Un juez federal admitió la demanda de
amparo indirecto entablada por Arturo Rodríguez Azueta en contra de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo) del Congreso mexiquense, por su negativa a
atender una solicitud de denuncia penal y juicio político en contra del
exgobernador Eruviel Ávila, quien evadió el pago de un inmueble empleado para
la construcción del Libramiento Sur Metepec.
La
determinación de admitir a trámite la demanda fue tomada el 11 de octubre pasado por el Juzgado Primero de Distrito
en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México “en contra de
actos de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo del Estado de
México, por conducto del diputado presidente Cruz Juvenal Roa Sánchez”.
El
denunciante recordó que, tras 140 meses
de morosidad, el ahora presidente del PRI en la capital del país permitió que
se incrementara en 350% la deuda del gobierno mexiquense por la compraventa de
un terreno de su propiedad en 2006, con lo que además generó un daño severo a
la hacienda pública municipal.
Ávila
Villegas, expuso, omitió dar
cumplimiento a la ejecutoria de amparo directo 394/2006 en la que se establecen
términos, precio y pena convencional por la afectación o compraventa del
inmueble.
Por medio de
dos escritos distintos, apenas el 16 de junio y el 3 de julio pasados, solicitó
al entonces mandatario estatal incluir en su memoria sexenal el caso, “en
virtud de la falta de cumplimiento a su obligación de representar al Estado de
México como parte demandada”, según lo dispone la fracción XLIV del artículo 77
de la Constitución local.
En este
carácter, detalló el quejoso, Eruviel
Ávila negó a contestar la demanda, no asistió a audiencia de conciliación ni
presentó pruebas, con lo que encubrió las violaciones que le fueron heredadas
por su antecesor Enrique Peña Nieto.
Por estas
razones, el pasado 8 de septiembre Rodríguez
Azueta solicitó a la Jucopo del Congreso local proceder “ante autoridad
competente en materia penal al tener conocimiento de los hechos posiblemente
constitutivos de delito y, en su caso, promover juicio político y emitir
declaratoria de procedencia” contra Ávila Villegas.
Además, pidió a los diputados copia certificada del
sexto informe, de la memoria sexenal y de la Cuenta Pública para verificar las
condiciones en que se reporta su caso, solicitud que tampoco fue atendida.
En el oficio
materia del amparo, el demandante
plantea que el 1 de febrero de 2006 suscribió un contrato de compraventa de
inmueble con el gobierno del Estado de México, cuyos términos de objeto, precio
y pena convencional fueron ratificados en la ejecutoria del amparo directo
394/2006 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo
Circuito que causó estado el 17 de mayo de 2007.
El contrato, puntualizó, fue
celebrado para subsanar la afectación de su terreno (que tenía como propósito
personal atender requerimientos de su vejez y no se encontraba considerado en
los planes originales de la administración para edificar la obra) consumada por
Gerardo Ruiz Esparza como responsable de la Secretaría de Comunicaciones
estatal para la construcción del Libramiento Sur Metepec.
La intención, refirió, era que el
entonces gobernador Enrique Peña ofreciera notarialmente la obra como
compromiso cumplido el 14 de febrero de 2006 para obtener un beneficio político
personal.
Para requerir el pago, de entonces a
la fecha el afectado ha entablado más de 900 acciones jurisdiccionales –entre
juicios, recursos y amparos— a lo largo de 11 años.
Apenas el 27
de abril pasado presentó la demanda de juicio ordinario civil 326/2017 ante el
Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito de Toluca “en contra de la persona jurídico-colectiva
gobierno del Estado de México por incumplimiento de pago”.
Mientras
tanto, derivado de la admisión de la demanda de amparo, el juez solicitó a la
Jucopo informe justificado que debió remitir en un plazo de ocho días
posteriores a la notificación, acompañado por las constancias correspondientes,
razonamiento y fundamentación de los alegatos que a su derecho convengan. El juzgado fijó el 10 de noviembre como
fecha para la próxima audiencia.
Arturo Rodríguez Azueta aprovechó
para responsabilizar a Peña Nieto y a Ávila Villegas de cualquier daño a su
integridad física y patrimonial y la de su familia, producto de la lucha
jurídica para garantizar el pago de su inmueble.
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