Entre los compromisos del Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México, encargado de la construcción del Nuevo
Aeropuerto Internacional, está el de preservar y mejorar el medio ambiente
mediante un “plan maestro” con estándares internacionales.
No obstante, Fernando Córdova Tapia, del Grupo de
Análisis de Manifestaciones de Impacto Ambiental de la Unión de Científicos
Comprometidos con la Sociedad, aseguró
en entrevista que el proyecto está mal desde su origen.
“La intención de construir un
aeropuerto sobre el Lago de Texcoco es una de las peores ideas que se han
tenido en esta cuenca por más proyectos de compensación que hagan. Estamos
perdiendo la última oportunidad de que esta Ciudad tuviera agua en el futuro
mediante los proyectos de recuperar el lago”, afirmó. “Es
como poner el último clavo al ataúd en medio de tantos problemas con el
(abasto) de agua”, planteó.
Aunque el Grupo Aeroportuario ya ha
realizado labores de reforestación ecológica y rescate de flora y fauna,
especialistas ambientales alertan sobre el riesgo de inundación a comunidades aledañas,
critican la ilegalidad de sembrar especies exóticas invasoras y acusan que
miembros del Comité de Vigilancia Ambiental y encargados de realizar el
Manifiesto de Impacto Ambiental son cercanos a la Secretaría de Medio Ambiente
(Semarnat), instancia que la aprobó.
Investigadores
de la Universidad de Chapingo señalaron
que se están extrayendo lodos del Lago de Texcoco contaminados con cromo, boro,
cloruros y carbonatos.
“Esta realidad en la que el Gobierno
federal es juez y parte –desde que lo planeó–, lo que provoca es que proyectos
como éste se autoricen sí o sí, por encima de cualquier riesgo socioambiental”, aseguró el doctor en ecología
Fernando Córdova Tapia.
“Se evalúan ellos mismos y es un
conflicto de interés gravísimo que hace que el proyecto pase con las
deficiencias existentes”, destacó.
El
especialista en impacto ambiental también destacó
que se entregaron al Gobierno de Chimalhuacán 200 hectáreas, una parte del
terreno destinado al plan de rescate hídrico para compensar el daño con lagunas.
Esta zona aledaña es controlada por Antorcha Campesina, un movimiento ligado al
Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El
megaproyecto de más de 186 mil millones de pesos que se prevé inaugurar en
octubre de 2020 transportará a 70 millones de pasajeros anualmente frente a los
42 millones que atiende el actual Aeropuerto Internacional “Benito Juárez”.
Aunque la fecha del inicio de operaciones ha sido puesta en duda a nivel
nacional e internacional.
Ante una
zona donde está el antiguo Lago de Texcoco y comunidades de la zona oriente del
valle de México, en la que habita alrededor de 25 por ciento de la población
del Estado de México, el Plan Maestro Ambiental busca prevenir inundaciones y
riesgos sanitarios, generando empleos verdes y protegiendo la biodiversidad.
Sin embargo, el 42.04 por ciento de
la superficie del proyecto son cuerpos de agua y zona inundable, advirtió la Unión de Científicos
Comprometidos con la Sociedad (UCCS), la cual criticó la Manifestación de
Impacto Ambiental (MIA) aprobada por la Semarnat.
El argumento del Grupo Aeroportuario
es que están drenando la zona y cuentan con cinco obras hidráulicas.
Pero
Fernando Córdova, de la Unión de Científicos, dijo en que la zona del aeropuerto actual se hunde 30 centímetros por
año por lo que, aunque drenen ahora los excedentes de agua, será inútil para
los siguientes cinco o diez años.
“Por más infraestructura que metan,
termina siendo obsoleta con el paso de los años y se requiere más
infraestructura. El problema se hace más costoso y nunca se resuelve”, determinó el doctor en ecología.
Córdova prevé que no se inunde el Nuevo Aeropuerto,
pero sí las poblaciones aledañas como ocurre con el aeropuerto actual ya que
rebota el agua a las colonias que lo rodean.
LA
REFORESTACIÓN ILEGAL.
Federico
Patiño Márquez, Dirección General del Grupo Aeroportuario, expuso que la
sustentabilidad debe estar en el centro de cualquier proyecto de
infraestructura.
En diciembre
de 2015 se instaló el Comité de Vigilancia Ambiental para garantizar la
restauración ecológica, rescate de flora y fauna, conservación del suelo,
verificación de emisiones de gases efecto invernadero, manejo integral de
residuos y el uso sustentable de agua de la zona donde se construye. En octubre
de 2016 reportó que se han plantado 169 mil 590 árboles, de una meta de 240
mil; se han rescatado 27 mil 804 individuos de flora de siete especies
trasladadas a un vivero y a 545 individuos de fauna de 23 especies, sobre todo
liebres; se monitorean las rutas de las 183 especies de aves; y se manejan 600
toneladas de residuos de manejo especial, peligrosos y sólidos.
La Comisión
Nacional del Agua (Conagua) se encuentra ejecutando algunos proyectos que
desvían los escurrimientos a zonas ajenas al sitio y la capacidad de regulación
en la zona se incrementará de 13 a 34 millones de metros cúbicos. No obstante,
un análisis de impacto ambiental de la Unión de Científicos alertó que “no
existen elementos técnicos suficientes –incluyendo los análisis del Colegio de
Ingenieros Ambientales de México (CINAM)– para asegurar que las obras
hidráulicas que supuestamente desviarán los escurrimientos sean suficientes
para evitar las inundaciones en la zona del proyecto y en las zonas aledañas”.
A eso se suma
el riesgo ante la ocurrencia de eventos hidrometeorológicos extremos por la
presencia del cambio climático.
El proyecto
ambiental también contempla la siembra de 264 mil 534 individuos de especies
exóticas invasoras como una de las principales medidas de compensación, lo cual
es ilegal.
“La
reforestación la están haciendo con especies invasoras. Hablamos del cedro
salado, una de las peores amenazas para la biodiversidad de todo el país porque
se vuelve una plaga incontrolable”, dijo el doctor en ecología Fernando
Córdova.
Con ello
reforestarán el 90 por ciento y al expandirse traerá un desastre ecológico a
toda la cuenca.
EL CONFLICTO
DE INTERÉS.
Para
asegurar que el desarrollo del proyecto se dé bajo rigurosos estándares
ambientales, en el Comité de Vigilancia Ambiental del Grupo Aeroportuario
participan universidades públicas, especialistas de la sociedad civil y las
Secretarías de Medio Ambiente del Estado de México, de la Ciudad de México y la
Federal, así como representantes de los municipios de Texcoco, San Salvador
Atenco, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Tezoyuca, del Colegio de Biólogos, y del
Centro Mexicano de Derecho Ambiental.
El doctor en
ecología Fernando Córdova acusó que
cuando el Colegio de Biólogos de México -uno de los integrantes- renovó su
Consejo Directivo, el entonces titular de la Semarnat, Juan José Guerra Abud,
tomó su protesta. Además, Especialistas Ambientales, una de las consultorías
para el Manifiesto de Impacto Ambiental, fue fundada por Rodolfo Lacy Tamayo,
el subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat, instancia
que lo aprobó.
La
organización de Unión de Científicos a la que pertenece el investigador tuvo
acceso al acta constitutiva de la consultoría Especialistas Ambientales.
Además, investigadores de la Universidad de
Chapingo –que también participa en el Comité de Vigilancia Ambiental–
manifestaron ante el Palacio Municipal de Texcoco que los lodos extraídos de la
zona donde se construye el NAICM están contaminados con cromo, boro, cloruros y
carbonatos, lo cual los hace “altamente tóxicos”.
Los lodos son trasladados por la
empresa Urbanums a un socavón de la antigua minera ejidal. Existe el riesgo de
que sean depositados en Tlaminca, un área de recarga de mantos acuíferos.
“Tendrá efectos en la salud de
quienes consumimos el agua en Texcoco”, dijo el investigador de la Universidad, José Espino
Espinoza.
¿POR QUÉ EN
TEXCOCO?
Federico Patiño Márquez, director
general del Grupo Aeroportuario, explicó que Texcoco ha sido la primera
alternativa desde la década de los 70 por su cercanía a la Ciudad de México,
por ofrecer las 5 mil hectáreas de terreno disponible para construir un
aeropuerto, por las ventajas de su orografía, de visibilidad y la dirección e
intensidad de los vientos. Además, el terreno fue donado por la Conagua por lo
que no implica choques con ejidatarios.
“Cualquiera
de las otras alternativas no cuenta con esta capacidad de expansión a lo largo
del tiempo, por lo que de haberse elegido no podrían representar una solución a
largo plazo para nuestro país”, dijo.
El dirigente de Morena, Andrés Manuel
López Obrador, reiteró el lunes en la presentación de su Plan de Desarrollo
2018-2014 la supuesta inviabilidad del proyecto. En noviembre de 2015, los
ingenieros José María Riobóo, fundador del Grupo Riobóo, y Sergio Samaniego
Huerta, experto en Topografía –contratados por el tabasqueño– propusieron
utilizar las dos terminales del actual aeropuerto, así como la base militar de
Santa Lucía, ubicada en Zumpango, Estado de México.
Este plan costaría 57 mil millones de
pesos y se terminaría en 30 meses. Pero por las características montañosas de
esta región del país, y las reglas de navegación aérea, no sería posible tener
operaciones totalmente simultáneas, argumentó Patiño Márquez, del Grupo
Aeroportuario.
Además,
tener separados el aeropuerto nacional y el internacional impone enormes retos
en construcción de caminos y sistemas de transporte, así como de tiempos de
traslado para los pasajeros y las tripulaciones.
En Santa Lucía se propuso construir
dos pistas adicionales de hasta 5 kilómetros para vuelos comerciales: una
serviría para destinos internacionales de pasajeros y la otra para carga
internacional. No obstante, no permitiría el despegue y aterrizaje simultáneo.
En
contraste, la Unión de Científicos argumentó
que desde la década de los setenta muchos especialistas y urbanistas señalan
que Texcoco debe recuperar su vocación lacustre, por lo que construir ahí el
Nuevo Aeropuerto “es una atrocidad pues significa perder la última esperanza
que tiene esta metrópoli de asegurar el abasto de agua a mediano y largo
plazo”.
Respecto a
lo que sucederá con el terreno del actual aeropuerto internacional, Gerardo
Velarde, maestro en Planeación y Políticas Metropolitanas por la Universidad
Autónoma Metropolitana, escribió en un texto de la revista Nexos que 710
hectáreas a tan solo cinco kilómetros del centro de la ciudad quedarán
disponibles para utilizarse, un espacio que supera el tamaño del Bosque de
Chapultepec.
El Gobierno
de la Ciudad de México ha evaluado que las opciones pueden ser una ciudad
universitaria, construcción de vivienda, oficinas y áreas comerciales o un
parque urbano. O bien, una combinación de ellas en diferentes proporciones.
A tres años de 2020, con avances solo
en cimentación, todavía planean sobre el NAICM dudas sobre su sustentabilidad y
el New York Times resaltó en días pasados que “el presidente [Enrique Peña
Nieto], que no es elegible para la reelección y es profundamente impopular, se
ha visto obligado a cancelar otros proyectos de infraestructura de alto costo
por escándalos de corrupción y recortes presupuestarios”.
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