El sismo, botín electoral.

Francisco Ortiz Pinchetti.

El colmo. La actitud oportunista de los partidos frente a la contingencia por los sismos que devastaron a la capital del país y diversas comunidades de otras entidades pinta por entero la naturaleza, los intereses y los alcances de la clase política mexicana. Lejos de la solidaridad incondicional con los afectados, la autocrítica y la propuesta, han aprovechado para sacar raja electorera a la tragedia.

Unos a otros han intercambiado acusaciones, pero no han asumido culpas, por complicidad o por omisión. Ofrecieron demagógicamente renunciar a prerrogativas electorales –a las que legalmente no pueden renunciar– para donarlas a los afectados, pero a final de cuentas se han hecho guajes, como siempre. Pura promesa vana, que según ellos puede redituarle en sufragios. Así de vil.

En el caso de Ciudad de México la actitud del PRD, el PAN y el PRI ha sido patética, convenenciera y ruin. Todo en función del 2018. Los perredistas se han preocupados más por salvar al jefe de Gobierno que en volcar el apoyo de sus delegados, legisladores y cuantiosos militantes a las tareas de auxilio y reconstrucción. Acción Nacional ha optado una nada generosa postura de omisión, desde la cual sus dirigencias nacional y estatal y sus diputados ante la ALDF han lanzado acusaciones tibias al gobierno capitalino, más en función de su virtual alianza electoral con el PRD a través del Frente que de una actitud crítica positiva.

El PRI, por su parte, se ha trepado a una suerte de palco desde el cual, ajeno desde hace dos décadas al gobierno de la Ciudad, pereciera contemplar cómodamente el deprimente espectáculo, sin aportar alguna visión medianamente coherente de lo ocurrido y de las medidas que a futuro debieran emprenderse.

Particularmente grave, por ominosa, ha sido la actitud de personajes directamente vinculados con las causas no naturales de la tragedia. Ellos han escondido la cabeza ante el riesgo de que les sea cortada por sus evidentes culpas. Me refiero a tipos siniestros como el coordinador de la fracción del PAN en la Asamblea Legislativa, Jorge Romero Herrera, ex Delegado de la Benito Juárez y cacique de su partido en la capital, y a Alejandro Fernández Ramírez, ex jefe delegacional perredista en Cuauhtémoc. Debieran responder por sus respectivas responsabilidades en la tolerancia obviamente interesada de los abusos de las inmobiliarias. Ambas demarcaciones se registraron el mayor número de construcciones colapsadas, pero ellos han guardado significativo silencio.

Romero Herrera, hoy Diputado con fuero, fue reiteradamente acusado durante su gestión en la BJ (2012-2015) de actos de corrupción en el tema de los desarrollos inmobiliarios irregulares que proliferaron durante su administración sin que haya habido una sola obra ilegal clausurada. El caso del edificio colapsado de Zapata 56, en la colonia Portales, donde murieron dos personas, es prototípico. La manifestación de constricción y el inicio de la obra ocurrieron en 2014, pero la DBJ no cumplió con su obligación de verificarla y evitar las anomalías que ahora se conocen. Y el ex delegado no da la cara.

Hay que reconocer, en cambio, la actitud del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Su dirigencia local, encabezada por Martí Batres Guadarrama, y su grupo parlamentario en la ALDF, han ido más allá de la crítica y la condena, que las han hecho, para pasar a la propuesta razonada y razonable frente a la realidad de una ciudad asentada en un lecho lacustre, hundida a través de los siglos, con condiciones sísmicas de muy alto riesgo. Son los únicos que parecen entender que las cosas ya no pueden ser como antes.

Hace unos días, Morena presentó los Principios fundamentales que propone para la reconstrucción de la Ciudad de México después del sismo del 19 de septiembre. Es el único partido que lo ha hecho. Sobresalen en ese plan la necesidad de recordar y honrar las vidas perdidas durante el terremoto, así como la de conocer la magnitud de los daños causados por éste, antes que nada.

El partido de Andrés Manuel López Obrador asume una demanda central de los damnificados, que rechazan el plan de otorgarles financiamiento para la reconstrucción de sus viviendas. Morena calificó de inaceptable la pretensión de convertir a los damnificados en deudores, como postula el gobierno local. Y advirtió sobre la existencia de múltiples deficiencias en el Programa de reconstrucción propuesto por la administración capitalina.

A través de sus dirigentes, delegados y diputados locales de la Ciudad de México, el partido expresó su preocupación de que la Ley de Reconstrucción enviada por el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera Espinosa a la Asamblea Legislativa carezca de diagnóstico y no contemple la participación ciudadana. Advirtió que es imprescindible que en esta magna tarea participen los tres niveles de gobierno porque, hasta la fecha, la administración capitalina no ha incorporado a las delegaciones en las labores de reconstrucción.

Por otra parte, el Diputado local José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, también de Morena, exigió eliminar de la mencionada la Ley de Reconstrucción una aberración monstruosa: el concepto por el que se permite construir hasta el 35 por ciento más de pisos sobre edificios colapsados, en zonas de alto riesgo sísmico. Pidió que se elimine ese porcentaje de redensificación para financiar lo colapsado y, en su lugar, se le apueste al valor social del hábitat tal como lo dispone la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, cambiar el paradigma.

Suárez del Real llamó al Jefe de Gobierno a considerar y poner en práctica el concepto de derechos humanos en el proceso de emergencia de reconstrucción. Dijo que el gobierno debe fungir como un Estado rector que vele por el bienestar de sus habitantes. Criticó que en este proceso de emergencia y reconstrucción no exista la participación de los empresarios inmobiliarios, los que además de apoyar deben asumir responsabilidades donde sea el caso. Un punto toral, por cierto, frente al que todos los involucrados se han hecho que la Virgen del habla. Lo que les importa es proteger los intereses de sus patrocinadores. Y ganar votos.