La PGR hizo como que iba por la mansión de Gordillo en EU, pero no lo hizo. Es de ella. Hasta hoy

Elba Esther Gordillo Morales, hoy bajo presunta prisión domiciliaria en la colonia Polanco, de la Ciudad de México, nunca dejó de ser dueña de la mansión de lujo ubicada en 23 Green Turtle Road en la isla de Coronado Cays, en California. Cuando la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) fue apresada en febrero de 2013, acusada de peculado, delincuencia organizada y lavado de dinero, la Procuraduría General de la República (PGR) dijo que Gordillo malversó millones de pesos del SNTE para cubrir gastos personales como cirugías estéticas, compras en tiendas de lujo en Estados Unidos y la adquisición de una mansión en Coronado, entre otros inmuebles en Estados Unidos y México. El entonces Procurador Jesús Murillo Karam estimó el desfalco de la “maestra” al SNTE en 2 mil 600 millones de pesos. Su sueldo era de 31 mil 398 pesos mensuales.

En un país donde los ricos y poderosos son prácticamente intocables, la detención de Gordillo –a quien The New York Times alguna vez describió como la “mujer más poderosa” de México—causó sorpresa. Hoy, sin embargo, de ese dramático episodio sólo queda el recuerdo. La PGR dio carpetazo al expediente sin que la opinión pública mexicana se enterara, revela una investigación realizada para SinEmbargo.

“El Immigration and Customs Enforcement (ICE) –o Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos– cerró el caso hace dos años.

Lo cerramos después de que las autoridades mexicanas no respondieron a nuestras peticiones de información para poder continuar”, dijo Lauren Mack, vocera de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) del Departamento de Seguridad Interna, en San Diego.

A petición de la PGR, agentes de ICE ejecutaron un operativo de cateo y aseguramiento en 23 Green Turtle Road en febrero de 2013. ICE accedió a colaborar con la PGR bajo el entendido de que la mansión era parte importante de la investigación delictiva contra Gordillo y de que la intención de las autoridades mexicanas era decomisarla para subastarla y repatriar los millones desfalcados al sindicato.

A la pregunta de cuando cortó comunicación la PGR, Mack respondió: “En algún momento a principios de 2015”. En los primeros días de febrero de ese año el expediente aún seguía activo y la colaboración de la unidad de fraude financiero y lavado de dinero de ICE con los mexicanos todavía no se interrumpía. Pero eso mismo mes hubo relevo en la PGR. Murillo Karam transfirió la titularidad a Arely Gómez. El saliente Procurador bien pudo haber dado carpetazo al caso Gordillo para limpiar el tablero a su sucesora.

Ubicada en una exclusiva Marina residencial en Coronado Cays, la residencia de Gordillo –que cuenta con 6 recamaras y 7 baños, un muelle privado para barcos motorizados, alberca, dos cocheras y un amplio jardín– está valuada en cerca de 5.2 millones de dólares, según la última valuación predial en el registro del condado de San Diego.

Durante los años en que Gordillo estuvo recluida en el Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan, la residencia acumuló una alta morosidad por concepto de impuestos prediales. En febrero de 2015, 23 Green Turtle Road tenía un saldo moroso de 132 mil 085.00 dólares correspondientes a 2012, 2013 y 2014, según documentos de la Oficina del Registro del Condado de San Diego. Pero después del carpetazo, Gordillo liquidó el saldo.

“Los impuestos atrasados que se debían han sido saldados”, dijo Jeff Olson, funcionario de la unidad de Recaudación de Impuestos Prediales de la Oficina del Registro del Condado de San Diego. Al cabo de cinco años de morosidad las autoridades fiscales pueden proceder a embargar propiedades, lo que Gordillo evitó justamente a tiempo.

Documentos de esa dependencia muestran que Gordillo pagó 334 mil 397.64 dólares de impuestos y cargos de morosidad. Apenas esta semana, Gordillo saldó los impuestos que vencieron en diciembre y adelantó el pago de los que vencerán en abril. El 21 de enero, es decir hace tres días.

Gordillo sufragó 57 mil 436.42 dólares, según consta en los registros del condado. En California, el impuesto predial se abona dos veces al año, en diciembre y abril.

En 2016, Gordillo también se puso al corriente en varios años de cuotas no pagadas a la Asociación de Propietarios de Coronado Cays. En 2014, la Asociación interpuso un recurso legal contra el inmueble en 23 Green Turtle, pero en 2016, saldado el adeudo, lo retiró.

El nombre de la Gordillo no aparece en la documentación oficial. Gordillo delegó la propiedad de 23 Green Turtle Road a su difunta madre Zoila Estela Morales Ochoa, dueña de Comercializadora TTS S.A. de C.V., empresa mexicana registrada oficialmente como tenedora de los títulos de propiedad. “La propiedad no ha cambiado de dueño”, confirmó Olson, el funcionario del Condado de San Diego entrevistado.

Comercializadora también es dueña de la residencia de al lado en 1 Green Turtle Road, que habitaba su hija Maricruz Montelongo Gordillo, antes de su arresto. Montelongo Gordillo está casada con Fernando González Sánchez, acusado de ser cómplice de su suegra en actos de corrupción.

A diferencia de Gordillo, Montelongo Gordillo no ha pagado impuestos en el inmueble cuyo valor la compañía inmobiliaria Zillow estima en 3.8 millones de dólares. Olson dijo que, al día último de este mes, la morosidad de 1 Green Turtle Road, el domicilio de la hija, alcanzará 282 mil 255.21 dólares.

MÁS EMPRESAS FICTICIAS.

En enero de 2016, Montelongo Gordillo y su hijo, René Fujiwara Montelongo (ex Diputado de Nueva Alianza), fundaron dos empresas en San Diego con domicilio en 23 Green Turtle Road, según consta en los registros del estado de California. Fujiwara Montelongo es propietario de la compañía denominada “Moddington, LLC”, la cual se dedica, de acuerdo con el formulario de incorporación, a la “importación y comercialización de productos de piel”. Además, Montelongo Gordillo y Fujiwara Montelongo aparecen como copropietarios de la empresa “529-531 G Street LLC”, dedicada a la “posesión y administración de inmuebles y alquileres”.

En 2012, Fujiwara Montelongo salió al paso de los escándalos de corrupción que envolvían a su abuela. “Lo que se diga de mi abuela, primero, antes que nada, es mi abuela y yo la amo con todo mi ser. Para mí es una super inspiración. Hay mucha crítica, pero son pocas las personas que la conocen como yo en su completa humanidad. Es mi referente, la mujer que más admiro en este mundo”, dijo Fujiwara (La Jornada, 5 de abril, 2012).

La incorporación de empresas ficticias bajo la figura legal de “LLC” (Limited Liability Company), es la opción más socorrida a la que acuden extranjeros que buscan lavar dinero, ocultar propiedades, evadir impuestos y protegerse legalmente. Miles de mexicanos, incluida Angélica Rivera, ponen sus propiedades en Estados Unidos a nombre de compañías “LLC”, lo que dificulta identificar al verdadero dueño. Las empresas recién fundadas por la hija y el nieto de Gordillo pueden ser parte de un andamiaje para expandir el patrimonio inmobiliario de la familia en California y/o transferir los títulos de propiedad de Comercializadora a las nuevas “LLC”.

La mansión de Gordillo en Coronado Cays es testamento de la escandalosa corrupción que ha personificado la mal llamada maestra durante décadas de vida pública.

Gordillo, quien encabezó la lista de los 10 mexicanos más corruptos de 2013 publicada en Forbes ese año, vivió como reina entre lujos y asistentes que le cargaban el celular hasta en el gimnasio. Daba órdenes altisonantes por control remoto. De 2009 a 2012, derrochó 2.1 millones de dólares en la sucursal de San Diego de la cadena departamental Nieman Marcus. Entre las marcas que solía ostentar destacan prendas de vestir Gucci y bolsos Hermes. Tan deseada era Gordillo como cliente, que Nieman Marcus le asignó una dependiente bilingüe capaz de satisfacer su más pueril capricho.

El 15 de diciembre, la mujer cuya influencia llegó hasta los más altos niveles de varios sexenios, fue trasladada de la Clínica MediAccess de Lomas de Chapultepec a enfrentar prisión domiciliaria en su condominio en Polanco. Pero una semana después, un Juez federal ordenó retirarle el brazalete electrónico que se le colocó en el tobillo para monitorear sus movimientos. Acostumbrada a dormir entre algodones, la ex lideresa magisterial se quejó que el dispositivo le causaba molestias, ansiedad y le alteraba el sueño. El juez ordenó quitarle lo único que impedía su fuga.

Hoy, no parece haber obstáculos que la habilidosa mujer no pueda superar para por fin hacer realidad su sueño: reanudar su vida de ostentación y derroche en las maravillosas costas de California.