“¡Por favor, señor! ¡Señor,
se lo suplico! ¡Ayúdeme a encontrar a mi hija!”, dijo la madre de una joven al
Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, el 26 de julio del 2016,
en medio una convención contra la violencia de género abarrotada de
funcionarios en el estado de Hidalgo.
Ahí, entre la multitud que rodeaba al
encargado de la seguridad interior, la madre de Nayeli Elizabeth se arrodilló
con el retrato de su hija en manos. Llantos y suplicas se tradujeron en la
movilización de las policías ministeriales de Hidalgo y la Procuraduría General
de la República (PGR), que tardaron un día en liberar a la joven de 29 años.
Pero en
general, las súplicas generalizadas de
una sociedad lastimada no fructificaron en voluntad de Osorio Chong para
implementar políticas públicas. A cinco años de Gobierno una cosa es clara, el
legado del presidente Peña Nieto será el sexenio más violento de la historia.
Si en algún momento se pensó que la
guerra del ex mandatario Felipe Calderón Hinojosa llegó al punto más álgido de
víctimas posible, el Gobierno del Partido Revolucionario Institucional la
superó.
Una vez que los niveles de violencia
superaron diversas marcas históricas que dejó el Gobierno anterior, el
Presidente Enrique Peña Nieto salió a culpar a las autoridades estatales y
municipales de las carencias para proteger a la ciudadanía.
Durante la
última reunión del Consejo Nacional de Seguridad, celebrada el 30 agosto, el presidente
de la República despotricó contra las fuerzas policiales locales: “Las
entidades federativas en muchos casos no cuentan con cuerpos policiacos
suficientemente sólidos y confiables, y en el caso de los municipios, muchos ni
siquiera han desarrollado sus propias corporaciones”. No era la primera vez que
lo hacía.
El presidente
indicó que la asistencia de las fuerzas federales brinda a las autoridades
locales “no puede, ni debe ser permanente”, pero no ha mostrado ni aplicado
otra estrategia que no sea la del fracaso.
De acuerdo con el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI), entre 2013 y 2016 hubo 87 mil 778
defunciones por homicidio, estas son 19 mil 355 personas más que en el mismo
periodo del mandato de Felipe Calderón.
Para ponerlo
en perspectiva, solo en los primeros
cuatro años de la Presidencia de Peña Nieto han sido asesinadas la misma
cantidad de personas que llenarían el Estadio Azteca.
Aunque el
horror apunta a ser mayor, los nueve meses de 2017 – que son los que hasta el
momento tienen registro oficial- perfilan a este año como el año más
violento de la historia reciente: de enero a septiembre hubo 18 mil 505
carpetas, un cúmulo que no encuentra precedentes en ese lapso mensual, y que
supera las 17 mil 382 carpetas de los primeros nueve meses del 2011, el año más
violento de las últimas dos décadas.
LAS POLICÍAS
Y LOS MILITARES
Desde el sexenio
anterior, Felipe Calderón Hinojosa buscó homologar su propuesta de crear un
mando único policial en todos los estados mediante convenios firmados entre el
Gobierno federal y los estados.
Sin embargo,
las reticencias de los alcaldes para conceder sus policías al control estatal
terminaron de evitar que se extendiera este modelo, aun cuando Peña Nieto buscó
aprobar esta iniciativa por la vía legislativa en diciembre del 2014.
“Si bien es
cierto que el problema ha rebasado a las instituciones policiacas. El mando
único rompe con el esquema federalista [en el que cada orden de gobierno tiene
sus atribuciones]”, expuso Martínez Serrano.
En términos estratégicos, apunta,
tampoco es una garantía. “Es más fácil corromper un solo mando que a tres,
prácticamente, estamos haciendo una sola estructura”, expuso Martínez, aunque
reconoció que el orden municipal ha sido el más vulnerable a la colusión con el
narcotráfico.
La falta de coherencia en las
estrategias de seguridad puede venir desde el propio Pacto por México -firmado
por el PRI, PAN y PRD- que en su punto número 3.2 promete la creación de la
Gendarmería Nacional.
Pese a que hubo una intención de que
la Gendarmería era formar un cuerpo de élite, que llegase a 10 mil elementos,
se quedó en 5 mil y terminó siendo absorbida por la Policía Federal para
proteger zonas económicas y medio ambiente.
“Desgraciadamente, el mando más débil
es el municipal, mal pagados, mal entrenados, y en esa lógica los cárteles los
utilizan como operarios para actividades ilegales. Sin ir más lejos está el
caso de Ayotzinapa, y la policía municipal de Iguala”, dijo Serrano.
El cambio en
la misión de la Gendarmería es reflejo de la falta de un proyecto claro sobre
seguridad, consideró el investigador de la UNAM.
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