de un fenómeno natural, el mayor responsable no fue solo el sismo, también son responsables las autoridades que aceptaron corromperse y ceder a la voracidad de la mafia de los llamados desarrolladores de la construcción, auténticos buitres del cemento y la tablaroca.

Autoridades-constructores-inmobiliarias, son la santísima trinidad de la corrupción y la mafia instalada en la Ciudad de México y otros estados de la República.

El sismo nos dejó 50 mil inmuebles con pérdida total, la mayoría de estos no cumplían las normas sísmicas de construcción y algunos ni siquiera las normas básicas de edificación.

A las 50 mil propiedades derrumbadas hay que sumarle las 140 mil edificaciones afectadas que ya no podrán ser habitadas. Algunas autoridades pretenden que las familias regresen a vivir a estos inmuebles dañados, algo que incrementaría el nivel de riesgo.

Pero la corrupción es esto. Protección Civil asegurando que el edificio está en perfectas condiciones para ser habitado, cuando saben que no es así, pero gracias a la corrupción los constructores y dueños de los inmuebles consiguen solucionar su problema.

La corrupción está presente cuando el constructor o desarrollador construye un edificio en base a unos planos distintos a los que fueron autorizados por el gobierno en turno.

También está presente cuando los empresarios de la construcción prefieren sobornar a las autoridades para ahorrarse dinero en los materiales de construcción y en lugar de utilizar varilla ancha para la estructura de acero del inmueble, deciden hacerlo con varilla delgada; en lugar de muros de contención deciden hacer muros de tablaroca.

Los escombros dejaron al descubierto el desprecio a la vida que tienen las constructoras y las autoridades corruptas. Desvelaron la ínfima calidad de los materiales de construcción. Exhibieron las trampas, las tranzas, los crímenes. Porque el Cártel Inmobiliario mata igual o más que cualquier otro cártel de las drogas.

Miguel Ángel Mancera y también el gobierno de Enrique Peña Nieto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, están obligados a hacer justicia a los afectados por el sismo. Se requieren denuncias, juicios y castigos ejemplares a los depredadores inmobiliarios.

Después de esto, pasaremos a la etapa de la reconstrucción. Urge un consejo ciudadano para el maneja de los donativos. El gobierno de Enrique Peña Nieto no ha hecho las cuentas. Seguimos esperando que nos digan a cuánto ascienden las donaciones que aportaron el sector corporativo, los mexicanos en el exterior, las instituciones y los gobiernos extranjeros y las estrellas y deportistas.

Peña Nieto y su gabinete no ofrece transparencia en estas cuentas, pero la sociedad civil lleva contabilizados un billón 85 millones seiscientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos. Los donadores como Facebook, Google, Unicef, China, el Vaticano, Rusia e incluso el Banco Interamericano de Desarrollo, están esperando la prueba fidedigna del buen rumbo que ha tomado su dinero.

Queremos ver que todo este dinero llegue directamente a los damnificados por el terremoto. Si hay entre 80 y 100 mil familias afectadas, es obvio que sólo en donativos se puede solventar sus problemas con la entrega de una cantidad razonable para comprarse una propiedad.

Tal y como sucedió en el sismo de 1985 cuando un comité ciudadano integrado por organizaciones sociales se encargó de velar por el buen destino de los recursos, así ahora necesitamos establecer una estructura ciudadana para la administración de las donaciones y también del presupuesto del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) que asciende a 9000 millones de pesos, cantidad que puede aumentar gracias a un bono catastrófico emitido por el Banco Mundial por más de 6000 millones de pesos.

La desconfianza de los ciudadanos contra el gobierno es legítima. El gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido uno de los más corruptos de la reciente historia. Los gobernadores de todos los partidos han robado a manos llenas sin apenas consecuencias judiciales.

Un billón de pesos en donativos en manos de funcionarios corruptos es igual a poner a un grupo de vampiros en un banco de sangre dedicado a la donación altruista.

Está en su naturaleza. Así son nuestros funcionarios y políticos. Nos han demostrado que el concepto de decencia no lo conoce, que son incapaces de respetar el dolor y la necesidad de los afectados por el sismo. Si ellos mismos se corrompieron para permitir construir edificios en mal estado, con más razón serán capaces de robar dinero destinado a los damnificados.

¿Llegará finalmente ese dinero a las manos que lo necesitan? La sociedad civil debe exigir transparencia en el uso de estos recursos. Los lineamientos del Fonden son muy claros: el dinero debe utilizarse para resolver las necesidades de damnificados, la reconstrucción o bien construcción de viviendas y la reparación de todos los daños en la ciudad y en los monumentos históricos.

Insisto. La corrupción mata. Quienes murieron en el sismo deberían estar vivos. Quienes perdieron sus casas, deberían seguir en ellas. Quienes sufrieron derrumbes, deberían tener seguridad. Quienes se quedaron sin nada, merecen una respuesta pronta, expedita y contundente del gobierno. Es su obligación.

Se lo deben a las víctimas del temblor. ¡Saquen ya el dinero! El tiempo apremia. Y las necesidades son muchas. Los damnificados están desesperados