Nada es coincidencia.

Javier Risco.

En este país la justicia ha demostrado ser selectiva y conveniente según el clima político. ¿Un botón de muestra? El anuncio de ayer de la Procuraduría General de la República de que finalmente solicitará orden de extradición para que el exgobernador priista César Duarte pueda ser juzgado en el país.

¿De qué otra forma podríamos explicarnos que durante cuatro meses la PGR tuviera 11 carpetas de investigación que ameritaban la búsqueda y captura del exgobernador de Chihuahua y que hasta que se desatara el conflicto entre la federación y el actual gobernador, Javier Corral, hasta que aparecieron espectaculares evidenciando el retraso en la orden de extradición y hasta que el precandidato-ciudadano-priista, José Antonio Meade, hablara sobre corrupción?

Por supuesto que la PGR argumenta que se trata de un proceso y que están en tiempo y forma, pero revisemos una cronología del caso para que sean los hechos los que hablen solos:

El 12 de septiembre, tanto la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), entonces encabezada por Santiago Nieto, como el gobernador Javier Corral dijeron que habían solicitado a la PGR la extradición de un Duarte que, como su homónimo de apellido (veracruzano), también habría saqueado las arcas del estado.

“Corral acompañó la petición con las pruebas que, dijo, permitieron a jueces de su entidad girar 10 órdenes de aprehensión en contra de su antecesor.

“Con la solicitud de extradición fueron entregadas varias cajas con 70 tomos y 50 discos compactos que contienen todas y cada una las carpetas de investigación, con las pruebas en las que, se indicó, se basaron los distintos jueces penales de control en el estado de Chihuahua”, señalaban las notas que daban cuenta de la petición de Chihuahua para traer a Duarte a México.

Hasta aquí no parece haber indicios de que hace cuatro meses no se tuvieran ya los elementos suficientes que al menos le indicaran a la dependencia, hoy encabezada por Arturo Elías Beltrán, que el priista tenía mucho qué explicar sobre los mil millones de pesos desviados durante su administración.

Ese mismo día, Nieto explicó que la FEPADE, de forma independiente a la investigación que realizaba la Fiscalía de Chihuahua, tenía elementos para solicitar una orden de aprehensión.

“Se pedirá una ficha roja para Interpol, y a más tardar el día de mañana estaremos solicitando la extradición de César Duarte”, dijo en aquel momento en entrevista.

Y a pesar de las decenas de cajas con pruebas, declaraciones de testigos y las carpetas de investigación ya armadas y supuestamente sustentadas por ambas fiscalías, a pesar de la urgencia de emitir una ficha de búsqueda, el gobierno mexicano no mostró prisa por poner a uno de los miembros de ese mentado nuevo PRI, en un proceso para responder a la justicia mexicana.

Y así dejaron pasar más de 16 semanas, hasta ahora, en medio de una aparente presión financiera del gobierno de Enrique Peña al gobierno de Javier Corral, como una represalia por la persecución a Duarte y el desmantelamiento de una red de corrupción y desvío de recursos, que la PGR decide, ahora sí, hacer su trabajo.

Y casi como coincidencia, excepto porque en política nada nunca es coincidencia, esta misma semana el precandidato tricolor Meade declaró un combate a la corrupción en su gobierno, que hoy luce como la insinuación de lo que la PGR diría 24 horas después.

“Que seamos capaces, con visión de Estado, de nombrar a los magistrados que se necesitan en el Sistema Nacional Anticorrupción, de hacer los nombramientos del fiscal y del Fiscal Anticorrupción, de dar el paso de homologar el funcionamiento de los ministerios públicos, de dar el paso de homologar las definiciones de los delitos para que los podamos investigar mejor, que regulemos los contratos públicos y que eso que México espera de nosotros no se lo regateen”, dijo Meade en su precampaña.

Que alguien les diga que, nada más para empezar, lo que México espera de todo el gobierno es que no se administre la justicia según su conveniencia, que no basta con promesas de atrapar corruptos, que hace falta justicia expedita para quienes ya cometieron delitos y un esquema de prevención para aquellos que, disfrazados de candidatos, están esperando el 1 de julio para ver qué sacan de este adolorido país.