El Fondo de
Fortalecimiento Financiero (Fortafin) perteneciente al Ramo 23, funcionó
solamente en 2016 y 2017; en el primer año se le aprobaron mil 481 millones 010
mil 478 pesos y se ejerció una cantidad 41 veces mayor: 62 mil 258 millones 129
mil 860 pesos.
En 2017 se le aprobaron 3 mil 244
millones 754 mil 300 pesos y, hasta el cierra de septiembre pasado, se habían
ejercido 35 mil 064 millones 129 mil 860 pesos, de acuerdo con México Evalúa.
Esto es, 911 por ciento más de lo que se aprobó en el Congreso de la Unión.
En total, el presupuesto del que gozó
el Fondo de Fortalecimiento Financiero fue de 95 mil 064 millones 129 mil 860
pesos.
Como quedó establecido en el
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2016 –entregado todavía al
Congreso por el entonces Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, y
negociado por su sucesor José Antonio Meade Kuribreña– dicho fondo se creó para promover
acciones de desarrollo regional y se ejecutaría a través del Ramo 23, que es el único que se maneja con una
lógica diferente al resto y cuya operación ha sido señalada por diversas
organizaciones de transparencia como “opaco” y “discrecional”.
Un estudio
de México Evalúa expone que para 2017, el monto aprobado en el PEF para el
Fortafin fue de 3 mil 244 millones de pesos, tuvo un incremento de 108% por ciento real respecto al aprobado en
2016. Y con la última información disponible, se sabe que a través de Fortafin
se habían gastado 32 mil 806 millones de pesos.
Chihuahua fue el estado que menos
recursos recibió, solo 61 millones de pesos, cuando en promedio los estados
recibieron mil 023 millones.
De acuerdo
con Paulo Díez Gargari, abogado encargado de la estrategia legal del Gobierno
de Chihuahua en el conflicto con el Gobierno federal, el Fondo de
Fortalecimiento Financiero es uno que la Secretaría de Hacienda administra con
absoluta discrecionalidad.
La entidad que más dinero recibió del
Fortafin fue el Estado de México: 5 mil 300 millones de pesos en 2017.
“Que no nos digan que no hay un
castigo a un pueblo. No al gobierno, porque la lucha va más allá del gobierno”, sostuvo Díez Gargari.
El PEF 2018 ya no consideró recursos
para dicho fondo y tampoco para el Fondo para el Fortalecimiento de la
Infraestructura Estatal y Municipal, Programas Regionales, Programa de
Seguridad y Monitoreo en el Estado de México, Fondo para Fronteras y Fondo de
Apoyo a Migrantes,
mismos que en 2017 se les aprobaron recursos hasta por un monto total de 17 mil
592.3 millones de pesos.
El problema
de fondo sería el manejo del dinero del Ramo 23.
Un estudio elaborado por el Centro de
Estudios de Finanzas Públicas (CEFP) plantea que el Gasto Federalizado
propuesto en el PEF 2018 a través del Ramo 23 Provisiones Salariales y
Económicas ascendió a 14 mil 940.7 millones de pesos, lo que en términos nominales
significó un decremento de 35 mil 094.2 millones de pesos respecto al monto
aprobado en 2017, y en términos reales representa una caída de 71.5 por ciento.
REGULAR EL
RAMO.
En
entrevista con SinEmbargo, el doctor Kristóbal Meléndez Aguilar, investigador del Centro de Investigación
Económica y Presupuestaria (CIEP), explicó que el Ramo 23 se maneja a una
lógica diferente de otros ramos y se colocan ahí ciertos programas que varían
de forma sustancial año con año.
Destacó que
en el Ramo 23 hay dos conceptos importantes: uno, el gasto federalizado, que
son los recursos que van principalmente a los estados, y el que no es
federalizado, en el cual el Gobierno federal toma control de ello.
Y esa naturaleza del Ramo, continuó, es la
que hace que sea normal el aumento del presupuesto ejercido frente al aprobado.
“Depende de si hay recursos mayores
que se puedan distribuir; en los últimos años la recaudación que tuvo el
Gobierno federal fue mayor a lo presupuestado, entonces hay excedentes de los
cuales se pueden distribuir a los estados o que el mismo Gobierno federal
decida qué hacer.
Uno de esos fue utilizarlos en el
Fortalecimiento Financiero, que algunos Estados han tenido justamente problemas
financieros, por su nivel de endeudamiento.
Entre los más endeudados a nivel nacional, está Chihuahua y se podría
pensar que se le debería de dar prioridad a estados más endeudados, como es el
caso, pero no ocurrió”, comentó.
México
Evalúa denunció que existen “riesgos” en
el manejo del Ramo 23 asociados al crecimiento excesivo del gasto de este Ramo
en condiciones de discrecionalidad, ya que puede facilitar el uso del dinero
público para fines políticos, así como para la corrupción. “Una de las razones
por las cuales el Ramo 23 es propenso al uso político, es que a través de él se
crean programas que otorgan subsidios a los gobiernos locales para financiar
proyectos de inversión física, entre otros apoyos, programas que la propia
Auditoría Superior de la Federación ha señalado estar caracterizados por la
falta de transparencia en cuanto a sus objetivos y uso de recursos, así como
por la carencia de lineamientos”, se concluye en el estudio antes citado.
Para Meléndez Aguilar, un punto de
inicio es la transparencia, “se podría empezar con fijar reglas de operación
claras, en las que se establezcan los mecanismos con los que se van a
distribuir todos esos recursos, dado que es un fondo de reciente creación y que
no se presta a mucha ambigüedad, firmar convenios en los que cada estado se
pone de acuerdo con el Gobierno federal y la Secretaría de Hacienda. Con reglas
claras de cómo se distribuye, quiénes tienen prioridad y a qué conceptos se va
a distribuir”.
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