Elementos de la
Secretaría de Marina (Semar) “levantaron” y ejecutaron a un ciudadano mexicano
y tres estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, acreditó la Comisión Nacional
de Derechos Humanos (CNDH).
De acuerdo con la indagatoria que lleva el organismo
nacional, los hechos ocurrieron el 13 de
octubre de 2014, cuando dos hermanos de nacionalidad estadounidense salieron de
la casa de su papá, en el poblado de Control, en Matamoros, para reunirse con
su hermana, quien estaba acompaña de un mexicano, cerca de Puente Internacional
Libre Comercio Lucio Blanco.
Ese día, los jóvenes
cruzarían la frontera para regresar a su casa en Progreso, Texas. Sin embargo,
justo debajo del Puente fueron interceptados por elementos de la Primera Zona
Naval de la Semar y policías del Grupo Táctico Operativo Hércules Matamoros (“Grupo
Hércules”, conformado por la entonces Alcaldesa).
Los uniformados
detuvieron de manera arbitraria a los cuatro jóvenes, pues no existió orden de
aprehensión en su contra, como constató la CNDH. Además, les incautaron los
tres vehículos en los que viajaban.
Al ser indagadas en ese momento, las corporaciones de seguridad que operaban en la región negaron su
participación en los hechos y reiteraron desconocer el paradero de las
víctimas.
Los cuerpos de los
cuatro jóvenes fueron localizados días después, el 29 de octubre del mismo año
2014. Según el reporte forense, murieron por “traumatismo craneoencefálico con
fractura de cráneo producido por proyectil de arma de fuego”.
El organismo nacional
refirió que la causa de muerte de las víctimas fue provocada de manera
intencional y de origen violento.
Por las
características, objetos y forma en que fueron encontrados los cadáveres, se
constató que la última vez que fueron vistos con vida fue durante la detención
arbitraria, lo que hace responsables a las fuerzas federales y municipales de
su desaparición.
“La detención arbitraria de las víctimas,
perpetrada por servidores públicos y la negativa de las autoridades que se haya
llevado a cabo la detención, configuran los elementos del hecho violatorio de
la desaparición forzada de las cuatro personas”, señaló en un comunicado la Comisión
Nacional.
Al acreditar violaciones a los derechos humanos a la
libertad, la integridad y seguridad personal, a la legalidad, a la seguridad
jurídica y al derecho a la vida en perjuicio de las cuatro víctimas directas, la CNDH emitió una recomendación al
Secretario de Marina, Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz; al Gobernador del
Estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; al Comisionado Nacional de
Seguridad, Renato Sales Heredia, y al Presidente Municipal de Matamoros, Jesús
de la Garza Díaz del Guante.
Solicitó a dichos
funcionarios reparar el daño a los familiares de los jóvenes e investigar la
actuación de los elementos de la Policía Federal que presenciaron la detención,
pero no la registraron en sus bitácoras ni la reportaron a su superioridad
Asimismo, les solicitó
proporcionar a la Procuraduría General de la República (PGR) toda la
información y documentación necesaria para la investigación que lleva a cabo.
De igual forma, al Gobernador del estado le exigió el
cumplimiento de las propuestas contenidas en el “Informe Especial de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre desaparición de personas y
fosas clandestinas en México”, para atender integralmente el problema de la
desaparición forzada de personas.
“La CNDH recomienda a
las cuatro autoridades destinatarias de la Recomendación procedan, de manera
coordinada, a la reparación integral del daño de las víctimas indirectas de los
hechos (familiares de los agraviados), en términos de la Ley General de
Víctimas, así como para que se les otorgue la atención médica, psicológica y
tanatológica que requieran. También deberán proporcionar a la Procuraduría
General de la República toda la información y documentación necesaria para la
investigación que lleva a cabo”, dijo en un comunicado.
También demandó “colaborar
en las denuncias y quejas que este Organismo Nacional presente ante diversas
instancias, a fin de que se deslinden las responsabilidades penales y
administrativas que correspondan por las violaciones a derechos humanos
cometidas, impartir cursos de capacitación con énfasis en las disposiciones de
la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y en
los deberes que tienen los servidores públicos con respecto a la denuncia de
ilícitos, así como dirigir una circular a los servidores públicos que realicen
labores de seguridad pública, para que en el desempeño de su encargo actúen
atendiendo a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia”.
Al Gobernador del
Estado de Tamaulipas se le está solicitando el cumplimiento de las propuestas
contenidas en el “Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en México”, para
atender integralmente el problema de la desaparición forzada de personas en
Tamaulipas y conjuntamente con el Presidente Municipal de Matamoros, se les
está pidiendo la observancia y cumplimiento de lo previsto por la Ley de Coordinación
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas y demás disposiciones
que regulan el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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