El Servicio de Administración
Tributaria (SAT), la Procuraduría General de la República (PGR) y dependencias
como la Sedesol y la Sedatu no han entregado, ni al Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción o a ciudadanos que lo han
solicitado, información pública sobre el esquema de desvío de recursos
públicos, documentados en La Estafa Maestra
Desde hace cuatro meses, los
integrantes del Comité de Participación Ciudadana, uno de los pilares del
Sistema Nacional Anticorrupción, solicitaron al SAT las facturas emitidas por
las empresas fantasma o con irregularidades contratadas por universidades
públicas para hacer servicios al gobierno federal, pero que nunca se
cumplieron, de acuerdo con la ASF.
“Aún no hay respuesta”, dice José López Presa, miembro del
Comité. “Desde nuestra perspectiva, tratándose de recursos públicos no hay pie
a la reserva de la información”, pero la
negativa ni siquiera se ha expresado a través de un documento oficial,
simplemente el SAT ha “ignorado” la petición.
La estafa maestra es el esquema de
desvío documentado por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción en el
cual once dependencias públicas “contrataron” a ocho universidades públicas por
7 mil 670 millones de pesos para hacer supuestos servicios, pero éstas
subcontrataron a 186 empresas, de las cuales 150 son irregulares y, por tanto,
no cumplieron los servicios. El dinero simplemente desapareció.
De acuerdo
con la ley, el SAT tiene una actuación
preponderante para encontrar a los posibles responsables de la estafa porque es
el encargado de revisar la legalidad de las empresas y las operaciones que
realizan; por tanto, tienen la información fiscal de las 186 compañías que
supuestamente fueron contratadas en este esquema.
Parte de esta información es pública, toda vez que el SAT publica listas
quincenales en las que incorpora a las empresas fraudulentas que detecta. Por
eso es que, hasta diciembre de 2017, ya había boletinado 61 empresas como
fantasma y presunta fantasma, 22 compañías más que las detectadas hasta
septiembre pasado, cuando se publicó el reportaje.
Además, otras 89 compañías son
irregulares, según comprobó el equipo de investigación de La estafa maestra,
debido a que cuando se buscaron en las direcciones registradas, en realidad son
lotes baldíos o comercios; fueron desmanteladas, su objeto social no coincide
con los servicios supuestamente contratados, no fueron localizadas por la
Auditoría Superior de la Federación o ni siquiera tienen dirección.
El dinero público que terminó en
estas 150 empresas irregulares asciende a 5 mil 137 millones de pesos.
Documentos
claves.
Pero las facturas darían información
adicional respecto a las operaciones y detectar a más implicados en la trama,
por eso “hicimos la solicitud a través del derecho de petición y no a través de
la ley de transparencia y acceso a la información”, dice López Presa.
Por lo que esperaban que la información se entregara
de manera expedita, al ser miembro del Sistema Nacional, que está conformado
por cuatro cabezas: el Comité Coordinador, el Comité de Participación
Ciudadana, el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y los
Sistemas Locales Anticorrupción; pero no ha sido así.
Aunque la
razón de existencia del Sistema Nacional es la prevención e investigación de
casos de corrupción, con la participación de ciudadanos, hasta el fiscal
anticorrupción o el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa,
en la práctica no está ocurriendo porque
aún faltan nombramientos y los intentos de investigar casos como La estafa
maestra están detenidos.
López Presa explica que podría haber interpretaciones
jurídicas en las cuales las autoridades federales sustenten que el Comité no
tiene facultades para conocer esa información, lo cual “no nos favorece. La
duda hace que las interpretaciones jurídicas sean lo más cerradas para evitar
que nosotros tengamos este acceso a la información”.
La negativa “está impidiendo que se
combata con efectividad a la corrupción”, al igual que la falta de
nombramientos como el fiscal anticorrupción y los sistemas locales en el resto
del país, asegura
López Presa.
PGR y
dependencias, por la negativa.
El 6 de noviembre de 2017, la Asociación civil
Mujeres de Hierro interpuso una petición ante la Procuraduría General de la
República (PGR) para saber el estatus de la investigación sobre los
involucrados en el presunto desvío de 7 mil 630 millones de pesos, documentados
en La estafa maestra.
La
organización, presidida por Lorena Villavicencio, pidió conocer si se estaba investigando a los presuntos responsables o
si la carpeta de investigación ya había sido consignada ante el juez para abrir
un juicio.
El 15 de
noviembre pasado, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos
Federales de la PGR respondió que no podía entregar ninguna
información al respecto porque el artículo 218 del Código Nacional de
Procedimientos Penales lo impide.
En el oficio
UEIDCSPCAJ-1057-2017, la PGR explica que
dicha legislación establece que “los registros de investigación, así como todos
los documentos independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los
registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados son estrictamente
reservados y, únicamente las partes (imputado y su defensor, la víctima u
ofendido y su asesor jurídico) podrán tener acceso a los mismos”.
Por lo tanto, “no es posible
proporcionarle la información que solicita”, informó el titular de la Unidad especializada en
investigación de delitos cometidos por servidores públicos y contra la
administración de justicia, Sergio Antonio López Escalante.
Pese a la
negativa, la organización Mujeres de
Hierro prepara un amparo para continuar con la pelea por la información, dice
Lorena Villavicencio. Aunque se trata una investigación judicial que
efectivamente guarda secrecía según el Código de Procedimientos Penales, la
solicitud por conocer el estatus de la investigación es porque “como ciudadanos
tenemos derecho a que nuestros recursos no sean desviados ni se permita el uso
de dinero público para simulaciones o fines diversos”.
¿Información
reservada?
La Secretaría de Desarrollo Social
también intentó reservar información sobre los convenios que realizó con
universidades públicas y mediante los cuales entregó 2 mil 224 millones de
pesos entre 2013 y 2014, cuando la titular era Rosario Robles.
Durante la
investigación de La estafa maestra, se hicieron solitudes de información a la
dependencia, pero una de las respuestas por parte de la Sedesol, incluso, pretendió reservar los documentos de un convenio
con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) por cinco años,
argumentando que contenía datos “sensibles” y que se encontraba en un proceso
de auditoría.
En febrero
de 2017, el equipo de investigación solicitó a la Sedesol el convenio
DGI/33301/04/2012, firmado con la UAEM, cuyo objeto era “la coordinación
plurianual para el servicio administrado de infraestructura de misión crítica”,
además de anexos y convenios modificatorios.
En la primera respuesta, la Sedesol
dijo que tacharía datos “sensibles” sobre particulares. Pero al tratarse de un
documento público, en el que intervinieron sólo funcionarios públicos, se
interpuso un recurso de revisión para evitar que se entregara información
parcial.
Entre los alegatos de la dependencia,
estuvo que el convenio formaba parte de una investigación por parte de la
Auditoría Superior de la Federación, pese a que ésta ya había determinado
posibles irregularidades y había publicado la auditoría como parte de la Cuenta
Pública de 2014.
Además,
explicaba que este mismo criterio de negativa había sido utilizado por el
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) en una resolución a
otro recurso de revisión interpuesto por el equipo de investigación y en el
cual la UAEM había negado entregar el convenio.
Por ello,
los alegatos incluían la propuesta de reservar la documentación “por un periodo
de cinco años”, explicaba el Comité de transparencia de la Sedesol, encabezado
por Javier Ortiz, suplente del abogado general y comisionado para la
transparencia.
En agosto de 2017, el Instituto
Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI) rechazó la petición de reserva y mandató a la Sedesol a
entregar los documentos, al tratarse de información pública.
La negativa de este tipo de
información también la aplicó otra de las dependencias que no estuvieron
contempladas en el reportaje publicado en septiembre de 2017, pero que también
hicieron convenios con universidades públicas, como la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Territorial (Sedatu).
Dicha
dependencia hizo convenios con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero
en 2016, cuando la titular era Rosario Robles, luego de ser removida de la
Sedesol. Aunque se solicitaron todos los
convenios realizados, también los negó bajo el mismo argumento del proceso de
auditoría.
Según su respuesta, el personal de la
Sedatu ni siquiera tenía acceso a la documentación porque los expedientes
relativos a los convenios “se puso a disposición de la ASF en un área de acceso
restringido al interior de esta Secretaría, de ahí que el manejo y resguardo de
esta documentación es responsabilidad exclusiva del grupo auditor hasta la
formalización del cierre de esta auditoría”.
Personal de
la Auditoría Superior de la Federación consultado aseguró que, en ningún proceso de auditoría, se impide el acceso a la
documentación a los funcionarios de la dependencia y mucho menos trabajan en un
“área restringida”.
De acuerdo
con funcionarios del INAI, el proceso de auditoría no es una razón para impedir
la entrega de los convenios o comprobantes de servicios, toda vez que no se
pide el expediente de investigación, sino documentos que contienen información
pública.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.