Raymundo Riva Palacio.
No tiene duda alguna Andrés Manuel
López Obrador de dónde radica el problema toral de México. Es la corrupción. En
el plan de gobierno que presentó el lunes, todo gira en torno a ese fenómeno.
Por la corrupción no se avanza ni existe desarrollo o crecimiento, pero genera
desigualdad e injusticia. Por tanto, se lee con claridad en decenas de las 415
páginas que integran el documento, hay que destruir al sistema que lo ha
construido y que lo tiene, tomando las imágenes del discurso de López Obrador,
secuestrado por un grupo de personas. Sólo así, es el mensaje, acabando con el dominio de esas
minorías, vendrá el renacimiento de la sociedad. No se trata de venganzas
políticas, sino de justicia social, es la premisa que recorre todo el proyecto
de nación.
El documento
que presentó López Obrador al Congreso Nacional de Morena abraza la retórica,
como cuando habla de la corrupción como “uno de los mayores flagelos” de la
sociedad mexicana, o se introduce en el terreno de los lugares comunes, como
cuando menciona “el robo directo de las arcas públicas o en los sobornos para
favorecer a determinados agentes económicos” en la obra pública y en las
licitaciones. Sin embargo, pese a todo
lo cosmético que parezcan estos planteamientos, ¿alguien puede refutarlos
objetivamente? Al contrario. López Obrador, que comenzó arando en ese desierto
cuando apenas unos cuantos mexicanos estaban interesados en enfrentar la
corrupción, está ahora en un océano cada vez más poblado de anticuerpos contra
ese fenómeno.
López Obrador ha sido congruente y
consistente en su denuncia de corrupción de actores políticos y agentes
económicos a lo largo de su vida pública, y su biografía es reflejada en el
plan de gobierno con la afirmación de que, durante los últimos cinco años, los
casos que se han hecho públicos, han crecido de manera preocupante. “La
sociedad ve con enojo y frustración cómo gobernadores y funcionarios públicos
de los partidos políticos tradicionales han hecho de la corrupción una práctica
normal, mediante el robo directo de miles de millones de pesos, donde la
mayoría de los casos goza de impunidad y protección gubernamental”, indica el
documento. Una vez más, la subjetividad de una percepción que se ha ido
construyendo como una verdad.
De acuerdo
con Transparencia Internacional, citada en el mismo plan de gobierno, el 61% de
los mexicanos piensa que la corrupción ha aumentado y el 51% admite haber
pagado sobornos para poder hacer menos complicada su vida cotidiana, que es el
porcentaje más alto en todo América Latina, y muestra una sociedad plagada por
la putrefacción de ese mal. México está ubicado en el lugar 123 de 176 países
analizados, junto con naciones africanas controladas por líderes tribales o
jefes de organizaciones guerreras, y a la par de los déspotas del Medio Oriente
y Asia.
El plan de
gobierno recuerda la postura de López Obrador sobre la declaración reiterada
del presidente Enrique Peña Nieto de que la corrupción es cultural en México. “La corrupción no es un asunto cultural
ante el cual debamos resignarnos, ni una forma de ser de los mexicanos en
general, sino una desviación de los gobernantes que puede y debe ser erradicada”,
dice. “Por ello resulta fundamental
respetar la ley. Si hay voluntad para aplicarla, se puede atacar la impunidad
desde su raíz”. El documento no se
equivoca. El Instituto Mexicano para la Competitividad, que también es
citado, identifica la crisis de representación de los gobernantes frente a los
gobernados: 91% no confía en los partidos políticos, 83% no confía en los
legisladores, y 80% no confía en las instituciones del sistema judicial. El
rechazo es generalizado.
En la última
encuesta de aprobación presidencial elaborada por la empresa Buendía &
Laredo para El Universal, la aprobación de Peña Nieto mostró su cuarta alza del
año, y se colocó en 31%, como resultado del activismo y protagonismo del presidente
durante los sismos de septiembre. Sin embargo, la desaprobación –6.4 de cada 10
mexicanos–, sigue siendo la más alta que ha tenido un presidente mexicano en su
quinto año de gobierno.
Los datos le
dan la razón a López Obrador. El énfasis que colocó en el plan de gobierno
atiende perfectamente las frustraciones y molestias de la mayoría de los
mexicanos. A cuántos de ellos que no forman parte del núcleo duro de electores
que tiene –alrededor de una tercera parte del electorado– va a convencer con
este planteamiento, aún no se sabe. Sin embargo, la corrupción es el tema que más enciende a los mexicanos. En las cinco variables que presenta el
Barómetro de la Corrupción de Transparencia Internacional sobre qué opinan los
mexicanos sobre el fenómeno, rechazan las cuatro que tienen que ver con lo que
se ha hecho para combatirla, y expresan su disgusto con los niveles de
corrupción. El 74% señala que son las personas, no los políticos, quienes
pueden cambiar las cosas.
La lectura de López Obrador es
certera en términos electorales. “El estancamiento, el deterioro, la desigualdad y la
corrupción no son los únicos destinos posibles de México”, indica el documento.
“Cambiar esta circunstancia nacional siempre ha estado en nuestras manos”. La
cruzada que tiene el candidato extraoficial a la Presidencia de la República
marcha por una buena dirección para ir ganando adeptos en su tercera búsqueda
por el poder.
La corrupción se ha vuelto vomitiva y
AMLO es el único, hasta ahora, que ha dicho de frente que la combatirá.
¿Alguien
quiere construir una candidatura competitiva? Este tema es el principio del
camino.
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