Directores y decenas de custodios de
los penales Neza-Bordo y Chiconautla son investigados por la Fiscalía General
de Justicia del Estado de México por el caso de El Tatos, mientras que 49
internos considerados de alta peligrosidad fueron trasladados a distintos
penales federales.
El fiscal
Alejandro Gómez indicó que la dependencia a su cargo abrió al menos cuatro
carpetas de investigación por el delito de extorsión presuntamente cometido por
el recluso identificado como Luis “N” en las cárceles de Neza-Bordo y
Chiconautla.
Aunque admitió que existe reticencia
de los reclusos para denunciar, el funcionario confió en que las entrevistas
con los familiares de las víctimas permitan rastrear las cuentas desde las que
se hicieron depósitos fuera de la ley.
“Estas primeras carpetas de
investigación son por el delito de extorsión derivadas de la riña que hubo al
interior del penal de Neza-Bordo. A partir de ahí comienzan a surgir datos
diversos relacionados con la supuesta extorsión o con custodios que
supuestamente permitían el ingreso de drogas”, dijo.
Hasta el momento, admitió, sólo se
investigan los hechos denunciados, pero ofreció apertura para detectar e
indagar otros casos.
Por su
parte, Maribel Cervantes, secretaria de Seguridad estatal, informó que ayer, 49 internos de los penales estatales considerados
de alta peligrosidad por sus perfiles criminológicos fueron trasladados a
centros federales de Readaptación Social de Guanajuato, Michoacán, zona Oriente
y Oaxaca.
La acción, indicó, tiene como
propósito fortalecer los mecanismos de control y seguimiento en los centros
penitenciarios de la entidad, a fin de evitar la colusión de células
delincuenciales y prevenir posibles disturbios.
Los traslados de sentenciados por
delitos de alto impacto -como delincuencia organizada, homicidio, extorsión y
secuestro-, aseguró, se apegaron a los protocolos.
En tanto,
desde el pleno cameral, los grupos parlamentarios del PRD, PAN y Morena
demandaron la comparecencia de los titulares de Seguridad, de la Fiscalía y
Reinserción Social para que detallen a los diputados las condiciones en que
operan los centros penitenciarios y las soluciones a la problemática que
representan.
Apenas el
pasado 7 de noviembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
emitió la recomendación M-6/2017 al gobernador, Alfredo del Mazo, para
solicitarle atender los problemas de tortura y maltrato a los internos,
autogobierno, instalaciones, sobrepoblación, hacinamiento, alimentación,
prevención y violencia al interior de las cárceles estatales.
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