“El Yugo Zeta” en Coahuila: control de penales, secuestros, matanzas, quema de cuerpos…

En un memo de 2003, la Administración para el Control de Drogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés) aseguraba que Los Zetas (en ese entonces brazo armado del Cártel del Golfo) ya controlaban Ciudad Acuña y Piedras Negras, Coahuila.

Y para 2010 y 2011, el control sobre el norte del estado era total, donde los municipios se encontraban ya sometidos. Más aún, el penal de Piedras Negras era un virtual campo de exterminio.

A ello se sumaba que el gobierno estatal era omiso y, algunos de sus funcionarios, incluso cómplices. La Federación se mostraba indiferente y displicente, en un ambiente en que la mayoría ignoraba a las víctimas.

La violencia de Los Zeta descrita arriba fue responsabilidad de la DEA y de la Policía Federal mexicana, entidades que se niegan a revelar la identidad de los implicados.

Lo anterior es revelado por los investigadores Sergio Aguayo y Jacobo Dayan en la investigación denominada El Yugo Zeta. Norte de Coahuila, 2010-2011, presentada este martes 21 en El Colegio de México (Colmex).

Con base en reportes periodísticos, entre ellos algunos publicados en Proceso, así como en información inédita obtenida de otros archivos y testimonios, ambos especialistas explican lo ocurrido en el norte de Coahuila a través de tres vertientes: lo sucedido en la cárcel de Piedras Negras, la dimensión que tuvo la venganza Zeta iniciada el 18 de marzo de 2011 y la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos en esa masacre.

El Yugo Zeta ofrece una explicación detallada sobre la vida, la disciplina y la muerte al interior del penal de Piedras Negras, una prisión controlada por Los Zetas, y el trabajo expone el expediente APP 005/2014-BIS, de mil 535 folios, facilitado por la Fiscalía General del Estado, documento que contiene las declaraciones ministeriales de 11 integrantes de Los Zetas, 49 internos, 21 custodios y 18 empleados del penal. En total 119 implicados en esta trama de venganza y muerte.

La cárcel era un cuartel que jugaba un papel clave en el esquema de negocios y terror Zeta. Aun cuando conocían lo que sucedía, los gobiernos estatal y federal subsidiaban el centro penitenciario. En 2011, el presupuesto destinado a las cárceles de Coahuila fue de 135 millones de pesos.

Entre el 18 y el 22 de marzo de 2011, Los Zetas desencadenaron una venganza en toda la región. Desde Allende y Piedras Negras se hicieron en esos cinco días cerca de mil 451 llamadas al teléfono de emergencia 089.

La trama que apunta a la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos en la venganza Zeta opera así: ellos compran los narcóticos que los cárteles mexicanos envían, y en pago suministran a los sicarios las armas que los hacen tan letales, al tiempo que han impuesto al gobierno mexicano una estrategia errónea.

El Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Piedras Negras derivó en un enclave criminal, uno de los espacios que John Sullivan define como “zonas sin ley”, “espacios sin gobierno” o “zonas de impunidad”, donde fuerzas enfrentadas al Estado crean soberanías paralelas o duales en un sistema político “neo feudal”.

Este enclave era vital para la organización Zeta, debido a que era un refugio seguro para los capos que deseaban esconderse de los federales fuera de la nómina criminal; igual servía para obtener ingresos vendiendo drogas, refrescos y hasta chicharrones, cobrando cuotas por el uso de las celdas o rentando los cuartos utilizados para la visita conyugal.

También proporcionaba a Los Zetas un lugar discreto y seguro para instalar los compartimentos secretos en los automóviles que llevarían drogas a Estados Unidos, al tiempo que servía de base para reclutar sicarios; y finalmente era un centro ideal para confinar temporalmente a los secuestrados y torturar y ejecutar a elementos de bandas rivales y desaparecer sus cadáveres.

El penal dependía de un Zeta identificado como David Loreto Mejorado, el “Comandante Enano” (o “Nano”). Él o sus superiores nombraban al responsable de manejar el lugar.

Este ““Jefe de Cárcel”” fue nombrado en diciembre de 2009 y gobernó el Cereso hasta enero de 2012. Cuando rindió su declaración ministerial (diciembre de 2014), “El Nano” tenía 45 años. Por cierto, fue policía municipal.

Para cumplir con sus encomiendas, el “Jefe de Cárcel” tenía un equipo de 92 colaboradores, entre lugartenientes, escoltas y mandaderos.

Igual definía las prioridades en ese establecimiento penitenciario: Si la actividad que deja más ganancias es el contrabando de drogas, entonces el “arreglo” de vehículos era lo principal. En segundo lugar, la elaboración de equipamiento bélico y, tercero, la destrucción de cuerpos.

El capo imponía orden y obtenía obediencia infundiendo miedo y aplicando a la menor oportunidad la fuerza bruta. Para los recién llegados las golpizas eran parte de la cotidianidad.

Los castigos más frecuentes eran los “tablazos”: con una tabla de madera y bates de aluminio se les pegaba a los internos en sus glúteos. Esta costumbre viene de los ritos de iniciación en colegios militares.

Incluso, un preso declaró que el “Jefe de Cárcel” dio de tablazos al director del penal, a los “RT” (responsables de turno), a los guardias y hasta a los celadores.

Los Zetas tenían su propia cárcel dentro del penal: era conocida como “El Monte” y se ubicaba en el área de máxima seguridad del penal. Ahí metían a los internos que cometían alguna infracción y a los secuestrados del exterior mientras se negociaba el pago del rescate. El lugar podía estar muy concurrido, ya que en una ocasión llegaron a tener 50 internos castigados.

Tanto control era posible por el tipo de armamento a su disposición. Los custodios andaban desarmados, a excepción de los jefes de turno y los comandantes. Lo opuesto sucedía con Los Zetas, quienes portaban armas cortas y radios de comunicación que les permitían controlar todas las áreas del penal. Periódicamente entraban Zetas del exterior con armas largas.

La cárcel también operaba como un depósito de drogas y, según las declaraciones rendidas en los juicios en Estados Unidos y analizadas por un equipo de la Universidad de Texas en Austin, a cargo de Ariel Dulitzky, los criminales contaban con un taller para “arreglar” autos y adaptarlos para transportar, vender y distribuir estupefacientes.

El penal de Piedras Negras también era un centro de consumo de narcóticos. Al reconocer este hecho, el “Jefe de Cárcel” explica que el abastecimiento se hacía a la vista de todos: “La droga me la entregaba un contador que trabajaba para Los Zetas… los celadores lo dejaban entrar por la puerta principal del penal y él me entregaba una mochila que contenía sobres con las drogas”.

En algún momento de 2010, el “Comandante Enano” exigió al “Jefe de Cárcel” que ampliara las fuentes de ingreso, como en el penal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde hacían bastante dinero “chingándose a los internos [con]extorsiones y multas”. El “Jefe de Cárcel” asegura haberse negado. Finalmente, cobró cuota semanal de 25 pesos que luego aumentó a 50. Es decir, rentaban las celdas construidas y mantenidas por el propio Estado.

Según el expediente de referencia, Los Zetas gastaban aproximadamente un millón y medio de pesos al año en pagos al personal directivo y de seguridad.

Un factor medular para el cártel era el control de los talleres del penal. En el de hojalatería y pintura –el más importante, en opinión de Aguayo y Dayán— se adaptaban los autos para introducir la droga a Estados Unidos. Llegaban vehículos robados o comprados. Entonces, los reparaban, pintaban, polarizaban y, si se requería, se les cambiaba el número de serie.

Un interno que trabajó en ese taller cuenta que él arregló alrededor de 150 o más vehículos. El negocio era redondo porque la pintura la robaban a un comercio y las autopartes utilizadas eran desmanteladas en un taller de grúas, todo en Piedras Negras.

Por su parte, el taller de costura tenía una función bélica importante. Hacían uniformes de tipo militar en colores verde y arena, trajes de la Marina, vestimenta de Gafes (fuerzas especiales coahuilenses) y de la AFI, ropa que usaban Los Zetas en sus operativos.

También manufacturaban fundas para chalecos antibalas, fornituras, cintos de tipo policial, tirantes para colgar armas largas, fundas para cargar pistolas y cargadores. Por cierto, era el único taller en el que trabajaban algunas mujeres. Según un reo, cada semana llegaba un vagón, dejaba rollos de tela y cargaba todo lo que se había producido.

En el de soldadura se fabricaban estrellas o picos que usaban Los Zetas para ponchar llantas y participaban en la reparación de los automóviles.

El control de Los Zetas del penal era tal que hay indicios de que al menos uno de los dos hermanos que dominaba la región, en este caso Omar Treviño Morales, “El Z-42”, se escondía en la cárcel cuando la Marina realizaba operativos para capturarlo.

La ironía al desnudo: La prisión era el lugar más seguro para criminales perseguidos por federales que no estaban en su nómina, ya que las fuerzas federales sólo entran a prisiones estatales a solicitud del director del penal.

También había momentos para la celebración. En ocasiones, ingresaban al penal los jefes grandes y hacían fiestas, con música y mujeres. La fiesta podía durar todo el día y toda la noche y, en algunas ocasiones, llevaban vacas y las mataban adentro de la cárcel “para darle de comer a toda la raza”. En caso de necesidad, el “Jefe de Cárcel” autorizaba la salida del penal de algunos Zetas para comprar cervezas o visitar a sus familias.

Sin embargo, la situación dentro del penal llegaba a extremos: El “Jefe de Cárcel” cuenta que la primera vez que llegaron Los Zetas con cuerpos de sus víctimas para incinerar, “El Comandante Enano” los amenazó con hacerles lo mismo a ellos y a sus familias. Pero aprendieron el oficio:

“En la primera ocasión ellos metieron un cadáver en un tanque de doscientos litros que ellos traían en sus trocas… y ahí le echaban diésel y luego lo prendían con lumbre. Ese día fue la muestra. Después bajaron doce cuerpos de las camionetas… y los incineramos. Otra modalidad era la de cortar a las personas. En pedazos las ponían en tambos y las quemaban”. El desmembramiento de víctimas es práctica común del cártel.

Con el tiempo se estableció una rutina. Cuando iban a tener ese tipo de encargo, avisaban al “Jefe de Cárcel” y éste a su vez mandaba a alguien de sus subordinados a avisar a los custodios, para que abrieran inmediatamente. Al llegar a la zona de talleres, el “Jefe de Cárcel” y su gente bajaban a las víctimas vivas o muertas. Agarraban los cuerpos sin vida y los depositaban en el suelo, ya que el cuerpo estaba dentro del tonel, comenzaban a ponerle diésel para luego prenderle lumbre, “y así uno se la pasaba poniéndoles diésel”.

También explica que, cuando se “cocinaba” a las personas, “éstas se iban haciendo chiquitas y se les iba picando con un fierro hasta que no quedaba nada… [luego]se empinaba el tonel para vaciar los residuos en el suelo […] que la mera verdad era muy poco”.

Sobre las víctimas, los testimonios hablan de que en muchos casos se trataba de “chapulines” (vendedores de droga ajenos a Los Zetas), personas que les debían dinero, familiares de ambos y otras personas sin vínculo alguno con Los Zetas ni con actividades criminales.

Ahí fueron desaparecidos habitantes de Piedras Negras, de Acuña, de los Cinco Manantiales (Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza) y otros municipios cercanos. Se habla de hombres, mujeres, mayores de edad, jóvenes e incluso niños y ancianos, así como de una mujer con un embarazo de unos siete meses.

Está cárcel también servía como base social para el reclutamiento de sicarios. En la venganza que se desató el 18 de marzo de 2011 –razón del estudio de los investigadores Aguayo y Dayán–, la cual afectó a Allende, Piedras Negras y toda la región de los Cinco Manantiales, se documentó la participación de presos.

Según testimonios, había algunos internos que entraban y salían a placer de la cárcel. Un evento confirmó esta práctica: En septiembre de 2012 los medios de comunicación informaron sobre la fuga, a través de un túnel, de casi una quinta parte (129) de los internos del penal de Piedras Negras, quienes emplearon sólo 15 minutos en la huida. Declaraciones contenidas en el expediente de la Fiscalía y de los juicios en Estados Unidos señalan que la fuga se consumó porque el “Jefe de Cárcel”, ya recluido en Saltillo, “necesitaba gente para trabajar”.

Sin embargo, la violencia en Saltillo originada por la venganza Zeta en el norte de Coahuila se acrecentó el 15 de febrero de 2011, cuando Los Zetas ejecutaron al agente de la DEA Jaime Jorge Cortés en San Luis Potosí.

Luego de ese hecho, Washington exigió el fin a la impunidad de Los Zetas, y entonces los gobiernos de Felipe Calderón y Barack Obama lanzaron un operativo binacional que en 12 días condujo a la detención de centenares de personas.

Los Zetas se sintieron traicionados por el ataque y Saltillo vivió una etapa cruenta que alteró el equilibrio de la capital y llegó a niveles sin precedentes de violencia.

Simultáneamente, la DEA presionaba a un capo en Estados Unidos para que les entregara información que permitiera la captura de “El Z-40” y “El Z-42”, los jefes en el norte de Coahuila. La obtuvieron y el viernes 11 de marzo de 2011 un alto funcionario de la DEA envió a la Unidad de Investigaciones Sensibles de la Policía Federal los números de identificación rastreables de los teléfonos celulares de Miguel Ángel Treviño y su hermano Omar (“El Z-40” y “El Z-42”).

A las pocas horas alguien de esa Unidad de la PF informó a los Treviño, quienes inmediatamente supieron que la información había salido del entorno de su lugarteniente más cercano en Coahuila, Mario Alfonso Poncho Cuéllar.

La periodista Ginger Thompson estableció, en su reportaje “Anatomía de una masacre”, que Cuéllar tenía la responsabilidad de conseguir para sus jefes celulares nuevos cada tres o cuatro semanas. Y Cuéllar había asignado esa tarea a su mano derecha, Héctor Moreno Villanueva, “El Negro”.

Uno de los testigos en los juicios realizados en Estados Unidos dijo que estaba con “El Z-40” cuando se enteró de la traición de Poncho Cuéllar, quien había cometido una traición previa tras fugarse a Estados Unidos debiéndole 10 millones de dólares al “Z-40”. Furioso, éste ordenó “levantar” a todas las personas y bienes que “olieran” a Poncho Cuéllar. La pena de muerte incluía a los cercanos a Cuellar, a Moreno y a otro asociado, José Luis Gaytán Garza, así como a hombres, mujeres, niños y ancianos estuvieran o no involucrados con el infidente.

Cuéllar, Moreno y Garza huyeron a Estados Unidos, donde los dos primeros se convirtieron en testigos protegidos de la DEA. Sin embargo, antes de partir, Cuellar avisó a quienes trabajaban para él que escaparan, aunque se desconoce si alertó a su familia.

Por ello Los Zetas armaron un operativo en el norte de Coahuila que incluyó Allende, Piedras Negras, Ciudad Acuña, Morelos, Nava, Zaragoza y Villa Unión.

Poco después, los sicarios enviados a Allende recibieron la orden de “que fuéramos a checar todos los domicilios de la familia Garza (porque) los iban a levantar para matarlos”. También giraron instrucciones a los 20 efectivos de la policía municipal de Allende para no salir a patrullar ni responder a los llamados de auxilio.

Los ejecutores se reforzaron con un número no determinado de internos del penal de Piedras Negras. A la fecha la cifra de muertos y desaparecidos es un misterio, aunque es posible que se acerque a 300.

La CNDH facilitó a los estudiosos del Colmex los avances de su investigación sobre el caso Allende. Así, el Primer Visitador pidió al C4 las llamadas de Allende y Piedras Negras. Y encontró que, de Allende, con 22 mil habitantes, salieron 26 reportes; de Piedras Negras, con 152 mil habitantes, mil 425 llamadas. Es una proporción de 55 a 1. “Algo muy grave debió ocurrir en Piedras Negras”, concluyó.

Igual hacen referencia a la responsabilidad de Estados Unidos en el crecimiento de Los Zetas y en la violencia generada: La cárcel de Piedras Negras era una pieza importante en la maquinaria de los Zetas, cuyo origen, poder y funcionamiento ha estado ligado de múltiples formas con Estados Unidos.

Ejemplo de ello es que las tropas de élite que fundaron el cártel fueron entrenadas por ese país, donde compran la droga que enriquece las arcas criminales. Desde allá les llegan de contrabando los suministros bélicos que les permite aterrorizar y asesinar. Para entender su responsabilidad, se deben mencionar los acuerdos en materia de seguridad entre los dos países.

Así, las relaciones de seguridad entre México y Estados Unidos, la trama revelada por Ginger Thompson, apunta a que un jefe de la DEA –cuya identidad oculta ese organismo– envió información muy delicada sobre los jefes Zeta a la Unidad de Investigaciones Sensibles (Sensitive Investigative Units) de la Policía Federal. Él pensaba que tenían un amigo allí en quien podían confiar. Sin embargo, alguien de esa Unidad informó a Los Zetas del riesgo que corrían. Pese a ello, los Treviño Morales ordenaron la venganza relatada.

El acuerdo con México se ha visto afectado por la corrupción y por la infiltración. Pese a ello, ha habido un esfuerzo deliberado por silenciar los hechos y diluir la responsabilidad.

Según Thompson, el vocero de la DEA simplemente negó que su agencia tuviera las manos manchadas de sangre. La DEA tampoco hizo una evaluación interna sobre el papel jugado por la agencia y no suspendió su relación con la Policía Federal. Además de ello, concedió el estatus de testigos protegidos a Alfonso Cuéllar y Héctor Moreno. La Policía Federal simplemente guardó silencio y nunca se ha pronunciado al respecto.

Para los investigadores, “esto nos lleva a asegurar que la venganza es un claro ejemplo de violencia criminal binacional”.

También encontraron que, desde 2009, en Allende, la dirección de la policía municipal ya estaba involucrada con la delincuencia organizada y que, en el 2010, el sometimiento era total. En otros municipios de la región sucedía algo similar, abandonadas a su suerte por los gobiernos estatal y federal.

El 9 de octubre pasado, el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, escribió a la Corte Penal Internacional (CPI) una carta en respuesta al informe “México: asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad”, donde se deslindaba: “Con motivo de la situación delincuencial que estaba sufriendo el Centro de Readaptación Social de Piedras Negras, desde el año 2009 y, como modelo de la estrategia de seguridad del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, el centro estuvo militarizado…”.

Por otro lado, en los juicios realizados de Estados Unidos, el narcotraficante y exadministrador de producción para Televisa en Piedras Negras, Adolfo Efrén Tavira Alvarado, declaró que con Los Zetas no trabajaba todo el Ejército, pero sí ciertos grupos de éste, aparte de que tenían acuerdos con la PFP.

Un personaje clave es Jorge Torres, el fiscal general nombrado por el gobernador Humberto Moreira en mayo de 2009. Después de varias reformas administrativas, el fiscal tenía bajo su responsabilidad la Procuraduría, la Secretaría de Seguridad Pública y la organización, dirección, vigilancia y control de los Centros de Reinserción Social; es decir, cárceles como la de Piedras Negras. Este poderoso fiscal ocupó el cargo hasta 2011, y a la par era el responsable durante los acontecimientos violentos ahí registrados.

Por un reporte ciudadano se conoció que el 22 de marzo de ese año una autoridad estatal en Saltillo supo lo que estaba pasando en Allende. Cinco años después, el 19 de julio de 2016, compareció el “poderoso” fiscal. Sólo le hicieron siete preguntas a modo.

El funcionario declaró que la primera noticia por parte de una víctima surgió cuando se presentó la denuncia en el Grupo de Secuestros, en mayo de 2011. Dijo que cuando se enteró de los acontecimientos de Allende, lo hizo del conocimiento de Patricia Bugarín, entonces titular de la SEIDO de la PGR.

“Hasta dónde sabemos, dicha funcionaria no ha sido investigada por la PGR o por las autoridades de Coahuila. Tampoco sabemos qué oficios, informes o memoranda preserva el Cisen”, se señala en la investigación.