Una reconstrucción muy rara.

Salvador Camarena.

En la avenida Ámsterdam de la Condesa el 19 de septiembre se cayó un edificio de nueve niveles. La noticia de lo ocurrido en ese inmueble, que se ubicaba en esquina con la calle Laredo, fue una de las ominosas señales de que este sismo era el más grave de cuantos habían sacudido a la capital desde 1985. Sólo en ese domicilio murieron seis personas.

De lo que fue esa mole hoy quedan algunos escombros y letreros que piden –por respeto a los fallecidos– no tomar fotografías. Y quedan también, se puede decir, preguntas sobre lo que pasará con la reconstrucción.

Preguntas que de alguna manera deberían ser respondidas por la iniciativa que para normar la reconstrucción de la Ciudad de México envió Miguel Ángel Mancera a la Asamblea Legislativa. Sin embargo, ese proyecto de ley ha suscitado, a su vez, dudas sobre si el jefe de Gobierno (es un decir) no está entregando, sin más, a intereses inmobiliarios la reconstrucción. Esto último se puede ilustrar con el edificio de Ámsterdam y Laredo.

El artículo dos de la iniciativa de Mancera establece que “en caso de que el inmueble derrumbado o demolido tuviera potencial constructivo, niveles edificados y/o número de viviendas superiores a los permitidos en el Programa de Desarrollo Urbana aplicable vigente, estos se reconocerán como derechos adquiridos para el desarrollo del proyecto para obra de reconstrucción. Esto también comprende la zonificación y superficie edificada existentes antes del sismo”.

Para la zona donde se ubican Ámsterdam y Laredo, el Plan Parcial de Desarrollo Urbano (PPDU) establece que la altura máxima es de seis niveles, lo que daría un total de máximo 15 viviendas. En realidad, el edificio se componía de nueve niveles y 21 viviendas, mismos que ahora la iniciativa de ley plantea reconocer como derechos adquiridos.

La preocupación entre líderes vecinales y especialistas es que sin investigación o diagnóstico que aclare cómo un edificio derrumbado o dañado llegó a estar por encima de la norma, se podría dar el caso de legalizar prácticas indebidas de construcción que en algunos casos (el colegio Rébsamen, por ejemplo) habrían incluso incidido en el derrumbe.

la duda es por qué dar carta de legalidad a cosas que no sabemos cómo llegaron a estar por encima de la norma, por un lado. Pero, por otro lado, la iniciativa además propone (artículo 10) que se considerará “un aumento de hasta el 35 por ciento respecto del Coeficiente de Utilización del Suelo, Niveles Máximos de Edificación y Viviendas Máximas Construibles permitidos por el Programa” de desarrollo urbano que aplique.

Es decir, en Ámsterdam y Laredo tendrían permiso para pasar de los nueve niveles que se le reconocerán por derechos adquiridos, a 12 niveles, el doble de lo que dice el plan parcial de desarrollo urbano.

El tema no es si son pocos o muchos niveles (los edificios donde más muertos hubo no necesariamente eran tan elevados). El tema es cómo está planteando Mancera la reconstrucción de la Ciudad de México.

Decir, como dice la iniciativa, que con las viviendas extras que se construirían al tener permiso de ir 35 por ciento más allá de la norma se va a poder financiar el edificio no es sólo simplista, sino prueba que Mancera no ha comprendido que la reconstrucción era una oportunidad para plantear un proyecto urbano, no un negocio inmobiliario.

Esta es una reconstrucción muy rara. Sin reuniones entre el jefe de Gobierno, los delegados y los asambleístas. Sin diálogo, sin debate, sin participación ciudadana. Sin comisionado (lleva dos semanas de decretada esa figura y no hay nombramiento), sin plataforma de información. Sin datos abiertos y con demasiadas dudas.