El pasado 7 de diciembre, los
senadores priistas, Tereso Medina Ramírez, quien es miembro de la Confederación
de Trabajadores Mexicanos (CTM) desde 1980 y quien ha ocupado varios puestos
dentro de esa organización, e Isaías González Cuevas, integrante y ex
funcionario de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y
quien sólo tiene estudios de secundaria, presentaron al Senado de la República
la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo. AHÍ
PROPONEN QUITARLE TODOS LOS CANDADOS A LA SUBCONTRATACIÓN; ES DECIR, ABRE LA
PUERTA DE PAR EN PAR AL OUTSOURCING O SUBCONTRATACIÓN, CON EL MÍNIMO DE
PRESTACIÓN LABORAL.
Se trata de
cambios al Artículo 15 A de la actual Ley y es, por completo, una iniciativa priista. De aprobarse tal cual fue
presentada, dejaría como única obligación de una empresa con sus trabajadores,
registrarlo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y darle
constancia de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
La propuesta
se presentó el pasado 7 de diciembre, cuando en el Senado la atención estaba
puesta en la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. La Ley forma parte de
las leyes secundarias que están contempladas en materia y que deben emitirse
antes de febrero de 2018.
De acuerdo
con expertos en materia laboral consultados por SinEmbargo, si la Ley pasa como está podría tener
efectos en términos de desigualdad y bienestar en los mexicanos, ya que, si
el Gobierno federal busca avanzar hacia la flexibilización laboral, debería
proponer a la par políticas para dar a los trabajadores contratados por
outsourcing, acceso a la salud, una pensión, seguro de desempleo,
indemnización, etcétera. O sea, todas las prestaciones.
Además, en el terreno de las cifras y la
experiencia, resulta evidente que esta política laboral no ha dado los frutos
esperados en bienestar ni en generación de empleos de calidad.
Actualmente, la Ley establece ciertos topes a la
contratación vía outsourcing. Por ejemplo, está prohibido que todo el personal
de una empresa completa esté contratado bajo ese esquema, no se puede contratar
de esa manera a alguien que realice el mismo trabajo que alguien contratado
directamente, no se permite si la empresa se deslinda de sus obligaciones
patronales o si busca transferir a sus trabajadores para tener menores derechos
laborales.
Con la
iniciativa, sería ahora la empresa que
contrata, la que informaría regularmente a la empresa sobre los cumplimientos
de sus obligaciones laborales y pasaría a ser la nueva figura patronal.
“Las empresas contratistas se
entienden patrones respecto de sus trabajadores aun cuando éstos desempeñen
labores a favor de un tercero y deberán cumplir con la responsabilidad que de
esto se derive”, se
puede leer en el documento presentado.
La
contratista deberá informar de manera periódica a la contratante respecto del
cumplimiento de todas las obligaciones de carácter laboral, de seguridad
social, salud y medio ambiente. Para este efecto los contratantes deberán
pactar la forma en la que se dará cumplimiento a esta obligación debiendo
contar por escrito en el contrato de servicios.
Otros efectos que se han encontrado
son mayores trámites para el emplazamiento a huelga y cambios en las garantías
vigentes en materia de aviso de despido por escrito y en el procedimiento.
SinEmbargo buscó la postura de los senadores priistas
Tereso Medina e Isaías González, pero no hubo respuesta alguna.
ABUSOS A LA
VISTA, ALERTAN.
Sobre la
iniciativa presentada, Héctor Villarreal Páez, Director general del Centro de
Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), comentó que, por un lado, está
la gente que está a favor del outsourcing y argumenta que quitarle trabas
permite disminuir desempleo y la contratación se hace más fácil, razones por
las que sería aceptable esa modalidad. Pero
el problema, agregó, es que la experiencia ha demostrado que es un esquema que
se presta al abuso por parte de patrones y pseudo-empresas, con la idea de no
pagar prestaciones, de reducir costos a pesar de tener trabajadores a los que
se les renueva el contrato cada cinco meses para que no alcancen a generar
antigüedad, que no tienen prestaciones ni seguridad social.
“Habría ganadores y perdedores:
veríamos que el desempleo baja y por otro una pauperización de los empleos. Si vamos a transitar a esquemas de
este tipo, se tienen que discutir muchas
cosas más de manera paralela. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con
seguridad social, lo que sucederá con sus servicios de salud, con las
pensiones. Entonces tendríamos que estar pensando en un estado mexicano, en un
gobierno donde estas cosas se pagan con impuestos y no con cuotas. Eso
permitiría una lógica diferente, pero ahora, por cómo está la iniciativa, se puede arreglar una pata, pero
descomponer otra”,
Aclaró que en el momento en que se
pasa a una flexibilización total tendrían que establecerse los términos en los
que quedaría la seguridad social y quién sería el responsable de garantizarla;
“tratar que no se preste para un abuso, porque ha aumentado el número de
empleos, pero no la calidad, necesariamente; esa no aumenta por decreto. Si con
el nivel salarial, todavía quitas más, se pueden tener efectos en términos de
desigualdad y bienestar”.
LEY DE
PROTECCIÓN PATRONAL.
Para Miguel
Reyes Hernández, director del Observatorio de Salarios de la Universidad
Iberoamericana, cuando se aprobó esta
Ley federal del Trabajo, a la salida de Felipe Calderón, no se analizaron los
impactos sustanciales que se darían en la caída de los costos de contratación y
despido.
Explicó que cuando a un inversionista se le ahorra los
costos de contratación y despido, que es equivalente a bajar los salarios
reales, de la nómina, lo que se hace es mantener los niveles de rentabilidad o
elevarlos, pero eso no garantiza en absoluto que esa empresa vaya a aumentar
los niveles de inversión en el país.
“Es una falacia que esto es para
aumentar la inversión y que esto va a generar empleos, porque además, lo que ha
sucedido durante este sexenio, es que los empleos generados están entre 1 y 3
salarios mínimos y esto se debe a la Ley, que permite contratar personas por
tres meses, seis meses como aprendices sin tener contrato, sin
sueldo o con sueldo mínimo, o contratar al mismo trabajador que tiene 20 años
de experiencia por outsourcing, liquidarlo y contratarlo con la mitad del
sueldo que tenía haciendo las mismas funciones”, explicó.
Estas leyes han afectado el poder
adquisitivo de las personas. De acuerdo con las cifras de Reyes Hernández, mientras más grados de
escolaridad tenga un trabajador, el salario es más bajo: si el salario mínimo
ha perdido 3.9 por ciento y no ha ganado nada, los que tienen estudio de
licenciatura han perdido el 20 por ciento de su poder adquisitivo por las
políticas de flexibilización laboral.
Entonces, de relajar más la contratación y se abre
una vía para que el outsourcing pueda contratar a toda la empresa,
independientemente de las funciones del trabajador, se abaratará aún más la
fuerza de trabajo y México será, aún más, un país de salarios de hambre.
“le vamos a decir a los
inversionistas: vengan, nos abaratamos más”, sostuvo.
Para Reyes, esta medida se explica como una respuesta
del gobierno mexicano y los legisladores del PRI a la Reforma Fiscal de Estados
Unidos.
“México le dice a las empresas
norteamericanas, canadienses, no se vayan. Les dice que pueden contratar por la
vía del outsourcing y salen más baratos los costos laborales y la nómina en
general, todo a costa del nivel de vida de la gente, de los trabajadores, de la
posibilidad de movilidad social de la población más educada. A costa de todos y
del futuro. Esa es la respuesta del gobierno”, agregó.
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