El sistema de combate al lavado de
dinero en México tiene huecos tan profundos, que en 2016 las autoridades se
incautaron apenas de 0.1% de los más de 56.5 mil millones de dólares de dinero
sucio que generaron el narcotráfico, el fraude fiscal y otros delitos
financieros.
Tras 11 años de “guerra contra el
narcotráfico” –en la que han sido asesinadas más de 200 mil personas–, el
gobierno aún no golpea los bolsillos de los grupos criminales. De hecho, 98% de los delitos vinculados con lavado de dinero que la Procuraduría
General de la República (PGR) llegó a investigar en 2016 quedaron impunes.
Los narcotraficantes no son los
únicos que aprovechan las deficiencias del sistema: políticos corruptos,
criminales de cuello blanco y evasores fiscales recurren a los mismos métodos
para insertar su dinero ilícito al circuito financiero legal, según informes
recientes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), así como de la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el gobierno federal.
La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) –que este sexenio fue dirigida por Luis Videgaray Caso y José
Antonio Meade Kuribreña– y la PGR son las principales responsables del fracaso. La primera no vigila adecuadamente a los operadores del lavado de dinero y la
segunda no investiga, y menos castiga, a
los criminales.
Un ejemplo: el Servicio de Administración Tributaria
(SAT), dependiente de la SHCP, cuenta con un equipo de apenas 16 personas para
auditar a las más de 66 mil empresas y profesionistas cuyas actividades
presentan un riesgo de blanqueo de capitales, como casinos, agencias
automotrices, empresas inmobiliarias, joyerías y servicios de transporte. En
los últimos tres años la institución inspeccionó a 118 de esos
establecimientos, apenas 0.2%.
Entre los profesionistas que escapan
en gran medida a la supervisión del SAT se encuentran los más de 4 mil notarios
públicos, los cerca de 450 mil abogados y 600 mil contadores que trabajan en el
país, mismos que, según un oficio que el propio gobierno federal entregó a la
oficina para América Latina del GAFI, cumplen una función “fundamental” en el
lavado de dinero.
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