El ciudadano Leonardo García Vázquez
fue vinculado a proceso por haber dado una entrevista a un periódico local
denunciando irregularidades en la construcción del fraccionamiento Esmeralda,
en el que participó la constructora SYLMA.
El juez fijó un plazo de dos meses
para complementar la investigación, y estableció medidas cautelares. Aunque
llevará su proceso en libertad, tendrá que acudir a firmar cada 15 días, y no
podrá salir de los estados de Hidalgo, Estado de México, y Ciudad de México.
La acusación
es por el delito de difamación.
El argumento para iniciar el proceso
fue que Leonardo tuvo que haber agotado las instancias legales pertinentes en
el estado de Hidalgo antes de acudir a los medios de comunicación, para
denunciar irregularidades que involucran a la constructora SYLMA.
El juez dijo que ni los medios de
comunicación ni el gobierno son la instancia inicial para exigir que un
particular haga su trabajo, cumpla con un contrato. Antes, según su argumento,
debe acudir a instancias legales.
“Eso significa que ningún ciudadano
puede comunicarle a un periodista o a otra persona un hecho, aunque sea verdad,
porque se enojan o le causan descredito”, señaló Guerrero Rojas en entrevista con el diario
Criterio.
“Nos transmiten que no podemos
expresarnos libremente porque caemos en este sistema inquisitorio.
Desafortunadamente desconozco si de hoy en adelante puedo seguir hablando a los
medios, porque entonces me están cuartando mi derecho a la libre expresión”, detalló Leonardo García ante la
resolución de la juez.
Los hechos
por los que se señala al ciudadano surgen a partir de dos notas periodísticas, publicadas
el 8 de noviembre y el 21 de diciembre de 2016.
La defensa de Leonardo García Vázquez
pidió este lunes la sustitución del juez Ciro Juárez Ortega, para que sea Sissi
Anette Rodríguez Fernández quien dé continuidad al proceso de la causa penal 138/2017.
Constructora
demanda a ciudadano por denunciar corrupción en Hidalgo
Leonardo García Vázquez fue detenido
el jueves pasado en su domicilio en el Estado de México, acusado por la
constructora SYLMA de difamación. Había denunciado que el subsecretario de
Obras de Hidalgo es también el director responsable de obra de la empresa, lo
que representa un posible conflicto de interés.
Esta
relación fue documentada en la nota que Animal Político publicó el 27 de julio
de 2017, donde se señala que el funcionario
Marco Antonio Rico Moreno tiene participación en al menos cinco constructoras
de la entidad y sus familiares poseen otras firmas; ha recibido al menos 273
licencias y la misma Secretaría de Obras ha emitido las órdenes de
construcción.
Leonardo García, quien vivía en una
casa mal construida -según sus propias palabras- por SYLMA, había hecho una
denuncia pública sobre el caso, lo que motivó la investigación de Animal
Político.
La empresa señala que se ha visto
afectada por las denuncias de corrupción que ha hecho García en medios de
comunicación.
Artículo 19 emitió un comunicado sobre el caso
de Leonardo, quien enfrenta la acusación en su contra en libertad, a la espera
de que se defina su situación jurídica.
“Respecto al derecho al acceso a la
información, su libre ejercicio es un instrumento clave para acceder a derechos
económicos, sociales y culturales -en este caso, una vivienda digna y un medio
ambiente sano. La búsqueda de información de Leonardo García Velázquez en
principio es de claro interés público ya que evidencia los conflictos de
interés por la forma en que le fueron otorgados diversos permisos de
construcción a la constructora SYLMA siendo el Subsecretario de Obras de
Hidalgo, Marco Antonio Rico Moreno accionista de la misma constructora”, indicó
la organización que defiende la libertad de expresión.
“El periodismo de investigación sobre actos
de corrupción es de interés fundamental para visibilizar y combatir la
impunidad. Cualquier ataque mediante el uso desviado del derecho penal ya sea contra
fuentes o medios, constituye una grave forma de frenar el flujo de información
que representa un discurso especialmente protegido por el interés público que
entraña. Lo anterior redunda en una violación al derecho de la sociedad en su
conjunto a estar informada”, agregó.
Artículo 19
apuntó que “ve con preocupación el uso
del derecho penal mediante la figura de calumnia para coartar la expresión y
flujos de información que son de evidente interés público”.
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