La consigna del gobierno federal es
que, antes de las elecciones presidenciales, la Procuraduría General de la
República (PGR) consiga las primeras sentencias por la desaparición forzada de
los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Al gobierno, su partido y su
precandidato único le urgen las sentencias para “dejar resuelto” ese crimen de
lesa humanidad que marcó el declive de la gestión de Enrique Peña Nieto justo a
la mitad de su mandato, en septiembre de 2014.
Además de los policías municipales de
Iguala y Cocula, acusados de haber detenido y entregado a los estudiantes a la
delincuencia organizada, la PGR busca una sentencia pronta del expresidente
municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles
Pineda.
Dictadas las sentencias por la
justicia federal, el gobierno haría entonces las propuestas de indemnización y
atención a las víctimas.
En ese
escenario ideal, el Poder Judicial de la
Federación tendría que dar por agotada la etapa de investigación para dictar sus
sentencias. Así, el gobierno federal necesita la colaboración de los jueces y
de quienes los gobiernan; es decir, el Consejo de la Judicatura Federal, que
encabeza el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
Luis María Aguilar.
Ante esa perspectiva, los familiares
de los normalistas han decidido movilizarse.
El lunes
fueron a la SCJN. Luis María Aguilar les ofreció una reunión la próxima semana
en el Consejo de la Judicatura para destrabar dos de sus demandas centrales: la consignación de policías federales como
presuntos responsables y el amparo contra la resolución de la Visitaduría de la
PGR que exoneró a Tomás Zerón, el exdirector de la Agencia de Investigación
Criminal de la Procuraduría.
Ahora
secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional en la Presidencia de la
República, Zerón es para los familiares
de los normalistas responsable del ocultamiento de peritajes en la
investigación. Una versión alimentada desde la propia PGR cuando la titular era
Arely Gómez, ahora secretaria de la Función Pública.
El martes,
los familiares de las víctimas fueron a protestar a las oficinas centrales de
la PGR, aunque las instalaciones están abandonadas desde el temblor del 19 de
septiembre del año pasado. También se manifestaron en el Centro de Evaluación y
Control de Confianza.
Este miércoles estarán en la
Secretaría de Gobernación, donde un grupo de madres de normalistas están en
huelga de hambre.
El movimiento ha escalado sus
protestas también en vísperas de la llegada de un grupo de expertos de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para verificar que la PGR
haya incluido en sus investigaciones las observaciones del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) que acabó confrontado con
el gobierno de Peña Nieto.
Ante ese escenario, las sentencias en
las semanas por venir podrían ser contraproducentes para los cálculos políticos
y electorales de Peña Nieto.
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