El lavado de dinero en México es una
actividad criminal en ebullición. En tres años el número de personas
sospechosas de hacer operaciones ilícitas detectadas por la Unidad de
Inteligencia Financiera de Hacienda se ha triplicado. Tan solo en 2016 se
interpusieron más de 100 denuncias ante la PGR por estos casos, aunque menos
del 5% de ellas fue resuelta al cierre de ese año.
Dos análisis
de desempeño realizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
respecto al combate de delitos financieros en México, y específicamente las
operaciones con recursos de procedencia ilícita, arrojan dos realidades: hay una mejora en los procesos de
identificación de los sospechosos, sin embargo, falta profundidad y alcance a
las investigaciones de los policías.
“Esto representa un riesgo no sólo
para el sistema financiero sino para la seguridad pública; ya que aun cuando no
presenta una cifra exacta sobre el dinero ilícito que ingresa al sistema
financiero mexicano, las autoridades federales consideran que significa una
amenaza alta; lo que, aunado a la percepción de impunidad, representa un
espacio en el que la delincuencia se fortalece” indicaron los auditores.
En el caso
de la detección de casos, la auditoría se centró en el trabajo de la Unidad de
Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF) que, en los últimos años, ha
reportado un incremento en la detección de operaciones sospechosas o de interés
en el sistema financiero y de personas involucradas en ellos.
El informe de resultados arroja que,
por ejemplo, en 2013 se detectaron 108 mil operaciones en el sistema financiera
que se consideraron inusuales, para el 2014 la cifra aumentó a 148 mil 949
operaciones, en 2015 fueron 167 ml 295 y para 2016 el reporte ascendió a 213
mil 330 operaciones.
Si sumamos
esto más el cúmulo de otras operaciones que se considera de interés ya sea por
realizarse en dólares, por ser transferencias, o con cheques de caja, vemos que
la UIF analizó en 2013 un total de 13 millones 226 mil reportes de operaciones
potencialmente riesgosas mientras que para 2016 dicha cifra creció a 17
millones 624 mil reportes.
La
verificación de los reportes anteriores y de otras operaciones revisadas por
solicitud expresa del Ministerio Público Federal arroja un incremento en la
identificación de personas de “alto riesgo” sospechosos de lavar dinero en el
sistema financiero mexicano
Así la Unidad de Inteligencia Financiera
de Hacienda reportó que en 2013 se detectaron a 358 personas de alto riesgo;
para 2014 la cifra se elevó a 846; en 2015 hubo un ligero descenso a 741
individuos; pero en 2016 subió a mil 120 personas de alto riesgo identificadas.
Se trata de un incremento de casi el 213% de individuos sospechosas de lavar
dinero en este periodo de tres años.
Hay
denuncias; falta prevención e investigación
El trabajo
de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF) ha sido efectivo para
la presentación de denuncias y el arranque de investigaciones.
Mientras que en 2013 solo el 50 % de
las personas identificadas como de alto riesgo de cometer delitos financieros
fue denunciada penalmente, para el 2016 el 85% (952 de los mi 120 identificados)
fue denunciado penalmente ante el Ministerio Público.
El análisis
de los auditores arroja que en 2016 la
UIF presentó ante la Procuraduría General de la República 112 denuncias penales
que involucran a los 952 sospechosos identificados. Estas 112 denuncias se
tradujeron en igual número de averiguaciones previas/carpetas de investigación
iniciadas.
“Este
aspecto denota que las denuncias emitidas por la UIF fueron integradas con los
elementos suficientes para que el Ministerio Público Federal determinara
pertinente la apertura de una averiguación previa”, indican los auditores.
De las 112
averiguaciones iniciadas ante la PGR por posibles operaciones con recursos de
procedencia ilícita en 2016, al cierre de ese año solo cinco de ellas que
equivalen al 4.5% habían sido resueltas: dos de ellas consignándolas ante un
juez y tres más integrándolas con otros casos ya iniciados previamente. El
resto se encontraba sin resolución.
La auditoría ya había alertado, en un
primer paquete de informes de resultados dados a conocer en julio pasado, que
la PGR adolece de falta de eficacia en la investigación de los delitos
financieros. En promedio logra sentencias en apenas 3 de cada 100 casos que
investiga. De hecho, en 2016 los jueces devolvieron a la Procuraduría más de la
mitad de los casos que consignó pues consideraron que no estaban bien
integrados los expedientes.
En este
segundo paquete de auditorías se analizó también el desempeño de la Policía
Federal que a través de las Divisiones de Investigación y Antidrogas
intervienen en la prevención y combate de operaciones de lavado de dinero.
El informe reconoce que dicha
corporación atendió más del 97.5% de las solicitudes y reportes de investigación
que recibió de otras autoridades y de la ciudadanía en relación con casos de
lavado de dinero y generó los respectivos datos de inteligencia. El problema es
que en 2016 hubo una disminución del 20% de esas denuncias y por tanto de los
productos de inteligencia generados
Esta no es una situación positiva,
señalan los auditores, pues la tarea de prevención se ve supeditada a las
denuncias que se presenten. La Policía Federal falla en establecer acciones
propias que le permitan, por ejemplo, seguir líneas de investigación y
continuar con la inteligencia. En ese sentido la ASF recomendó revisar si esta
estrategia es adecuada
“Al depender
de que la ciudadanía dé parte de la posible comisión de un hecho punible y, al
reducirse el número de denuncias o carecer de éstas, no habría una seguridad de
que cuente con una estrategia para la prevención de dichos ilícitos, aunado a
que, como en el caso de 2016, no en todos los años se realizan operativos
institucionales e interinstitucionales, y no se identificaron mecanismos de
prevención, rastreo y detección en la materia”, indicaron los auditores.
La ASF
también alertó la falta de profundidad
en las investigaciones. El informe destaca que, si bien la Policía Federal
generó 386 productos de inteligencia en 2016, en el 75.5 por ciento de esos
productos no se acreditó que hayan sido útiles para la generación de líneas de
investigación que permitan identificar estructuras delictivas de lavado de
dinero ni mecanismos de operación.
“Lo anterior se debió a las deficiencias
en los mecanismos de registro, evaluación y seguimiento de las actividades que
realiza en esa materia, ya sea en su carácter de instancia encargada de la
prevención de los delitos o como auxiliar de la autoridad ministerial en el
combate de los mismos, por lo que dicha situación limitó determinar la
contribución de la PF en la prevención y combate de los delitos en la materia”, concluyeron los auditores.
Inmuebles y
préstamos, focos de riesgo.
Como parte
de su trabajo en la prevención de delitos financieros, la UIF identificó las
actividades o negocios más numerosos y que pueden ser utilizados para lavar
dinero proveniente de actividades ilícitas. Dichos resultados fueron incluidos
en el informe de la Auditoría.
El sector vulnerable de mayor envergadura
es el inmobiliario. De acuerdo con el reporte en 2016 se detectaron más de 34
mil sujetos involucrados en este ramo que están obligados a remitir reportes
sobre sus actividades relacionadas principalmente con la adquisición o
transmisión de derechos de uso o goce de inmuebles. Se trata del 49 por ciento,
es decir casi la mitad, de los sujetos que están obligados a reportar sus
actividades a la UIF.
La UIF también detectó poco más de 10 mil 300
sujetos de interés relacionadas con préstamos o créditos, que equivalen al 15
por ciento del total.
Los donativos también son una de las
principales áreas de riesgo para el lavado de dinero. En 2016 se identificaron
cuatro mil 220 sujetos involucrados con estas actividades y que están obligados
de informar de ello a las autoridades fiscales.
La lista es larga, pero otras de las
áreas donde hay un mayor número de verificaciones para prevenir o detectar
lavado son las que involucran vehículo aéreos, marítimos y terrestres; las
relacionadas con metales, piedras preciosas, joyas y relojes; los servicios
profesionales y de comercio exterior de distinto tipo; las sociedades
financieras de objeto múltiple; y los centros cambiarios y cajas de cambio.
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