Greenpeace destapa a 20 empresas que alrededor del mundo han
dañado al medio ambiente y han pisoteado los derechos humanos con el aval de
los gobiernos. En México, la
organización ambientalista internacional pone la lupa en dos gigantes
trasnacionales: Monsanto y Grupo Bimbo.
El resto de las empresas estudiadas en el globo terráqueo
son: ACS Group (Grupo Cobra), The Carbon Majors (47 empresas), DowDuPont,
Energy Transfer Partners, Exxon, Gabriel Resources, Glencore, Halcyon Agri
(Sudcam), ICIG (Miteni), Keskinoğlu, Nestlé, Novartis (Sandoz), Resolute Forest
Products, Rosatom, grupo Schörghuber (Ventisqueros), Total, Trafigura y
Volkswagen (VW).
El estudio exhibe irregularidades
desde las corporaciones que incluyen deforestación, contaminación atmosférica,
del agua, por plástico, vertidos de residuos, derrames químicos; desastres
nucleares, violaciones de los derechos indígenas, represión cívica y legal de
defensores del medio ambiente y de los derechos humanos; elusión fiscal,
corrupción, denegación del cambio climático y manipulación fraudulenta del
debate público.
A través del informe “Justicia para la gente y el planeta”
recién publicado, Greenpeace revela la
urgencia de actuar en la instauración de justicia para las personas y la
Tierra, además de poner punto final a la “colusión e impunidad corporativas”.
MONSANTO VIOLA DDHH DE MAYAS.
La corporación de agroquímicos
Monsanto tiene sede en Estados Unidos, pero ha trabajado para impulsar los
Organismos Genéticamente Modificados (OGM) en el país, para lo cual ha cometido
violaciones de los derechos de los pueblos indígenas, principalmente mayas de
la Península de Yucatán.
En noviembre de 2015, comunidades
de Campeche lograron la suspensión del permiso para la siembra de soya
transgénica en tanto no se realizará una consulta a los pueblos, sin embargo,
denunciaron reiteradamente, a pesar de la resolución, la siembra no paró.
Las principales afectaciones que se
han dado en la Península –derivadas de la siembra de soya transgénica– son:
deforestación de ecosistemas completos, contaminación del agua y muerte masiva
de abejas, lo cual además ha provocado un daño importante a la economía de las
comunidades, ya que su principal actividad radica en la apicultura.
Aunado a ello, los
afectados han acusado diversas irregularidades en el proceso para la consulta
que exhiben una “flagrante violación” a lo establecido por la Suprema Corte en
sus resoluciones. Entre las más graves señalaron:
• Siembra ilegal de soya transgénica, a pesar de que el
permiso está sin efectos.
• Amenazas, intimidación e insultos a representantes
comunitarios y asesores legales de las comunidades durante las sesiones de la
consulta.
• Falta de imparcialidad de la Comisión Intersecretarial de
Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) que ha
promovido las bondades del modelo agrícola industrial y la inocuidad de
sustancias tóxicas como el herbicida glifosato, a pesar de su papel como
organizador de la consulta y no como promovente de la soya transgénica.
• Omisión de las dependencias federales, entre ellas la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(Sagarpa), Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
(Senasica), el Ministerio Público Federal (MPF), la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para
investigar y castigar la siembra ilegal de soya transgénica, la deforestación
asociada a ella y la afectación a los recursos hídricos de la región.
• Falta de información a las comunidades sobre las medidas de
monitoreo para evitar la siembra ilegal de soya transgénica.
Apenas hace un par de meses, un histórico dictamen revocó el
permiso de siembra de soya transgénica en siete estados de la República
Mexicana a la empresa multinacional por fallas graves en bioseguridad, control,
manejo y prevención de riesgos por la liberación del organismo genéticamente
modificados (OGM) al ambiente.
Ante este panorama, Sandra Laso, campañista de Comida Sana,
Tierra Sana en Greenpeace México, dijo a SinEmbargo que “las comunidades mayas
levantaron la voz, se movilizaron y detuvieron a una gran trasnacional que
tienen poder económico y político bastante fuerte a nivel mundial”.
BIMBO Y SU VENENO PARA SUELOS, AGUAS Y EMPLEADOS.
Grupo Bimbo es una empresa mexicana que se ha posicionado
como la panadería líder a nivel global y es la tercera marca más consumida en
México.
La corporación fundada en 1945 ha sido señalada por
Greenpeace México porque las prácticas de sus proveedores en la cadena de
suministros “permiten la violación de los derechos humanos relacionados con la
salud, un medio ambiente sano, alimentación adecuada y con el acceso a la
información”.
Dichas violaciones, ha criticado la
organización ambientalista, están íntimamente ligados con el uso de insumos
tóxicos como son plaguicidas y fertilizantes que dañan principalmente la salud
de los campesinos, además de causar afectaciones al agua, aire y suelo.
Por ello, en 2015 la
organización lanzó una petición en línea para solicitar a Bimbo apegarse a la
producción local con agricultores de pequeña escala, al respeto de los derechos
humanos de productores y comunidades, a la protección de la biodiversidad, al
uso sostenible del suelo y de los recursos hídricos.
La petición fue firmada por más de
160 mil personas y finalmente en agosto pasado, el gigante panadero se
comprometió a establecer un cambio paulatino en sus prácticas agrícolas de alto
impacto como son el uso excesivo de plaguicidas, además de asegurar que buscará
la implementación de un programa piloto de abastecimiento de maíz basado en
producción local y sustentable, dio a conocer la ONG.
“Gracias a la movilización social
decidieron tomar acciones sobre su cadena de suministros. Este caso muestra
cómo sí es posible, a pesar de los vacíos regulatorios en el marco legal, hacer
un cambio. Las empresas tienen un poder también sustancial y clave para hacer las
cosas diferentes. Gracias a la gente esto se puede lograr. Aunque no debería
ser así porque hay un Estado que es el responsable de regular y de velar por
los derechos de la gente […]Los casos en el país muestran que es posible una
forma diferente de hacer negocios y es gracias a las personas”, manifestó Laso.
RECOMENDACIONES PARA GOBIERNOS.
Ante el panorama descrito, dentro de su reporte, Greenpeace hizo un llamado a los gobiernos
de los países donde se cometen violaciones a los derechos humanos por la participación
de grandes corporaciones.
Entre dichas naciones se encuentran
México, Filipinas, India, Canadá, Rusia, India, Chile, Brasil, Alemania,
Guatemala, Estados Unidos, Turquía, Italia, entre otras.
Aquí la lista de Principios de Responsabilidad Corporativa
que Greenpeace solicita sean adoptados para salvaguardar los derechos humanos y
la salud del planeta:
1. Las personas y el medio ambiente, no las empresas, han de
estar en el centro de la gobernanza y la vida pública.
2. La participación pública debería ser inherente a toda
formulación de políticas.
3. Los Estados deberían abandonar las políticas que afectan
al medio ambiente y a los derechos humanos.
4. Las corporaciones deberían estar sometidas a reglas
vinculantes tanto donde están basadas como donde operan.
5. Los Estados deberían exigir informes de diligencia debida
y responsabilidades de principio a fin por productos y servicios de las
empresas.
6. Los Estados deberían apoyar que se haga esto prohibiendo a
las corporaciones que realicen actividades en el extranjero que están
prohibidas en su país de origen por motivos de riesgos al medio ambiente o a
los derechos humanos.
7. Los Estados deberían formular políticas que proporcionen
transparencia en todas las actividades empresariales y gubernamentales que
tengan un impacto sobre el medio ambiente y los derechos humanos, inclusive en
regímenes de comercio, impuestos, finanzas e inversión.
8. Las empresas y aquellas personas que las dirigen deberían
ser responsables de las violaciones de los derechos humanos y los daños
medioambientales cometidos en su país o en el extranjero por compañías bajo su
control.
9. A las personas afectadas por violaciones de los derechos
humanos y daños medioambientales se les debería garantizar su derecho a un
acceso efectivo a compensación, cuando sea necesario, incluso en los países de
origen de las empresas.
10. Los Estados han de hacer cumplir de verdad los marcos normativos
y políticos que crean.
“Creemos que es necesario y urgente
adoptar esos 10 principios de responsabilidad corporativa que pongan en el
centro de la toma de decisiones a las personas y al medio ambiente y no a los
intereses económicos y a las corporaciones”, destacó Laso.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.