Datos duros: Los 11 gobiernos en alianza PAN-PRD no salen bien en deuda, violencia y corrupción.

En los últimos 19 años, los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) han ganado 11 gubernaturas juntos. Los resultados obtenidos en materia de economía, balance de la cuenta pública y combate a la violencia, sin embargo, no son los anunciados por la coalición durante las campañas. Claro que ha habido avances en algunas demarcaciones, aunque al menos nueve de los gobernadores aliancistas han sido señalados o investigados por incurrir en ilícitos o por no resolver los problemas que aquejan a su ciudadanía.

En la actualidad, el binomio PAN-PRD gobierna cuatro entidades federativas que cumplen su primer año de gobierno [Durango, Nayarit, Quintana Roo y Veracruz], además de otra que comienza su quinto año de mandato [Baja California]. Pese a que sólo esta última administración tiene datos suficientes para contrastar sus resultados, los logros de las administraciones pasadas -en estados como Chiapas, Oaxaca, Puebla, Sinaloa y Yucatán- hablan más de gobiernos estancados que producentes.

Estos resultados son independientes del partido o de los partidos que abanderan al candidato o funcionario, apuntó la doctora Marcela Bravo Aguja del Centro de Estudios Políticos (CEP) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Para la académica de carrera, en México existen “coaliciones meramente electorales, no verdaderas coaliciones de gobierno. Y en la medida en que no ha habido coaliciones de gobierno, no podemos decir que los resultados de los gobiernos son resultado de que los gobernadores hayan llegado en coalición”, explicó.

No obstante, el doctor Francisco Reveles Vázquez, especialista en partidos políticos de la UNAM, mencionó que, si por algo “los resultados para los ciudadanos no son buenos en realidad”, es porque “hay dificultades para la negociación política y cada quien hace lo que se le ocurre, ya que efectivamente las alianzas son electorales y no hay un programa de gobierno”. A esto suma “la falta de experiencia” de los políticos que llegan al poder y las contradicciones ideológicas que hacen “que no den los resultados esperados y que no avancen en una línea diferente de la que han seguido hasta ahora”.

Baja California es un ejemplo de los gobiernos que han sido gracias a las coaliciones electorales. La entidad, gobernada desde 2013 por Francisco Vega de Lamadrid, duplicó en tres años su Producto Interno Bruto (PIB) per cápita. En cambio, la deuda pública reconocida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se disparó, en ese mismo periodo, en un 38 por ciento.

En el caso de la violencia, entre 2013 y 2017, la entidad registró reducción en las tasas de secuestro y extorsión [72 y 49 por ciento, respectivamente] pero con un aumento en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, de 132 por ciento, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Asimismo, las violaciones aumentaron en 14 por ciento y los robos decayeron en 12 por ciento.

Sumado a los tibios resultados que las cifras arrojan, en Baja California no es ajena la petición de un juicio político al Gobernador, quien enfrenta una serie de señalamientos por corrupción y críticas por el incremento de la deuda, así como también el desencanto por su plan para privatizar el agua, no obstante que en la entidad hay problemas de suministro.

Desde mayo de 2013, Vega de Lamadrid fue denunciado en materia penal por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, por la supuesta compra de propiedades en México y Estados Unidos con un valor de 133 millones de pesos.

Los yerros del Gobernador, inclusive, abrazan una crisis de jornaleros migrantes no resuelta: La del 17 de marzo de 2015 en San Quintín, cuando un grupo de trabajadores agrícolas fue dispersado por las autoridades con balas de goma, tras manifestar su descontento con bloqueos carreteros, para denunciar explotación laboral, bajos sueldos, condiciones de vida miserables, horas extras no pagadas y carencia de seguridad social. Hoy es el día en que, los campesinos, acusan que persisten las condiciones de marginalidad.

Sin embargo, Vega de Lamadrid no es el único señalado. Los actuales gobernadores de Nayarit y Veracruz también arrastran trapos sucios. Y el de Durango y Quintana Roo, aunque no son señalados por ejercerla, son criticados por solaparla.

LOS RESULTADOS DEL PAN-PRD.

Aunque los gobiernos sean de coalición, no incide en los manejos administrativos -porque es meramente electoral en nuestro país-. No obstante, Bravo Aguja señala que pueden existir complicaciones en gobiernos de alianza electoral, porque “tienen que hacer concesiones a las otras fuerzas con las que llegan al poder”.

Más allá, pudiera existir un problema de debilidad de los políticos que llegan al gobierno apoyados por más de un partido. “La coalición misma no debilitó a los gobernadores. Lo que sí podría ser es que se trate de gobernadores débiles, quienes no pudieron llegar sólo con el apoyo de su partido para obtener una mayoría […]. Y en la debilidad puede haber gobiernos no tan eficientes”, dijo la académica de la máxima casa de estudios en México.

Reveles Vázquez comentó en cambio que, lo que sucede con estas coaliciones electorales, es que antes las administraciones “se conformaban con gente de confianza para el Gobernador, y no con representantes de varios liderazgos. Ese es un problema real que no pudieron resolver en estas experiencias aliancistas”, explicó.

Como la mayor parte de los gobiernos estatales, las cifras oficiales indican que las gubernaturas del PAN-PRD, asimismo, tienen problemas para resolver sus respectivas crisis. Es decir, no son la excepción.

Por ejemplo, aunque el crecimiento económico -según el PIB per cápita- de las entidades gobernadas por el PAN-PRD haya ido en aumento, en la mayor parte de los casos su deuda pública se disparó. Tal es la situación de las administraciones de Nayarit [su deuda se cuadruplicó entre 1999 y 2005; hoy, en comparación con 2005, la deuda que enfrenta el estado es más de diez veces mayor]; Quintana Roo [0.9 por ciento entre 2016 y 2017]; Sinaloa [49 por ciento entre 2010 y 2016] y Yucatán [entre 2001 y 2007, aumentó seis veces].

Moreno Valle ha sido señalado por su sucesor, Antonio Gali Fayad, de dejar un estado con la economía estancada, empleos insuficientes y una deuda pública estatal de al menos 23.9 mil millones de pesos reconocidos.

Según una investigación del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), la deuda contraída por el panista en pasivos -no considerados por la SHCP-, supera los 46 mil millones de pesos manejados de manera opaca: 24 mil millones reportados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y 22 mil millones más, supuestamente destinados a proyectos para la Prestación de Servicios -que no se contemplan en el informe de la deuda 2016 del estado-.

Además, en el último año del Gobierno de Moreno Valle, la ASF realizó 21 auditorías a la Cuenta Pública por diversas irregularidades en los presupuestos de Seguridad Pública, Salud, Aportaciones Múltiples, Fondos Federales, y de los programas para Escuelas de Tiempo Completo y de Obras Públicas. De casi 700 millones que Moreno Valle no aclaró, 126.3 millones de pesos fueron reportados como posible daño patrimonial, mientras que el ejercicio de otros 32.6 millones, que serían destinados al Programas del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados, es también incierto.

En Oaxaca, bajo la administración de Gabino Cué Monteagudo [2010-2016] -sujeto a juicio político desde el año pasado por los presuntos desvíos de recursos- la deuda pasó de 4.5 mil millones a 18.1 mil millones de pesos, según datos del Congreso local. E inclusive el crecimiento económico de la entidad, según el semáforo de la organización México Cómo Vamos, fue nimio: 0.7 por ciento hasta el primer trimestre de 2016 -la meta era un crecimiento del 4.5 por ciento-.

Los casos de Durango y Veracruz, aunque no son cuantificables debido a que los gobernadores de ambas entidades llevan un año al poder, presentan una tendencia a la baja en sus respectivas deudas públicas, de acuerdo con cifras comparadas de Hacienda. Mientras que en la entidad de Rosas Aispuro decreció en cuatro por ciento entre 2016 y 2017, en la de Yunes Márquez el decremento fue de 4.5 por ciento para el periodo.

En términos de violencia, de igual forma, los resultados han sido pocos. En Quintana Roo, por ejemplo, la lucha contra el crimen pareciera estancada. Los delitos del fuero común han ido en decremento, pero la tasa de homicidios dolosos aumentó en 33.33 por ciento de 2015 a 2016.

En Durango, Puebla, Veracruz y Yucatán, la violencia recrudeció. En el estado norteño, los delitos del fuero común aumentaron, aunque los homicidios decrecieron en 15.5 por ciento entre 2016 y 2017. En Puebla, sólo los robos y el secuestro fueron a la baja; los demás crímenes aumentaron, el homicidio en 29.4 por ciento. Y allá en Veracruz, la criminalidad no ha cesado, siendo preocupante el alza de un 20 por ciento en la tasa de homicidios, entre 2016 y 2017. Yucatán, por su parte, vivió un incremento delictivo bajo la administración bicolor; los homicidios aumentaron en 60 por ciento entre noviembre de 2001 y de 2007.

Chiapas, Nayarit y Sinaloa, al contrario, pacificaron sus demarcaciones durante las administraciones del PAN-PRD -según las cifras del Secretariado-. En el primer caso, aunque los robos y la extorsión fueron en aumento, los demás ilícitos decayeron, sobre todo los homicidios, cuya tasa se redujo en 74 por ciento entre 2000 y 2006.

En Nayarit, salvo por las violaciones, los delitos del fuero común decrecieron entre 1999 y 2005, aunque la tendencia actual es de estancamiento. Y en el caso de Sinaloa, salvo por las extorsiones que se mantuvieron igual entre 2010 y 2016, y las violaciones que aumentaron, la criminalidad fue a la baja y los homicidios también, estos últimos en 47 por ciento.

Oaxaca, por su parte, fue escenario de recrudecimiento de homicidios [en un 25 por ciento], secuestros [18 por ciento] y violaciones [que se duplicaron durante su sexenio]. En cambio, los robos y la extorsión decayeron en el estado en 19 y 86 por ciento.

LOS GOBERNADORES DEL PAN-PRD.

El nayarita Antonio Echevarría García es un personaje controvertido. No tiene experiencia política y es un empresario cuya carrera pública ha sido impulsada por su padre, Antonio Echevarría Domínguez, ex Gobernador de Nayarit por el PAN-PRD [1999 a 2005]. El mandatario en turno es acusado de tener vínculos amistosos con el ex Fiscal Édgar Veytia Cambero, detenido en Estados Unidos por presuntas ligas con el Cártel Jalisco Nueva Generación, además de señalamientos -de la oposición priista- por supuestamente haber recibido financiamiento del narcotráfico para su campaña en 2016. Nada ha sido comprobado.

En Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez tiene acusaciones por haber participado como cómplice de una red de pederastia encabezada por el empresario Jean Succar Kuri, quien hoy cumple una condena de 112 años de prisión por ese delito. Incluso, en 2016, organizaciones civiles manifestaron que Yunes obstruyó la justicia para impedir que Kuri fuera procesado.

Asimismo, el panista y dos de sus hijos han sido investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE), por el delito de enriquecimiento ilícito. Según esto, el Gobernador y su familia poseen una veintena de propiedades en Veracruz, Ciudad de México y en el extranjero, y han construido sociedades mercantiles -que datan del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa- aprovechándose de sus cargos públicos.

Los gobernadores de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, y de Durango, José Rosas Aispuro Torres, son figuras también controvertidas. El primero es medio hermano del actual Secretario de Energía federal, el priista Pedro Joaquín Coldwell, y por ello señalado de ser parte de la “mafia del poder”. De hecho, antes de ser abanderado del PAN-PRD, buscó la candidatura priista, pero no se la dieron por segunda vez -motivo por el que, en 2016, abandonó su militancia en el partido tricolor-. Ha sido Diputado federal [2009-2012], alcalde en una ocasión [2005-2008] y subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico del gabinete de Enrique Peña Nieto, entre 2012 y 2016.

El segundo, Rosas Aispuro, quien también inició su trayectoria política en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el que militó por 30 años, es criticado por hacer caso omiso de las exigencias ciudadanas. Pese a que ha logrado la detención de algunos funcionarios acusados de corrupción -como el primo del ex Gobernador Rafael Herrera Piedra-, la oposición señala que sus logros son parte de acuerdos políticos. Apuntan, también, que algunos integrantes de su gabinete -como Alberto Ramírez, coordinador de Patrimonio Cultural del Instituto de Cultura del Estado de Durango- señalados por irregularidades, son intocables, de modo que la cola que nadie le pisa, se la pisan a su gabinete.

Además, en la batalla por demostrar su inocencia ante los señalamientos de corrupción y malos manejos, los ex gobernadores Pablo Salazar Mendiguchía [Chiapas, 2000-2006], Mario López Valdez [Sinaloa, 2010-2016] y Patricio Antonio José Patrón Laviada [Yucatán, 2001-2007] han fallado.

El otrora mandatario de Chiapas fue detenido en junio de 2011, en el aeropuerto internacional de Cancún, Quintana Roo, y trasladado al penal de El Amate, ubicado en el municipio chiapaneco de Cintalapa, acusado de desviar cuando menos 104 millones de pesos durante su administración, misma que concluyó el 8 de diciembre de 2006.

Aprehendido por los supuestos delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, abuso de funciones públicas, abuso de autoridad y asociación delictuosa, Salazar aseguró ser víctima de una persecución política emprendida por el gobernador Juan Sabines Guerrero [2006-2012]. Sin embargo, el ex Gobernador también es señalado por reprimir y hostigar a pobladores e indígenas -como en el caso de Pedro RaúlLópez Hernández, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Chiapas, desaforado por Salazar y quien fue golpeado en 2002, a modo de una supuesta advertencia suya-. Algunos medios de comunicación local indican que, durante su mandato, hubo más de 107 indígenas que fueron o asesinados o desaparecidos.

En el caso del sinaloense Mario López Valdez, mejor conocido como “Malova”, no habían pasado dos años de iniciada su administración, cuando ya tenía, junto con algunos miembros de su gabinete, siete denuncias penales en su contra ante la PGR, por ejercer de manera incorrecta 645 millones 733 mil 376 pesos de los fondos federales del sector salud y educación.

Hasta la fecha, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado 93 denuncias ante la Fiscalía General del Estado, mismas que corresponden a los años de ejercicio comprendidos entre 2013 y 2016. Y a partir de agosto del año pasado, la ASF acusó a Malova por simular el reintegro (o disfrazar irregularidades) de 135.6 millones de pesos. La opacidad en el manejo de recursos es tan grave que, a pesar de que Hacienda reconoce una deuda de 7 mil 322.15 millones de pesos al final de su gobierno, las auditorías de la ASF refieren que sería de 13 mil 130 millones de pesos (con pasivos sin fuente de pago).

Por último, aunque el yucateco Patricio Antonio José Patrón Laviada no tiene señalamientos directos en su contra, su hermano, Francisco Antonio José Patrón Laviada, sí. De acuerdo con las versiones públicas de algunos políticos locales del PRI, el hermano del ex Gobernador se habría enriquecido a costa del erario, bajo la influencia de Patricio y con apoyo de algunos panistas. Pese a que no está comprobado, cierto es que el hermano del otrora mandatario tiene prohibido el ingreso a Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.