La Asamblea indiferente.

Javier Risco.

Hace menos de una semana recibí una llamada de la señora Leticia Adalid Martínez. Hasta el 19 de septiembre vivía de su empresa de viajes Adalid Tours S.A. de C.V., en un local comercial de un edificio en la Hacienda de la Escalera, en el Fraccionamiento Prado Coapa. A dos meses del sismo, la situación del inmueble sigue en el aire: no saben si lo van a derrumbar o es habitable; su empresa quebró, han tenido que dar de baja a los cinco empleados que tenía y cerrará su año desempleada.

La historia no es quizá la más dramática, si tomamos en cuenta que cientos de capitalinos no sólo están desempleados, también siguen refugiados en albergues o en casas de familiares y amigos en el eterno limbo de la incertidumbre después del sismo que cambió a esta ciudad. Pero muestra otra cara: la de los damnificados que ocupan esa zona gris entre lo que es “urgente” y lo que “puede esperar”.

Nos queda claro que el gobierno está centrado en los más afectados, pero hay un gran número de chilangos que perdieron su patrimonio, su auto, un local comercial o que viven en su sala con una grieta que ya forma parte de la rutina. Ciudadanos cuyo edificio no colapsó, pero que está junto a otro que sí y, por tanto, aún no saben si resultó dañado, si se podrá reparar, si alguien va a ayudarlo con un gasto que no tenía contemplado. Cientos de personas que se sienten olvidados y en la indefensión.

Sí, sabemos que la reconstrucción de la ciudad no se va a dar en un día, ni en un mes, pero que, a 9 semanas, quienes tienen la responsabilidad de encaminar soluciones y plantearles a los ciudadanos el cómo, estén peleando o con la mente en las elecciones del 2018. Es inaceptable.

En medio de todas estas historias de ciudadanos que no tienen ni dónde dormir, el escenario gubernamental se vuelve patético: la fotografía del desmadre de una Asamblea Legislativa inconsciente e indiferente ante lo urgente, con la parálisis de una ley de reconstrucción que ni siquiera se ha discutido, que se enreda entre distintos documentos y propuestas y entre altavoces de Morena, Mesas Directivas perezosas y las posadas a la vuelta de la esquina. Parece que no les importa.

Hoy, por cuarta ocasión en dos semanas, la Ley de Reconstrucción no pudo subirse al pleno. Esta vez no hubo una toma de tribuna de Morena, ni fue falta de quórum, ni siquiera la protesta ciudadana que se mantuvo seis horas sobre Donceles, a la puerta del palacio legislativo. Lo que detuvo la aprobación es el terrible desaseo legislativo con el que esta Séptima Legislatura ha trabajado desde hace 2 años.

El reglamento interno de la ALDF obliga –en teoría– a los diputados a que las sesiones de las comisiones sean públicas para que todos podamos ser testigos de la forma en que están construyendo nuestras leyes. La Ley de Reconstrucción tendría que nacer de la discusión y el análisis serio que se diera al interior de tres comisiones: la de Desarrollo Urbano, presidida por el PAN; la de Presupuesto y Cuenta Pública, que encabeza el perredista Mauricio Toledo, y la de Administración Pública, cuyo presidente es el priista Adrián Ruvalcaba.

En el proceso legislativo ideal, tomando en cuenta que la ALDF tendría que ser un poder autónomo e independiente del Ejecutivo encabezado por Miguel Ángel Mancera, la iniciativa enviada por el jefe de Gobierno tendría que ser un documento de punto de partida, modificable, analizado por especialistas y sometido al escrutinio de la ciudadanía y, sobre todo, de los damnificados; dictaminado y discutido por estas 3 comisiones y enviado al pleno con el tiempo suficiente para que sea analizado por el resto de diputados que podrán generar un debate parlamentario.

Pero en la ALDF no hay nada más alejado de la realidad que el deber ser por el que deberían regirse. La Ley de Reconstrucción podría aprobarse hoy sin ningún debate, dejando casi intacto el documento enviado por Mancera, construido a modo y a puerta cerrada por no más de ocho diputados: del PRD, PRI, PVEM y PAN. Dejando fuera un censo concreto de daños, sin la claridad de cuánto dinero se tiene y cuánto se necesita para reconstruir, sin un dictamen claro de daños, con una clara ventaja para las constructoras, sin planeación urbana y lejos de la ciudadanía.

Si estos políticos están pensando en una ley a modo con fines electorales para el 2018, quizá la mejor forma de defendernos sea castigándolos en las urnas la próxima vez que sean ellos quienes toquen las puertas de nuestras casas pidiendo ser nuestros representantes.