La nueva Ley
de Seguridad Interior —aprobada apenas el mes pasado por el Congreso— anticipa
mayores violaciones a los derechos humanos y hasta un posible repunte de la
violencia en México, han advertido organismos internacionales, organizaciones
no gubernamentales y activistas mexicanos y extranjeros.
Previo a su
aprobación, Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH),
cuestionó si las Fuerzas Armadas deberían ejercer funciones de seguridad
interior o sí la seguridad interior es la correcta para abordar la criminalidad
y violencia por la que atraviesa el país.
Luego de su
aprobación, Amnistía Internacional exigió al gobierno de Enrique Peña Nieto que
‘vete la ley’ porque es contraria a las obligaciones del país bajo el derecho
internacional y pone en serio riesgo los derechos humanos en México.
“Al igual
que las defensoras y defensores de derechos humanos en México, organismos
internacionales y expertos de la academia, Amnistía Internacional ha hecho un
pormenorizado análisis de la ley y ha constatado que es contraria a las
obligaciones del país bajo el derecho internacional”, expuso el organismo a
través de una misiva enviada al presidente Enrique Peña Nieto.
Y es que las advertencias a las que
se refieren los defensores de derechos humanos están basadas en innumerables
casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas desde 2006, año en que Felipe
Calderón sacó al Ejército a las calles. Recordemos que durante el sexenio de
Vicente Fox Quesada se presentaron mil 135 quejas ante la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) contra las fuerzas armadas y se emitieron 11
recomendaciones. Mientras que en el periodo de Felipe Calderón Hinojosa y los
primeros cuatro de Enrique Peña Nieto se presentaron más de 10 mil 751 quejas y
se emitieron 146 recomendaciones.
Además, se ha documentado que entre 2012 y 2016 la
Procuraduría General de la República (PGR) inició más de 500 investigaciones
por delitos de castrenses contra civiles, obteniendo condenas únicamente en el
tres por ciento de los casos.
En Coahuila,
de acuerdo con reportes periodísticos y
de ONGs, son diversos los casos denunciados sobre excesos de fuerzas federales,
sin embargo, la CNDH tiene contabilizadas solo cuatro recomendaciones dirigidas
a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de las cuales en tres sí se
confirmaron violaciones flagrantes.
CASO
“PÉRISCO DANCING”
Uno de los
casos más emblemáticos fue el ocurrido la madrugada del 11 de julio de 2006 en
Castaños. En los table dance “Pérsico Dancing” y “Las Playas” al menos 14 mujeres fueron violadas y
torturadas por un grupo estimado de 25 militares pertenecientes al 14 Regimiento
Motorizado del Ejército mexicano.
En el
expediente 037/2007 se indica que un
grupo de siete militares vestidos de civiles ingirieron bebidas alcohólicas en
el lugar y uno de ellos tuvo problemas con otro cliente que acabó en golpes.
Los policías municipales que vigilaban el lugar lo detuvieron, aunque más tarde
fue liberado por sus compañeros.
Media hora después en un vehículo
Hummer —propiedad del Ejército— regresaron cerca de 30 militares armados al bar
“Las Playas” con el argumento de que revisarían la supuesta venta de drogas y
de encubrimiento de mujeres migrantes. Ahí se dividieron en varios grupos y
comenzaron a abusar sexualmente de las trabajadoras.
“Abusaron de ellas en forma
tumultuaria y a otra mujer que estaba embarazada le provocaron un aborto”, reveló la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) en la recomendación emitida a la SEDENA.
En el ataque también fueron agredidos
siete policías municipales y parroquianos.
A 11 años de
distancia la Fiscalía de Coahuila ha
reconocido que al menos 22 militares se encuentran presos en los reclusorios
por violaciones cometidas con abuso de autoridad por ese caso. De éstos, 20 han
sido sentenciados a entre 21 y 41 años de cárcel.
El informe
Sobrevivir a la Muerte: Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en
México, elaborado por Amnistía Internacional y presentado el año pasado señala que de 100 arrestos examinados por
el organismo defensor de derechos humanos en 14 casos intervino el Ejército y
sometió a tortura y malos tratos a las mujeres detenidas.
LOS
ESTUDIANTES EJECUTADOS.
La noche del
19 de marzo de 2010 cayeron tendidos sobre la calle Luis Elizondo y avenida
Eugenio Garza Sada —al sur de Monterrey— Jorge Antonio Mercado Alonso
—originario de Saltillo— y Javier Francisco Arredondo Verdugo. Los jóvenes estudiaban para los exámenes
trimestrales en la biblioteca del Tec de Monterrey y siete minutos después
fueron acribillados por un grupo de militares.
Esa noche los jóvenes supuestamente
fueron ‘confundidos’ con criminales, pues momentos antes el Ejército sostuvo un
enfrentamiento con delincuentes que aparentemente se internaron en el plantel
para evadirlos.
Tras el
ataque, los militares ‘sembraron’ a los
estudiantes tres armas largas, 15 cargadores, teléfonos celulares, una tabla de
tortura, fornituras, libretas, esposas y otras pertenencias.
Sin embargo,
en la recomendación 45/2010 emitida por la CNDH se documenta que las balas con
las que fueron asesinados Jorge y Javier eran de uso exclusivo del Ejército. Después
de varios años de investigación, apenas en 2016 los familiares de los
estudiantes se reunieron con el subprocurador Gilberto Higuera, quien les dijo
que “el caso ya estaba listo”, pero que “quería revisarlo personalmente” para
que no se produjeran errores en la consignación.
TRABAJAR CON
DIOS Y CON EL DIABLO.
El 13 de marzo de 2011 un grupo de 16
militares pertenecientes al 69 Batallón de Infantería en Saltillo, fue detenido
por formar parte de una presunta red que colaboraba con una célula del crimen
organizado proporcionando información sobre los operativos que realizaban a
cambio de pagos en efectivo.
Los militares condenados a finales de
abril de este año a 26 años y tres meses de prisión son los tenientes: Sócrates
Humberto López Escobar, Javier Rodríguez y Marcos Augusto Pérez. También los
subtenientes: Francisco Javier Soto Núñez, Carlos Miguel Gallardo, Édgar
Valencia; así como el cabo Pedro Montes, y el soldado Omar Martínez.
EL SARGENTO
VIOLADOR.
La mañana del sábado 21 de octubre de
2017 una joven de 27 años fue violada por Gilberto Martina Sánchez, sargento
perteneciente al 69 Batallón de Infantería en Saltillo.
El militar, alcoholizado y bajo la
influencia de las drogas, era el jefe de reclutamiento y aprovechó su cargo
para asechar a la joven en una vivienda de la colonia Bellavista, donde también
se atrincheró para evitar ser detenido.
Hasta mediados de abril del año
pasado en la administración de Enrique Pea Nieto la justicia militar sentenció
a 622 elementos del Ejército Mexicano por delitos como abuso de autoridad,
insubordinación, deserción, desobediencia y robo.
Según la SEDENA, el 90 por ciento de
los elementos castrenses sancionados son militares de bajo rango, como cadetes,
soldados, cabos o sargentos. Sin embargo, en militares de alto rango como
generales de brigada, coroneles, tenientes, mayores y capitanes, han recibido
sentencias ejecutoriadas o definitivas.
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