Raymundo Riva Palacio.
Las ganas,
sin escuchar razones, dominan las acciones de Andrés Manuel López Obrador.
Generalmente, sobre todo en acciones fundamentales, como fue la sugerencia de
sus asesores de no realizar el plantón en Paseo de la Reforma en protesta por
el resultado de la elección que le dio a Felipe Calderón la presidencia, por el
costo que entrañaría. Como lo advirtieron, aquella protesta que trastocó la
actividad económica en la Ciudad de México se le sigue recordando de manera
negativa. Este tipo de exabruptos
políticos no los ha corregido. El gabinete que presentó en el arranque de la
precampaña presidencial con el cual gobernaría en caso de llegar a Los Pinos en
2018, es otro de esos ejemplos señeros. Los nombres de su equipo fueron
recibidos con respeto, pero valorado en términos generales como un gabinete de
segunda división.
La culpa no es de ellos, sino de la
necedad de López Obrador por hacer el anuncio el 14 de diciembre, sin quererlo
aplazar un día más, y por haber dejado sin explicación cuáles fueron los
motivos detrás de algunos de los nombramientos. Tal es el caso de Olga Cordero,
a quien llevaría como secretaria de Gobernación, que fue un nombramiento que no
se entendió por la nula experiencia de la abogada que, antes de ser ministra de
la Suprema Corte de Justicia que construyó el expresidente Ernesto Zedillo en
1995, era notaria. La señora Cordero no está por su experiencia, sino que es el
guiño más grande que le ha hecho el puntero en las preferencias electorales al
empresariado. Cordero es la gran pieza de los empresarios en el gabinete de López
Obrador, un enlace que les daría confianza y certidumbre de que, en caso de
llegar a la presidencia, no habría una cacería de brujas contra ellos.
De cualquier
manera, la señora Cordero no le da mayor lustre que el efímero impulso que le
dará el nombramiento. Otros de mucho mayor envergadura, que habrían provocado
en muchos la reflexión de que López Obrador es muy diferente en términos de
aplomo y visión que el de 2006 y 2012, los echó a perder, no por no haber
crecido y madurado políticamente en todos estos años, sino porque no quiso
esperar unos pocos meses, antes de iniciarse la campaña presidencial, para que
pudieran sumarse dos personas que habrían revolucionado su campaña y potenciado
sus probabilidades de triunfo.
Uno de ellos
fue Santiago Levy, el vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo,
subsecretario de Hacienda en el gobierno de Ernesto Zedillo y director del
Seguro Social durante el gobierno de Vicente Fox, pero quien en los 90 fue el
arquitecto principal del programa Progresa-Oportunidades, que sirvió de ejemplo
a varios gobiernos en el mundo, como el de Inazio Lula da Silva. Levy estaba
dispuesto a sumarse al equipo de López Obrador, pero no podía hacerlo en este
momento sino hasta la primavera, cuando estuviera libre de compromisos
adquiridos con universidades en Estados Unidos, donde una de las restricciones
es que no puede hacer política. López Obrador se tuvo que conformar con Carlos
Urzúa, que fue secretario de Finanzas en el primer medio del gobierno del
precandidato en la Ciudad de México.
Otra fue
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América
Latina, que depende de la Organización de las Naciones Unidas, donde
previamente fue la coordinadora de su programa de desarrollo sustentable. López
Obrador le ofreció a Bárcena la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero una
vez más, cuando el enviado del precandidato a Chile, la sede de la CEPAL, le
hizo la propuesta, le respondió que aceptaría, pero no antes de la primavera
–al igual que Levy–, por tener compromisos contraídos en la organización que
dirige. Tampoco quiso esperar López Obrador y nombró a Héctor Vasconcelos,
diplomático de carrera, pero enfocado en las artes. Vasconcelos será, sin
embargo, una figura. Detrás de él se encuentra un equipo diplomático y político
altamente competente y con relaciones privilegiadas en Washington y Nueva York,
que son los que ya están trabajando la candidatura de López Obrador con las
cancillerías de varios países.
No se
entiende por qué López Obrador no mantuvo en reserva los nombramientos en las
carteras de Hacienda y Relaciones Exteriores, para poder dar un campanazo
nacional e internacional, como sí lo hizo para el cargo de secretario de
Seguridad Pública, que en su diseño de gobierno volverá renacer como Secretaría
y eliminará de la degradación administrativa –con todo su costo y
consecuencias– que provocó el presidente Enrique Peña Nieto al aprobar a su
secretario de Gobernación la absorción de esa dependencia. Ese cargo está
reservado para Marcelo Ebrard, quien ya lo tuvo, a nivel local, cuando López
Obrador gobernó la Ciudad de México.
Las prisas
de López Obrador produjeron un gabinete que, en la parte positiva, no presenta
un armado a partir de cuotas políticas sino, en ese sentido, es serio y
pragmático al incorporar formalmente a personas que trabajaron con él durante
estos meses, con quienes nunca había estado cerca, como Esteban Moctezuma,
quien asumiría la Secretaría de Educación, y que ha sido pivote en algunas de
las nuevas alianzas que ha ido construyendo el equipo del precandidato.
Moctezuma fue secretario de Gobernación y de Desarrollo Social en el gobierno
de Ernesto Zedillo, cuyo nombre siempre ronda en torno a López Obrador. La
parte negativa es la mediocridad, medida en términos de opinión pública. López
Obrador presentó lo que tuvo listo el 14 de diciembre. Se apresuró y perdió. El
ímpetu, sin razonar, le sigue costando.
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