El Órgano de
Fiscalización (Orfis) y la Comisión de Vigilancia del Congreso local ya
interpusieron un total de 11 denuncias en contra de exfuncionarios de Javier
Duarte, quienes presuntamente desviaron recursos y fueron detectados en el
informe de resultados de la Cuenta Pública 2016, alusivo a los últimos diez
meses de gestión del exmandatario priista antes de que huyera a refugiarse al
balneario turístico de Panajachel en Guatemala.
El listado simple de las querellas,
entregado por el presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso, Juan
Manuel Unanue, detalla que a Finanzas y Planeación y a Seguridad Pública se les
detectó un quebranto patrimonial por 2 mil 234 millones 169 mil 11 pesos.
“Son dos mil 257 millones 930 mil
pesos de transferencias de recursos del Fondo de Infraestructura Social
Municipal (FISM) que no llegaron a los municipios, pero sí a otras cuentas
bancarias, los exfuncionarios no presentaron la evidencia del reintegro de
dichos recursos”,
expuso Unanue.
En el caso de los 76 millones, 239
mil 111 pesos, estos recursos corresponden a pagos realizados en el ejercicio
2016 a dos proveedores de la SSP, cuyo pago no se justifica y tampoco existe
contrato de por medio.
Además, se pusieron dos denuncias ante la Fiscalía
General del Estado contra ex servidores públicos del Seguro Popular y de la
Sedarpa por un desvío de 314 millones 555 mil 393 pesos en traspasos
irregulares, en donde los recursos de programas del campo y del Seguro Popular
no se aplicaron a los fines específicos para lo que fueron presupuestados.
“En el caso del Seguro Popular hubo
traspasos de recursos entre cuentas correspondientes a ejercicios anteriores y
que los recursos asignados para cada programa no se aplicaron a los fines
específicos. En el caso de Sedarpa falta evidencia documental en la entrega de
los recursos a los beneficiarios finales de programas”, se puntualizó.
El último paquete de denuncias
interpuesto en esta semana corresponde a un daño patrimonial no resarcido por
dos mil 348 millones 533 mil 68 pesos en contra de varias dependencias
públicas.
También destaca un millón de pesos donados por el
Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) a la Asociación Civil Promotora
Deportiva Veracruzana AC, sin comprobación del ejercicio del gasto. Dicha
promotora alude al equipo profesional Halcones Rojos, hoy ya extinto y cuyo
último presidente es el actual diputado federal priista Tarek Abdala Saad.
Además, una querella ante la FGE por el desvío de
mil 249 millones 318 mil 200 pesos por transferencias de recursos de programas
y fondos federales traspasados a otras cuentas bancarias no especificadas en la
Secretaría de Finanzas y Planeación y donde tampoco existe evidencia del
reintegro a la Tesorería.
Asimismo, tres denuncias por mil 26 millones 863 mil
670 pesos por la contratación de tres préstamos quirografarios, de los cuales
no se presentó documentación alguna que compruebe los ingresos, registro y
destino a inversión pública.
Y una querella ante el Instituto Veracruzano
de Bioenergéticos por 53 millones 351 mil 197 pesos, correspondientes a la
cancelación de proyectos productivos sin soporte documental, cuyo dinero sí se
ejerció. Dicha dependencia fue dirigida durante el gobierno de Duarte por el exdiputado
federal panista Osiel Castro de la Rosa.
La última querella alude a
irregularidades en el Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario
(Fiverfap) por un daño patrimonial de 18 millones de pesos, recursos que se
“extraviaron” en cuentas bancarias del gobierno y en las que exfuncionarios no
presentaron evidencia de su reintegro, pues el programa de fomento agropecuario
no se llevó a cabo.
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