La inversión millonaria de 167
millones de pesos para operar el Centro de Atención a la Salud Mental (CAISM),
ubicado en el suroriente de Ciudad Juárez, Chihuahua, no ha sido suficiente
para echar andar al 100% esta clínica que desde sus inicios fue pensada para
dar atención especializada a todas aquellas personas que han sufrido secuelas
por la violencia registrada en este municipio fronterizo con Estados Unidos.
A siete años
de su construcción y a tres de su inauguración, el centro sólo funciona para consultas externas y las actuales autoridades
argumentan que “sale carísimo” ponerlo a funcionar como centro de cirugía y
psiquiatría, área de hospitalización, área de urgencias y atención para las
adicciones, como originalmente fue concebido.
El centro
fue uno de los proyectos contemplados dentro de la estrategia Todos Somos
Juárez, que se implementó tras la masacre de 15 estudiantes en una vivienda del
Fraccionamiento Villas de Salvárcar, el 31 de enero de 2010.
En la actualidad, la Fiscalía General
del Estado (FGE) de Chihuahua tiene un convenio con el CAISM, el cual ofrece
únicamente consultas para atender a 10 sobrevivientes y familiares de las
víctimas de la masacre.
Para atender estos casos, en los que
la atención psiquiátrica es necesaria, la FGE canaliza a los pacientes a este
centro. Sin embargo, en caso de necesitar internamiento, deben ser trasladados
al Hospital Civil Libertad, ubicado en el Centro de Ciudad Juárez.
Información
opaca.
Luego de siete años de haber sido
construido, el CAISM, que se edificó con inversión federal y que cuenta con 8
millones 694 mil pesos en equipo, de acuerdo con el primer inventario de la
Secretaría de Salud, no cumple con el propósito por el cual fue creado: servir
como un hospital psiquiátrico en Ciudad Juárez y atender la demanda en
servicios de salud mental.
Este complejo se suma a otras grandes
edificaciones del sector salud, como el Centro de Formación Integral para la
Prevención y Atención a las Adicciones (CEFIPAA), que tampoco está en
operaciones.
La información relativa a ambos
centros y su construcción es opaca. “Es mucho reborujo, nadie sabe nada”: así se expresó la titular de la
Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud de Chihuahua, Wendy Ortega, al mencionar que la actual administración
tiene dificultades para localizar información pública, que no fue debidamente
documentada por la administración priista de Cesar Duarte.
Acosta
Chávez justificó que el motivo por el
que no opera en su totalidad el CAISM se debe a que “acaba de entrar una nueva
administración que apenas lleva un año, y todo ese desmadre que dicen que se
hizo (en alusión a la gubernatura de César Duarte)”.
Por lo
pronto, el CAISM es un centro de salud mental de primer nivel, en el que dos
administraciones estatales han invertido millones de pesos, y que está a la
espera de que una tercera administración, ahora de Javier Corral Jurado, lo
haga funcionar.
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