La recomendación 6VG/2017, de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a diversas autoridades de
Veracruz, por desaparición forzada, denuncia que policías municipales de
Papantla, al mando del Alcalde perredista Marcos Romero Sánchez, empleaban
patrullas y uniformes de esa corporación para prestarlas a Los Zetas, y que cometieran
delitos contra la población civil.
El documento
indica que un miembro de los Zetas que
operaba en Papantla participó en un operativo de la policía municipal para
detener y posteriormente desaparecer a tres jóvenes, el 19 de marzo del 2016, y
por lo cual hay ocho municipales encarcelados.
Los chicos desaparecidos son Uriel
Pérez Cruz, Luis Alberto Morales Santiago, y Jesús Alán Ticante. Desde ese día
no se sabe anda de ellos, aunque la evidencia recabada por la CNDH indica que
los oficiales los detuvieron para entregarlos a Los Zetas, y éstos les dieron
muerte y “cocinaron”.
El día de
los hechos, se supo que dos de esos
chicos habían cometido un delito, tripular un coche con reporte de robo,
consigna la CNDH, y lejos de detenerlos y presentarlos ante la Fiscalía, los
oficiales se los entregaron a la delincuencia.
Tampoco elaboraron un parte oficial
para consignar la detención. Ellos nunca llegaron a los separos, apenas les
apresaron, los pasaron a las manos de la mafia.
Los trasladaron a un sitio conocido
como rancho La Isla, a las afueras de Papantla, donde les dieron muerte y
disolvieron sus cuerpos con químicos y combustible. Las autoridades dieron con
esos restos, y les realizaron pruebas de ADN cuyos resultados no han sido dados
a conocer; sin embargo, el tono de la recomendación sugiere que los jóvenes
tuvieron un destino fatal.
El tercer chico detenido y sin delito
aparente, fue asegurado porque con su celular captó el momento en que los
municipales y los delincuentes sometían a los dos primeros, con exceso de
fuerza, a la luz del día.
Uriel Pérez
Cruz, Luis Alberto Morales Santiago, y Jesús Alán Ticante (V1, V2 y V3) fueron
desaparecidos por elementos de la municipal días después del caso que atrajo
los reflectores del mundo hacia Veracruz, el de cinco jóvenes de Playa Vicente
que habían desaparecido después de una revisión de rutina por elementos de la
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, comandados por el delegado
Marcos Conde, quien ahora está preso en Cosamaloapan y seis de sus subordinados
implicados también en el caso.
Por esos tres chicos de Papantla, hay
ocho ex elementos de la municipal presos, a quienes la CNDH denunciará en
próximas fechas ante la Procuraduría General #101;de la República (PGR) por
delincuencia organizada, anuncia en la recomendación.
LO DEJARON
IR.
Sin embargo, en el documento se evidencia que, pese a
que hay ex servidores públicos detenidos, se comprueba que las autoridades
también tuvieron detenido al perpetrador, del cártel de Los Zetas, y lo dejaron
ir pese a que fue apresado en comisión de delitos contra la salud y avisados de
que había una carpeta de investigación en la cual era requerido por haber
participado en la desaparición forzada de Uriel Pérez Cruz, Luis Alberto
Morales Santiago, y Jesús Alán Ticante.
Cruzando
datos, y con referencias de informaciones oficiales del gobierno de Veracruz,
se pudo establecer que ese civil involucrado, miembro de la mafia, perdió la
vida el 9 de abril durante un enfrentamiento con policías, en El Chote, en el
norte del estado.
En ese
enfrentamiento fue abatido “Sabás Velázquez Francisco, quien también utilizaba
los nombres de Francisco Zavaleta y/o Francisco Zavaleta Abad, mejor conocido
con el alias de “Paco el Lavador”, uno de los principales líderes de la
delincuencia que operaba en la zona de Papantla, Poza Rica, Álamo, Cerro Azul y
Naranjos”, cita un comunicado del Grupo de Coordinación Veracruz del 10 de
abril de 2017.
Pago “El
Lavador” iba acompañado de otro presunto delincuente. Uno de los dos está
ligado directamente al caso de los tres jóvenes, y es registrado en la
recomendación con el alias PR2, para proteger su identidad.
La CNDH
consigna que, durante el desarrollo de las investigaciones, PR2 se comunicó con
la madre de uno de los desaparecidos, vía mensajes de Whatsapp, y le amenazó de
muerte y “le reveló haber privado de la vida a las víctimas”. Ello consta en
mensajes telefónicos consignados en las investigaciones tanto de la Fiscalía
general como de la PGR.
En el
expediente igual consta el oficio 705/2016, de la SSP, en el cual expone que se
detuvo el 12 de julio del 2016 a PR2 en posesión de drogas y armas de uso
exclusivo de las fuerzas armadas, y por el cual fue consignado ante el Ministerio
Público de la Federación de Poza Rica, que ejerció acción penal, pero
posteriormente lo liberaron.
Esto ocurrió
aun cuando la Fiscalía general regional con sede en Tuxpan, notificó, el 13 de
julio de 2016, a las autoridades federales que tenían en su poder a PR2 que
éste se “encontraba sujeto a investigación en las Carpetas de Investigación 1 y
3, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de
desaparición forzada”.
ZETAS
UNIFORMADOS
PR2 es identificado por diversos
testigos de la detención del joven como la persona que iba uniformada el día
del operativo, y la investigación de la CNDH reitera que era miembro de Los
Zetas que estaba siendo trasladado en patrullas oficiales y portando uniforme
de la municipal de Papantla.
“No pasó desapercibido para este
Organismo Nacional, que en la detención de las víctimas participó además PR2,
persona que, de acuerdo con las constancias ministeriales, así como diversas
testimoniales pertenecía al Cártel “Los Zetas”, quien arribó al lugar de los
hechos a bordo de la patrulla 060, vistiendo un uniforme de la Policía
Preventiva Municipal, tal como lo refirieron los siguientes testigos:
“[…] quiero manifestar que cuando se
bajaron los policías que iban en la patrulla 084, me di cuenta que de la
patrulla 060 también se bajó un joven al que conozco, […] aunque no sé si ahora
sea policía, lo cierto es que lo vi con uniforme de policía de color azul de la
municipal y esa persona es la que conozco con el nombre de [PR2], quien iba
acompañado de otros policías, […] ese día diecinueve de marzo del año 2016 […]
él iba en la patrulla 060 […]”.
“[…] en eso llega otra patrulla de la
Policía Municipal con el número 060 y de esta patrulla número 60 vi que se bajó
un chavo a quien conozco con el nombre de [PR2] […] y lo que me causó rareza es
que dicho sujeto [PR2] iba vestido como policía municipal y andaba con los de
la patrulla 060 de la policía municipal […] yo no sé si entró a trabajar a la
policía municipal o no, pero ese día diecinueve de marzo del año 2016 sí andaba
vestido de policía y en la patrulla ya mencionada […]”.
Otro
testimonio clave, es el de MV, menor de
edad, identificado como halcón de la organización delictiva citada, quien tras
haber sido detenido por delitos contra la salud, colabora con las autoridades
en el caso de los tres desaparecidos, aportando “trabajaba como “halcón” para
PR1 y PR4; detalló las circunstancias en las que fue detenido por policías
estatales y que sus compañeros le comentaron que PR1 y PR4 habían “cocinado a
[V1, V2 y V3] en la loma del Rancho La isla, y que ahí cocinan a la gente que secuestran
y también guardan los carros que se roban”.
Sigue:
“[…] que
vine a vivir aquí hace un mes para trabajar con unos camaradas que andan de
malandros, […] no sé sus nombres de ellos, sólo que le dicen [PR2] y a otro
[PR4] […] escuché que otros chavos de la organización comentaron que los tres
chavos desaparecidos, […] ellos, o sea, [PR4] y [PR2], los habían cocinado en
la loma del rancho La Isla […] escuché que comentaron [PR4] y [PR2] que los
muchachos que desaparecieron se los habían levantado la policía municipal de
esta ciudad […]”.
50
DESAPARICIONES FORZADAS
En la recomendación se ordena que el
alcalde Marcos Romero Sánchez pague los daños causados a las familias por la
pérdida de los chicos, es decir, que los indemnice. Además, debe ofrecer una
disculpa pública por los actos cometidos por su personal. También se ordena al
gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares asumir más acciones contra los delitos
de desaparición forzada, más cursos de derechos humanos a los policías y
presentar evidencias de que se realicen dichas acciones.
Al Fiscal General, Jorge Wínckler,
que se subsanen las deficiencias en las carpetas de investigación del caso, y
que se castigue a los fiscales responsables de haber hecho un mal trabajo,
además, de haber privado de la libertad, durante varios meses, a un menor de
edad que estaba implicado en el caso, y que indebidamente pasó tiempo recluido
en una comandancia de la ministerial.
En el documento también se indica la
existencia, en la Fiscalía General de Veracruz, de “50 expedientes
ministeriales iniciados por la comisión del delito de desaparición forzada de
personas, cuyos hechos acontecieron de manera indistinta en 28 municipios de
aquella entidad federativa. Asimismo, de la respuesta brindada se pudo observar, que de las
indagatorias radicadas 43 continúan en trámite, cinco fueron reservadas y en
dos se decretó el no ejercicio de la acción penal” ello entre 2014 y el 26 de
febrero del 2016.
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