Organizaciones de la sociedad civil,
organismos internacionales y diputados de oposición acusaron que la Ley de
Seguridad Interior contiene fallas constitucionales que contravienen a los
derechos humanos, por lo que pidieron no aprobarla.
El pasado
jueves la Cámara de Diputados aprobó con 248 votos a favor, 115 en contra y 48
abstenciones la Ley de Seguridad Interior, y los últimos llamados a no aprobar
la minuta se dan a tan sólo horas de que el Senado de la República la discuta y
eventualmente la apruebe.
El Diputado Víctor Sánchez Orozco
expuso que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) aplicó la
“aplanadora”, sin discutir a fondo la iniciativa, presentada por el jefe de la
bancada del PRI César Camacho Quiroz en noviembre del año pasado.
“El PRI se aferró a sacar una ley que
de origen es inconstitucional, porque el artículo 73 de la Constitución no da
facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad
interior”, señaló
Orozco, quien fue coordinador de delegados regionales en la Procuraduría
General de Jalisco.
En
entrevista, el General Francisco
Gallardo Rodríguez explicó que la minuta que está por aprobarse “no obstante
que es de carácter ilegal, es inconstitucional porque contraviene los artículos
129 que tiene que ver con la civilidad del Estado, y que dice que, en tiempos
de paz, el Ejército no podrá realizar funciones”.
Sin embargo,
la lista de inconstitucionalidades es
más amplia. La organización Mexicanos Unidos enlistó entre otros artículos que
se violentaron el número 21, que asigna las tareas de seguridad pública a las
policías del país; y el 29, que dispone en qué casos se pueden suspender las
garantías individuales.
“Creo que de origen es
inconstitucional y, en consecuencia, si en el Poder Legislativo alcanzamos el
33 por ciento de los diputados podemos ir a una controversia constitucional.
Creo que la Suprema Corte de Justicia va a echar para atrás esa ley”, sostuvo
el Diputado Orozco.
La Organización de Naciones Unidas
también manifestó su preocupación por esta ley y advirtió de posibles
violaciones a la Constitución Política de México, así como inconvencionalidad
“a los criterios que han planteado tanto organismos de Naciones Unidas como del
Sistema Interamericano de derechos humanos”.
En una
misiva enviada al Senado de la República, Jan Jarab, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expuso que una reforma así
“generaría riesgos para la vigencia de los derechos humanos, no aportaría
soluciones reales para enfrentar los enormes retos que en materia de seguridad
enfrenta el país, fortalecería el statu quo, reduciría los incentivos para
profesionalizar a las instituciones civiles y favorecería la consolidación
del paradigma militar en materia de seguridad, el cual no ha reducido la
violencia y ha aumentado las violaciones a los derechos humanos”.
Y criticó que “la ley utiliza
conceptos ambiguos y laxos que favorecen una aplicación extensiva, discrecional
y arbitraria. Conceptos tales como ‘seguridad interior’, ‘acciones de seguridad
interior’, ‘amenazas a la seguridad interior’, ‘riesgo a la seguridad
interior’, entre otros, se definen de manera laxa. Algunos otros, como el
concepto de “actos de resistencia” carecen por completo de definición a pesar
de su relevancia.
Por su
parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también manifestó
en un comunicado su preocupación debido a que normalizaría la actividad de las
Fuerzas Armadas en las calles. “En
México, la experiencia demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en
tareas de seguridad interna en general viene acompañada de violencia y graves
violaciones a los derechos humanos”.
En su visita
a México en 2015, la Comisión recordó
haber constatado que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de
seguridad aumentó los casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura, y
desaparición forzada, así como mayores niveles de impunidad.
En el sexenio foxista se presentaron
mil 135 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra las
fuerzas armadas, de acuerdo con datos recolectados por el Centro de Derechos
Humanos Agustín Pro Juárez. En tanto que en 10 años que abarcan el sexenio de
Felipe Calderón Hinojosa y los primeros cuatro de Enrique Peña Nieto se presentaron
más de 10 mil 751 quejas.
La CIDH
reiteró la recomendación hecha antes en el informe sobre los derechos humanos
del país de desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas
Armadas, “las obligaciones asumidas por
los Estados exigen políticas públicas sobre seguridad y combate al crimen que
prioricen el funcionamiento de una estructura institucional eficiente. Ésta
debe garantizar a la población el efectivo ejercicio de los derechos humanos
relacionados con la prevención y el control de la violencia y el delito, incluido
el crimen organizado. En este sentido, es imperativo que el Estado mexicano
reafirme su compromiso con los derechos humanos atendiendo las recomendaciones
y los llamados de las organizaciones de la sociedad civil, la Comisión Nacional
de Derechos Humanos (CNDH) y de organismos internacionales. Por ello el Estado
debe evitar la militarización de la seguridad pública, adoptar las medidas
necesarias para fortalecer la policía, y garantizar un sistema de justicia
autónomo e independiente”.
RIEGOS
CONTRA LA LIBRE PROTESTA.
Esta mañana organizaciones de la
sociedad civil como Defensoría de Derechos Humanos General Gallardo A.C. y
Mexicanos Unidos advirtieron de los riegos que podría conllevar la ley de
Seguridad Interior a la libre protesta.
El próximo
julio México elegirá 3 mil 400 cargos a nivel local y federal, incluida la
Presidencia de la República.
“Esta ley de seguridad interior es
parte de una estrategia para atemorizar al pueblo de México, y hay coyuntura
electoral. Hay un gran riesgo de que no triunfe el candidato del sistema y
están pensando desde ahora cómo van a reprimir la protestas, porque ya se prevé
el fraude”, sostuvo
Enrique González Ruíz, miembro de la Defensoría de Derechos Humanos General
Gallardo A.C.
Una óptica
con la que concuerda el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso. “Se coarta el derecho a la
libre manifestación. EPN quiere que nos manifestemos sin decir nada. ¿Cómo
vamos a expresar nuestro malestar, si se supone que cuando alguien se
manifiesta es porque hay una afectación de derechos?”, dijo el Diputado
federal Alfredo Basurto Román, quien es miembro de la Comisión de Defensa.
Al preguntársele
por qué no hubo participación dicha Comisión, como sí la hubo de la de
Gobernación, explicó que “Se pidió más
bien la opinión de la Comisión de Seguridad Pública, y se le dio otro tinte y
jerarquización porque en la de Gobernación están todos los coordinadores”.
La ONU en su
anexo a la carta enviada a la Cámara alta se pronunció en el mismo sentido: No
obstante que la ley regula tanto las ‘amenazas a la seguridad interior’ como el
‘riesgo a la seguridad interior’, “la norma prevista en el artículo 8 sí
incluye a la protesta dentro del ámbito material de la norma pues solamente
impide que la misma sea considerada ‘amenaza’, más no ‘riesgo’.
Además, el
hecho de condicionar las movilizaciones a su realización pacífica a efecto de
excluirlas –parcialmente- del objeto material de la ley trastoca el principio
de racionalidad y necesidad, pues permitiría que aquellas que no se realicen de
manera pacífica puedan estar sujetas al alcance de la ley y de las autoridades
encargadas de su aplicación, incluidas las Fuerzas Armadas. Lo anterior, al
arbitrio de la autoridad”.
Para el Diputado federal, la
discusión en el Senado mantendrá las posturas ya planteadas por las bancadas en
la Cámara baja, y en donde el Partido Acción Nacional (PAN) se presentó
dividido a la hora de votar con 48 abstenciones, 14 a favor y 17 en contra.
El Diputado
panista Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad Pública,
expuso que su bancada lamentó que la aprobación de la ley de Seguridad Interior
no fuese acompañada con la aprobación de una Ley de Mando Mixto, que pondría a
ciertas policías municipales bajo el mando estatal.
“[Los del PRI] se quieren congraciar
con las Fuerzas Armadas aun cuando no represente una solución de fondo al país.
Nosotros respetamos a las Fuerzas Armadas, fuimos el primer grupo político que
presentó una iniciativa en noviembre del 2015 al respecto. Por eso la postura
generalizada de abstención”, indicó.
La minuta ahora deberá ser discutida
por el Senado de la República este martes en las comisiones de Defensa
Nacional, Gobernación, Marina y Estudios Legislativos.
En redes
sociales, doscientas organizaciones civiles que conforman el colectivo
#SeguridadSinGuerra iniciaron una recolección de firmas, para que los senadores
no den luz verde a la iniciativa presentada por el PRI, además de una campaña
de correo electrónicos a los 128 legisladores que conforman el órgano
legislativo para que voten en contra.
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