Diputados de los partidos Acción
Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y
Morena presentarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una
acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior (LSI).
El principal reclamo será que el
Congreso de la Unión “no tiene facultades para legislar en materia de seguridad
interior”,
puntualizó el coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés.
En
conferencia de prensa, el panista detalló
que un punto vital a exponer es que el Ejército “en ningún caso podrá
participar en alguna acción que tenga que ver con un movimiento social,
político, electoral, con ningún tipo de reunión, para que no se caiga en la
tentación del uso de las Fuerzas Armadas en algún hecho de esta naturaleza”.
Además,
dijo, se reclamará la invasión de
competencia entre la Federación y los estados. “Por ejemplo, si debe existir o
no una solicitud del Estado, de su Poder Ejecutivo estatal y de su Congreso
estatal, o puede darse la intervención sólo con el mandato del Ejecutivo
federal”.
Otro aspecto
que se impugnará explicó Marko Cortés, tiene
que ver con la reserva de información. “Para nosotros es muy importante que no
haya reserva de información, que no sea clasificada. Eso es que estaremos
impugnando la necesidad de tener la máxima publicidad”.
Sobre la
delimitación de la coordinación con el Ministerio Público, resaltó: “Normalmente el MP pide que sea acompañado
por otras fuerzas, y aquí es necesario que quede claro si el MP va a poder
pedir el acompañamiento de las Fuerzas Armadas en determinado caso”.
Finalmente señaló que el recurso que se presentará
mañana tiene las firmas suficientes para que la SCJN le dé entrada, es decir,
las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Diputados.
Por otra
parte, los dirigentes de las fracciones del PAN y el PRD se refirieron al
llamado que hizo el precandidato del PRI, José Antonio Meade, para que se
nombre a los fiscales General y Anticorrupción, y advirtieron que no lo harán
hasta que la Cámara de Diputados y el Senado de la República hayan consensuado
con la sociedad civil los perfiles correctos y logren el apoyo de la mayoría calificada.
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