Al asegurar que las ejecuciones
extrajudiciales en México NO se investigaban adecuadamente, y que quienes las
perpetraban seguían gozando de impunidad, AI resaltó los casos de los años
recientes, entre ellos el Tlatlaya, en el Estado de México, en 2014; Apatzingán
y Tanhuato, Michoacán, ambos en 2015.
Amnistía agrega que a estos casos se suma lo
ocurrido en Palmarito Tochapan, donde el Ejército llevó a cabo operativos de
seguridad pública en la localidad y reportó la muerte de siete personas,
incluidos cuatro soldados.
“Días
después se publicaron en internet imágenes de video de cámaras de seguridad
instaladas en el lugar. Uno de los videos mostraba claramente a una persona con
uniforme militar matando de un disparo a un hombre que yacía en el suelo”,
refiere el organismo internacional.
Y agrega: “Amnistía Internacional verificó de forma
independiente las imágenes y concluyó que había razones suficientes para pensar
que se había cometido una ejecución extrajudicial”.
El sargento José “N”, quien disparó
contra el civil en el operativo contra presuntos huachicoleros, aún está sujeto
a proceso judicial a causa de estos hechos.
En julio
pasado, el Segundo Tribunal Unitario del Sexto Circuito revocó la resolución del juez de control del Centro de Justicia Penal
Federal de Puebla quien había negado vincular a proceso al soldado, debido a
que la PGR no incluyó en el caso un dictamen pericial para verificar la
autenticidad del video en el que aparece disparando contra el civil sometido.
La defensa del sargento ha sido
financiada por la organización civil SOS que preside el empresario Alejandro
Martí.
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