Consuelo
Morales, presidenta de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos
Humanos (Cadhac), sostuvo que hubo más
de 50 muertos en el motín del martes 10 de octubre en el penal de Cadereyta, y
reveló incluso que algunos reclusos fueron violados con macanas durante el
operativo para retomar el control del reclusorio.
En tanto, el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, El
Bronco, sostuvo en un breve comunicado que hubo 18 decesos en el incidente
violento y aclaró que ninguna dependencia estatal ha recibido denuncias por la
desaparición de más reos.
La hermana
Consuelo ofreció este jueves una conferencia de prensa en las instalaciones de
Cadhac, donde enumeró las torturas a las que fueron sometidos los internos que
se amotinaron en el interior de la cárcel estatal, desorden que fue provocado,
según la autoridad, por desavenencias entre grupos internos.
“De acuerdo con los testimonios
obtenidos por Cadhac, los internos fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos
y degradantes tales como golpes, uso de balas de goma, uso de armas letales,
fracturas en manos, piernas, cabeza y cráneo, internos violados con macanas e
internos aventados varios pisos por las escaleras”, explicó la ONG en un comunicado que
difundió tras su presentación ante los medios.
También acusó que el atropello a los
derechos humanos de las personas privadas de su libertad continuó después de
que los disturbios fueron atomizados, pues persistió la falta de atención
médica, de alimentación y de acceso a la comunicación telefónica de sus
familias.
También los reos fueron hacinados desnudos y
constantemente criminalizados por parte de las autoridades, expuso Morales
Elizondo.
Enseguida reiteró que la cifra de
fallecidos que han obtenido es mucho mayor a la que dio a conocer la
administración de “El Bronco”, luego de que policías ingresaran a la penitenciaría para
rescatar a tiros a dos celadores que iban a ser arrojados al vacío desde el
techo de un dormitorio.
Como lo
señaló desde el miércoles pasado, cuando reveló la nueva cifra de internos
masacrados, la activista dijo que obtuvo
el dato con base en más de 400 reportes y entrevistas con familiares que
acudieron con personal del organismo en busca de asesoría legal y
acompañamiento.
“Reportan que al menos 50 personas
privadas de la libertad perdieron la vida durante los hechos violentos
ocurridos en Cadereyta. Si bien resulta gravemente preocupante la discrepancia
en las cifras, es necesario resaltar que es obligación del Estado brindar
protección a la integridad física y moral, bienestar y seguridad a las personas
privadas de libertad; de manera que los hechos son inaceptables
independientemente del número de personas fallecidas y lesionadas”, sostuvo.
A nombre de
Cadhac, Consuelo Morales aclaró que tuvo
que compartir esta información como una forma de expresar las preocupaciones de
las víctimas y sus familias, frente a un manejo oficial de información lento,
opaco e impreciso.
“Ante esta situación, las familias se
desplazaron a las instalaciones del penal para intentar conocer la condición de
su ser querido. La respuesta de la autoridad, lejos de ser asertiva, fue
agredirlos con armas químicas, burlas, amenazas, acoso sexual y
criminalización”, expuso Morales.
Por lo
anterior, pidió una investigación
efectiva que esclarezca los hechos de los días 9 y 10 de octubre, misma que
garantice la reparación de los daños a los afectados y que la autoridad asuma
garantías de no repetición, por lo que buscan que en esta indagatoria participe
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
También pugna por que se analice si
fue apropiado el uso de armas letales de parte de la policía Fuerza Civil y se
investiguen los tratos inhumanos y degradantes.
Igual demandó que los mandos responsables de la
seguridad y el bienestar de los internos de Cadereyta sean separados del puesto
mientras es efectuada la correspondiente investigación de los hechos.
“Seguiremos dando por válido el
testimonio de víctimas y familias hasta que no haya una investigación
pertinente y transparente, que demuestre lo contrario”, concluye el comunicado.
La administración de El Bronco dijo
que indaga los hechos y auxiliará a los afectados.
“El gobierno
del estado muestra su disposición a investigar a fondo denuncias sobre los
hechos registrados en el penal de Cadereyta, brindando la debida atención y
protección a las víctimas y realizando las acciones necesarias para que los
responsables de los delitos que pudieran resultar sean sancionados”, expuso en
la respuesta oficial a los señalamientos de Cadhac.
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