En 2016 la
FEPADE recibió documentos sobre el desvío de más de 200 millones de pesos con
fines electorales por parte del entonces gobernador de Quintana Roo, Roberto
Borge. Sin embargo, ahora que éste fue
extraditado a México, luego de meses de cautiverio en Panamá, la Procuraduría
General de la República lo acusa sólo de presunto lavado de dinero y desfalco
al erario quintanarroense, pero no de peculado electoral. Y esa omisión resulta
oprobiosa en tiempos de precampañas.
Durante los
214 días de prisión en Panamá, Roberto
Borge Angulo, el exgobernador priista de Quintana Roo no sólo perdió 20 kilos
de su robusta figura sino también logró “adelgazar” los delitos que le imputa
la Procuraduría General de la República (PGR), pues la dependencia ignoró los
ilícitos derivados del peculado electoral por más de 200 millones de pesos y
los relacionados con su presunto vínculo con el crimen organizado.
Considerado uno de los grandes
“piratas” del erario federal y el de Quintana Roo, Borge hizo crecer la deuda
pública estatal 115% durante su mandato, desvío más de mil 464
millones de pesos recaudados por el impuesto al hospedaje, dejó más de mil
millones de pesos sin aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación,
destinó más de 500 millones de pesos del erario sólo en rentas de aeronaves
privadas, etc.
Pero la causa penal 381/2017 de la
PGR sólo lo acusa por presunto “lavado de dinero” y desfalco al erario estatal
de 900 millones 99 mil 48 pesos en la venta irregular de 22 predios que fueron
parte del Instituto de Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de
Quintana Roo (IPAE).
La PGR sostiene
en su acusación que esos 22 predios, que suman 7 millones 118 mil metros
cuadrados, fueron rematados entre 2011 y 2014 por el IPAE a familiares del
entonces gobernador y a una red de prestanombres y amigos por debajo de su
valor real. Los compradores pagaron sólo 238 millones 790 mil pesos, cuando su
valor real era de mil 138 millones, de ahí el quebranto calculado en poco más
de 900 millones.
La madre de Borge, María Rosa Angulo
Castilla, se quedó con dos terrenos de 116 mil 196 metros cuadrados en la isla
de Cozumel por los cuales pagó una suma inferior a su valor real.
Otros beneficiarios, según la PGR,
fueron el empresario gasolinero Santiago Jiménez, el abogado César Celso
González Hermosillo, la secretaria de su padre, María de Lourdes Pinelo Nieto,
así como una red de empresas como Caveri Servicios Inmobiliaria, Inmobiliaria
Maguves, Posada Diving Ranch, Rancho La Posadita e Inmobiliaria Matics.
La fiscalía estatal le imputa
diversos ilícitos a Borges por 3 mil 104 millones de pesos, pero desde julio
pasado el exgobernador obtuvo un amparo del Poder Judicial de la Federación
contra delitos del fuero estatal.
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