En Sedesol se tomó la foto, y en Hacienda nos cortó presupuesto, le reclaman campesinos a Meade.

El día de su destape, el precandidato priista José Antonio Meade Kuribreña fue arropado por la Confederación Nacional Campesina (CNC) adherida al Partido Revolucionario Institucional (PRI), a quien pidió juntos “sembrar la semilla del progreso”. Entre tamboras y mariachi, añadió que “es el momento de que se llenen de trigo los graneros”.

Sin embargo, líderes campesinos y jornaleros que se reunieron este martes para presentar un Plan Alternativo de Nación aseguraron que, durante su gestión en Banrural, en la Secretaría de Desarrollo Social y en la de Hacienda no los apoyó y recortó el presupuesto al campo para 2018 por lo que “le deben la miseria”. No hay ninguna razón para que “un tecnócrata” pro-neoliberalismo que, dicen, continuará apoyando solo a los grandes productores, cuente con su respaldo.

Para el Presupuesto 2018, como Secretario de Hacienda y Crédito Público, mandó en septiembre al Congreso de la Unión la propuesta de recortar 6 mil 272 millones de pesos al presupuesto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), lo que representa un 8.8 por ciento menos respecto al 2017 al egresar 64 mil 325 millones de pesos, un nivel similar a 2008.

Max Agustín Correa Hernández, miembro de El Campo es de Todos, lo conoció en ese tiempo cuando él participaba en el Congreso Agrario Permanente. El representante de los campesinos acusó que de Meade “nunca vimos que se construyera una verdadera política de apoyo al campo”. Banrural, documentó, acreditaba 10 millones de hectáreas y la Financiera Rural no ha llegado ni a 600 mil hectáreas.

Durante el sexenio panista de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), el precandidato priista fue Secretario de Hacienda y Crédito Público (septiembre 2011-noviembre 2012). Durante ese año de gestión solo propuso al Congreso el Presupuesto de Ingresos para 2013. A la Sagarpa se le aprobaron 75 mil 400 millones de pesos, casi tres por ciento más que los 71 mil 378 millones de 2012. Procampo recibió 2 mil millones de pesos en 2013 frente a los mil 851 millones de pesos en 2012 y el Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo 103 millones de pesos en ambos años. Para 2018 no repitió la misma fórmula.

“La producción del maíz, frijol, trigo, arroz –productos básicos en los que el campo mexicano era competitivo hace 40 años– se ha desincentivado por programas como Procampo y hoy su importación está muy por arriba. Estos programas generaron que el sector campesino se conformara con un pequeño incentivo produjera o no”, determinó Daniel Zúñiga Maldonado, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala.

Desde su experiencia en el campo, Daniel consideró que el precandidato a la presidencia del PRI no ha generado ni ha promovido acciones en beneficio del campo mexicano en los diferentes espacios y programas que ha gestionado.

“En obediencia al Banco Interamericano de Desarrollo, al Fondo Monetario Internacional y a la Organización Mundial del Comercio, y como parte de la aplicación de la política neoliberal en México, no ha estado en beneficio del campo mexicano, por lo tanto, no es una opción para reactivar la economía del país”, acusó.

Lorenzo Rodríguez, del Sindicato Independiente de Jornaleros de San Quintín (Baja California), contó a este portal digital que luego de su levantamiento contra las precarias condiciones laborales el cambio ha sido mínimo. Desde 2002 ganaban entre 90 y 120 pesos diarios y actualmente obtienen entre 150 y 200 pesos por jornadas de ocho o diez horas, aún sin seguridad social.

“Lo más importante del movimiento fue demostrar al gobierno y a los sindicatos charros que los jornaleros ya no estamos dispuestos a seguir soportando estas explotaciones que se viven día a día en todos los campos de México”, afirmó. “El 80 por ciento de los jornaleros están en un trabajo informal al no estar afiliados al seguro social o tienen representación de un sindicato patronal”.

Contó que tuvieron algunas reuniones con Meade cuando era el titular de la Sedesol. Aunque hizo algunas promesas sobre programas sociales para trabajadores del campo, solo se lograron mil 500 becas. “No vimos una disposición”, dijo.

–¿Lo apoyarían como candidato?

–Por supuesto que no lo apoyaríamos –contestó riendo–No queremos seguir viviendo en este mismo régimen.

José Jacobo Femat, de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (COCyP), aseguró que José Antonio Meade “es un hombre del sistema formado dentro de la cópula priista y panista que ha gobernado el país en los últimos 30 años”. Al haberse formado dentro de la élite tecnocrática, representa al gran capital trasnacional y comparte la visión del modelo neoliberal”.

Miguel Ángel Rodríguez Castro, de la Central Cardenista de Jalisco, coincidió en que conocen el desarrollo político de Meade y es “un tecnócrata que desconoce la situación del campo”.

“Como candidato del PRI no tiene una propuesta clara para el campo. Lo que ellos quieren es desaparecer todos los subsidios que hay como el Proagro. No vemos ninguna posibilidad de que reactive una política específica para el campo a través de su visión de impulsar a los grandes productores”, aseguró.

EL GASOLINAZO Y EL RECORTE AL CAMPO.

Luego de la salida del ahora Canciller Luis Videgaray Caso, su amigo José Antonio Meade regresó a la Secretaría de Hacienda (septiembre 2016-noviembre de 2017). Los campesinos consultados acusaron que “les recetó” el incremento a los combustibles, lo cual también afectó la productividad agropecuaria, y les recortó el presupuesto para el siguiente año.

Al arranque del 2017, los precios promedio a nivel nacional de la Magna, Premium y diésel aumentaron entre 14 y 20 por ciento, que –junto con el alza del dólar– terminó elevando la inflación. Entre los valores que componen el precio final de la gasolina, además del precio de referencia y logística, está el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS). Los ingresos tributarios gestionados por Hacienda han compensado la caída de los ingresos petroleros a raíz de la caída de producción y precios internacionales desde mediados de 2014 a 2016. Para 2018 el IEPS petrolero implica el 5.6 por ciento de los ingresos públicos totales.

Max Agustín Correa aseguró que de regreso como Secretario de Hacienda “nos recetó el gasolinazo”, una propuesta de presupuesto a la baja y la eliminación de programas sociales y productivos que apuntalaban al minifundio (agricultura familiar).

Para el Presupuesto de 2017, todavía Luis Videgaray Caso fue quien propuso un presupuesto de 62 mil 158 millones de pesos al campo, un recorte de 26 por ciento respecto a 2016. El Congreso aprobó un recorte de 16 por ciento.

Su sucesor mandó la propuesta para el Presupuesto 2018: recortó 6 mil 272 millones de pesos a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), un 8.8 por ciento menos respecto al 2017.

Los dos principales programas de la Sagarpa que registran ajustes a la baja son el de Fomento a la Inversión y Productividad, con 5 mil 911 millones de pesos, una disminución de 14.25 por ciento, y el de Apoyos a la Comercialización, con mil 173 millones de pesos, un 12.45 por ciento menos.

En octubre, el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, José Erandi Bermúdez Méndez (PAN), acusó que el Presupuesto de Egresos 2018 enviado por José Antonio Meade propuso recortes por casi 12 mil millones de pesos a todo el sector del campo, a pesar de que 27 millones de mexicanos dependen y viven del campo, y que el agro genera 8.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

RECUPERAR EL CAMPO Y SACARLO DEL TLCAN.

Durante un encuentro de dirigentes sindicales, campesinos y de la sociedad civil celebrado en la Biblioteca de México se propuso, como parte de un Plan Alternativo de Nación, resolver la crisis del campo acentuada por el TLCAN, ya que su abandono se ha traducido en una dependencia alimentaria que se nota en el predominio de las grandes compañías trasnacionales y la expulsión de mano de obra hacia Estados Unidos.

Respecto a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), reiteraron que se retire el capítulo agropecuario.

Daniel Zúñiga Maldonado dijo que el campo es clave porque si no se reactiva la producción del campo mexicano, “estaremos muy lejos de hablar de una potencia económica”.

Desde la firma del TLCAN hace 23 años, exigieron que el apartado agropecuario fuera retirado porque vulneraría la soberanía alimentaria del país al desplazar la producción nacional y generaría migración del campo si no se aplicaba una política adecuada para la reactivación y producción. Eso pasó, lamentó Zúñiga.

José Jacobo Femat dijo que para garantizar la autosuficiencia alimentaria el campo mexicano requiere una nueva política económica, social, ambiental y cultural alterna al neoliberalismo.

“Tenemos 35 años de aplicación de una política neoliberal que ha fomentado el cambio de la propiedad de social a privada y eso implica a la tierra como una mercancía que ha sido agotada”, expuso.

Este modelo ha provocado que 6 millones de jóvenes han migrado del campo hacia las ciudades o Estados Unidos porque no hay empleo o un salario justo por los productos generados ni estímulos que garanticen créditos, inversión e infraestructura, documentó.

El TLCAN ha sido un instrumento de fortalecimiento del mercado norteamericano, consideró Femat, porque si bien hay productos nacionales que se exportan, como el aguacate, tomate o cacahuate, en productos como la cerveza y el tequila no favorece la exportación a los campesinos sino a las empresas trasnacionales.

Correa Hernández destacó que el tema de los alimentos debe verse como un tema de seguridad nacional y de derechos humanos.

“Debe apuntalarse la productividad y competitividad de la agricultura familiar (campesina e indígena en el centro y sureste del país) para garantizar la soberanía alimentaria con comida sana y con precio justo”, expuso.

Miguel Ángel Rodríguez Castro y Max Agustín Correa Hernández destacaron que en Estados Unidos los productores agropecuarios reciben altos subsidios y aquí, con el TLCAN, se les retiró el banco de crédito ejidal y el apoyo en fertilizantes. Por ello los pequeños productores no tienen capacidad de exportar.