Sin freno, el colapso financiero y la violencia en Veracruz.

Han pasado 365 días desde aquella huida de Duarte anunciada en Televisión, y hoy varios ex colaboradores de Duarte se encuentran en prisión, entre ellos el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, cuyas propiedades fueron cateadas el pasado martes 10, y el extesorero Mauricio Audirac Murillo, detenido en Puebla cuando pretendía comprar un auto de lujo.

También el exsecretario de Obras Públicas, Francisco Valencia, quien se convirtió en un boyante empresario restaurantero mientras tenía el cargo, y la exjefa de prensa Georgina Dominguez Colio, que de ser directora de un modesto periódico local en Veracruz (Diario AZ) se convirtió en empresaria de medios de comunicación e inversionista en hoteles-boutique ubicados en el pueblo mágico de Xico.

Trato diferente recibieron el exgobernador interino, Flavino Ríos Alvarado, y la exdirectora de Espacios Educativos de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Xóchitl Tress Rodríguez, acusados de peculado y enriquecimiento ilícito, pero con ligas en el nuevo gobierno del panista-perredista Miguel Ángel Yunes Linares. Ambos tuvieron una estancia breve en la cárcel de Pacho Viejo y hoy gozan de completa libertad.

Aunque un slogan de la nueva administración gubernamental difundido en redes sociales reza: “Justicia, no venganza”, en Veracruz el colapso financiero y los niveles recrudecidos de inseguridad continúan igual que en el sexenio de Duarte, preso en el reclusorio Norte.

El gobierno anterior lleva en las espaldas el asesinato de 19 periodistas, 3 mil 600 personas desaparecidas, más de 7 mil homicidios y una deuda pública superior a los 40 mil millones de pesos, más una asfixia financiera en todos los organismos autónomos como la Universidad Veracruzana, el Instituto de Pensiones del Estado, el Poder Judicial del Estado y la Fiscalía General del estado (FGE).

El nuevo gobierno, con Miguel Ángel Yunes al frente, acumula ya el asesinato de dos periodistas, mil 596 homicidios, 119 secuestros, 182 violaciones y el robo con violencia de mil 918 vehículos, en un periodo comprendido entre diciembre de 2016 y agosto de 2017. Y, peor aún, la Universidad Veracruzana se sigue quejando de un adeudo de casi dos mil 400 millones de pesos, mientras que empresas reclaman el pago de un “pasivo circulante” cercano a los 12 mil millones de pesos.

Además, la deuda pública ya ronda los 50 mil millones de pesos, aguardando a que las entidades bancarias –temerosas de una mala calificación crediticia de Veracruz– presenten propuestas para su reestructuración.

Cuando Duarte escapó para esconderse entre volcanes, en un pueblo guatemalteco donde pulula la pobreza, la entidad que gobernó sufría ya una crisis financiera. Las arcas de las 13 secretarías de despacho estaban colapsadas, mientras un padrón de proveedores acampaba en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) a la espera de cobrar. A la fecha no lo han podido hacer.

Pero varios de los colaboradores de Duarte continúan en libertad, y en algunos casos bajo la sospecha de que negociaron su impunidad con el gobierno de Yunes.

Según la carpeta de investigación 1135/2016 de la FGE, a la que este semanario tuvo acceso, a Edgar Spinoso, actual diputado federal del PVEM y ex oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, le aparece la escritura pública 27950 inscrita en la Notaría 11, que da cuenta de una propiedad en Torre de la Palmera (oficinas 1003 y 1005), en Boca del Río, con un valor de 8 millones de pesos.

También es dueño de las oficinas 203 y 1212 en Torre Ánimas, en Xalapa, valuadas en 7 millones de pesos y registradas en la Notaría número 15, así como de dos departamentos en Houston, Texas, a nombre de su esposa. Éstos tienen un valor global de 2 millones 140 mil dólares. HOY EN DÍA SPINOSO NO HA SIDO TOCADO POR LOS GOBIERNOS FEDERAL O LOCAL.

A Vicente Benítez –actual diputado local de Nueva Alianza–, despedido de la Tesorería de Veracruz cuando la Policía Federal le encontró 25 millones de pesos en el aeropuerto de Toluca, Yunes Linares le atribuyó en la misma querella propiedades en Costa Rica, así como hoteles y terrenos. La PGR abrió una investigación, pero Benítez tuvo acuerdos con la bancada local del PAN y las diligencias en su contra quedaron entrampadas.

En la misma carpeta de investigación de la FGE, el gobernador Miguel Ángel Yunes –quien aparece como denunciante, cuando fungía como legislador federal– señala a varios supuestos prestanombres de Duarte: José Juan Janeiro Rodríguez, de Controladora Prado Norte, con domicilio en Lomas de Chapultepec; Inmobiliaria Cartujano, donde aparecen los nombres de Moisés Mansur Cysneros y José Antonio Bandin Ruiz; Boydar S. de R.L., de José Juan Janeiro Rodríguez, y Valkany S. de R.L., de Janeiro Rodríguez y Bandin Ruiz.

Varios de ellos ya colaboran con la PGR para rastrear el dinero y las propiedades del mandatario veracruzano y las cesiones que se hicieron a sus familiares.

A la cuñada de Duarte y a su suegra, Mónica Guihan Macías Tubilla y María Virginia Yazmín Tubilla Letayf, respectivamente, la PGR las investiga por sus propiedades en Woodlands, Texas.

En las querellas de la PGR y la FGE, a Duarte también se le siguen diligencias por propiedades reportadas en Estados Unidos (las ya citadas de Woodlands, Texas), así como en las ciudades españolas de Madrid y Bilbao, y por sus departamentos en la Torre Publex, Torre Levant y Torre Pelícano, de Boca del Río.

Los suegros de Duarte, Antonio Macías Yazegey y su esposa, optaron por irse a vivir a un rancho en el vecino estado de Chiapas, no sin antes tramitar amparos (1167/2016 y 1168/2016) para evitar ser detenidos.

La prima de Karime Macías, Corsica Ramírez Tubilla, responsable de coordinar las redes sociales de Duarte, hizo fortuna con los contratos en la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014. Hoy administra su propia productora musical.

Los exfuncionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Salvador Manzur Díaz –exdelegado federal del Banco Nacional de Obras–; Gabriel Deantes Ramos, exsecretario del Trabajo y Previsión Social; Carlos Aguirre Morales, ex subsecretario de Egresos, prófugo de la justicia, y Tomas Ruiz González, extitular de la Sefiplan, también tramitaron amparos contra cualquier privación de la libertad.

Mientras tanto, Javier Duarte continúa con prisión preventiva de un año, a la espera de que inicie su juicio, ya alejado de los reflectores.