“Riesgos de la Ley de Seguridad Interior”

Araceli Damián

Estamos en la antesala de la posible aprobación de la Ley de Seguridad Interior. Peña Nieto, el Ejército y la Marina urgieron al Congreso de la Unión a aprobarla. Una vez ungido el candidato y en pleno inicio de las fiestas de fin de año (12 de diciembre día de la Guadalupana) se pretende aprobar una de las iniciativas más regresivas en materia de derecho humanos y que legaliza la actuación de las Fuerzas Armadas en actividades propias de las policías.

La minuta enviada al Senado fue votada a favor en la Cámara de Diputados por todos los integrantes presentes de los partidos PRI, Verde y Nueva Alianza, también votó a favor el diputado sin partido (Javier Guerrero) y la mayoría de los diputados del PES (Partido Encuentro Social, 4 de 6 de los presentes). El voto del PAN se dividió (14 votaron a favor, 17 en contra y hubo 48 abstenciones), mientras que, en el PRD, dos votaron a favor y 39 en contra. Los únicos partidos en los que todos sus diputados presentes votaron en contra fueron Morena y MC (Movimiento Ciudadano). PROBABLEMENTE, ESTA AFRENTA A LA NACIÓN SE CONSUME ESTE MARTES CON LA APROBACIÓN DE LA LEY EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA.

Esta Ley legalizaría y mantendría indefinidamente la actividad de las fuerzas armadas en la lucha contra la delincuencia, estrategia instaurada en el gobierno de Felipe Calderón, cuyos resultados han sido mayor violencia, muerte, violación a los derechos humanos y rompimiento de la estabilidad de comunidades donde el Ejército y la Marina llevan a cabo sus actividades.

Es una Ley que el PRI y sus aliados quiere aprobar porque tienen terror a lo que pueda pasar en el 2018. Las probabilidades de que el PRI y sus aliados ganen son muy escasas, por lo que quieren tener una ley a modo para reprimir las protestas ciudadanas que resultarían si se intentan imponer vía fraude.

Hay quienes dicen que esta Ley no permite la represión en casos de “movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político electoral” (Art. 8). Sin embargo, el artículo sólo se refiere a las que se realicen “pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. La ambigüedad de lo que se entiende como “manifestación pacífica” es enorme, sobre todo si consideramos que en muchas ocasiones los infiltrados cometen actos de vandalismo.

Quienes apoyan esta Ley pretenden ignorar la experiencia de la brutal represión por parte del Ejército a la manifestación estudiantil del 2 de octubre de 1968 que, siendo una manifestación pacífica, se utilizó a provocadores del propio Estado para iniciar acciones violentas, lo que trató de justificar una de las peores matanzas de jóvenes en este país.

Por otra parte, la Ley deja a criterio de generales (o subordinados encargados de los operativos) de las Fuerzas Armadas la definición de lo que es una manifestación “pacífica”.

Habrá quienes consideren que obstruir una vía de comunicación o bloquear la salida de una oficina gubernamental, no constituyen actos pacíficos. Decidirán también si actos como el plantón de Reforma de 2006 constituyen una amenaza a la Seguridad Interior y si requieren “una declaratoria de protección a la seguridad interior”, en la que los derechos civiles son prácticamente eliminados.

Por otra parte, la Ley de Seguridad Interior es una manifestación de la incapacidad de la autoridad civil (presidente, gobernadores, presidentes municipales) para responder a su obligación de garantizar la paz social. Con esta Ley se claudica a la obligación de contar con policías capacitados en las tareas de prevención y persecución del delito y, por tanto, se perpetúa la acción de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen.

Esta Ley no busca que las personas gocen de seguridad, sino mantener el status quo, este modelo económico que depreda la naturaleza y explota a los seres humanos, al mismo tiempo que convive con la delincuencia.

La Ley permitirá que las autoridades federales, particularmente las Fuerzas Armadas, lleven a cabo tareas de inteligencia, por lo cual podrán realizar escuchas, supervisión de correos, investigaciones financieras, etcétera, sin requerir orden de un juez. Si el sistema Pegasus lo utilizaron para investigar a periodistas, defensores de derechos humanos e incluso menores de edad, qué no harán ahora que se apruebe esta Ley.

Los gobernadores, sobre todo los de oposición, deberían estar pugnando por que sus Senadores voten en contra de esta regresiva Ley, ya que en el Art. 11 se le permite al presidente de la República ordenar la intervención de las Fuerzas Armadas en territorio de las Entidades Federativas, sin que para ello medie petición alguna por parte de los representantes de éstas o de sus poderes legislativos.

A nivel federal el Ejecutivo podrá decretar una “Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior”, es decir, un estado de sitio, sin que el Congreso de la Unión pueda oponerse, ya que sólo basta con que el presidente de la República publique la Declaratoria en el Diario Oficial, previa notificación a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Para lograr la paz y combatir la violencia no necesitamos una Ley de Seguridad Interior, necesitamos garantizar el derecho de las personas a vivir en libertad y con dignidad, sin pobreza, ampliando las oportunidades para su desarrollo, reduciendo la enorme desigualdad que prevalece, promoviendo en todo momento los principios que dan vigencia a los derechos humanos.