El socavón impune.

Javier Risco.

Aprendimos una palabra en 2017, la aprendimos a la mala y a través de una tragedia. Sabíamos lo que era, pero jamás imaginamos que sucedería tan pronto, menos en una magna obra del sexenio, menos tras los videos publicados por el propio presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, donde aparecían en helicóptero o en camionetas blindadas presumiendo los carriles recién hechos. Me refiero al ‘socavón’, ese inexplicable hoyo que se llevó la vida de dos personas, ese malhecho Paso Express, que sumió a metros de profundidad la poca confianza que aún quedaba en esta administración.

Hace casi siete meses del socavón morelense que dio un botón de muestra más sobre todas las formas que tiene el gobierno para desviar recursos públicos, para engañarnos, para despilfarrar millones de pesos en obras que no se ejecutan bien, y que no sólo mostró un saco roto donde mil millones de pesos se ‘desvanecieron’, sino que le arrancó a una familia la tranquilidad para siempre.

Ayer, en un corte de caja a medio año de la absurda tragedia, la iniciativa Impunidad Cero, a través de una investigación de Luis Darío Ángeles, puso nuevamente el foco en ese pendiente: las víctimas del socavón no sólo no han tenido justicia, no ha habido ningún tipo de sanción para ningún funcionario involucrado. Sí, leyó bien: las cabezas responsables de la construcción del Paso Express de Cuernavaca siguen impunes.

De acuerdo con el documento que se presentó en conferencia de prensa, tras la tragedia, peritos especializados hicieron una evaluación donde descubrieron que todo falló en la construcción de la obra, desde su planeación, diseño, construcción y revisión; en cada parte del proceso hubo omisiones y fallas detectadas y con responsables señalados.

“Sobre advertencia sí hay engaño”, ha subrayado Impunidad Cero, ante la grave omisión de las autoridades de la secretaría encabezada por el priista Ruiz Esparza, quienes supieron antes de la inauguración de la vía, que lleva a la capital de Morelos, que había problemas con el drenaje en el kilómetro 93, donde el 12 de julio de 2017 Juan Mena López y Juan Mena Romero no pudieron salir con vida.

En seis meses, y a pesar de los distintos estudios y los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de irregularidades y de un daño al erario público de más de mil millones de pesos, a pesar de las acusaciones del propio gobernador Graco Ramírez, que intentando lavar sus propias culpas señaló que advirtió de los riesgos, al gobierno federal le importó más presumir la obra que cuidar a quienes transitaban. A pesar de tantas huellas, no ha habido ninguna sanción.

El estudio señala que, con base en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, ya deberían haberse impuesto sanciones que van desde multas y destituciones, como la de Gerardo Ruiz Esparza, hasta inhabilitaciones de entre 10 y 20 años para funcionarios, como el director general de Carreteras.

“El estudio específico del caso del socavón del Paso Express en Cuernavaca, pretende que la sociedad pueda exigir a las autoridades que actúen correctamente. No contar con sanciones a los servidores públicos involucrados en la muerte de los señores Mena es una clara muestra de impunidad, cuando, por la gravedad de las conductas, el caso debería implicar suspensiones, destituciones, inhabilitaciones y multas para las autoridades involucradas”, señala el documento presentado.

¿Qué espera Arely Gómez para aplicar las sanciones correspondientes? ¿Será que nadie le ha informado que, aunque los familiares de las víctimas aceptaron un acuerdo de reparación del daño –que sirvió para detener el asunto en materia penal– eso no exime de las responsabilidades administrativas que tienen una decena de funcionarios corruptos y negligentes?

En su comparecencia en el Senado por este tema, el titular de la SCT decía que había que sancionar a las empresas y que no debería tratarse de un asunto de sacrificio político, en un retorcido intento por pedir que no cortaran su cabeza, pero eso sólo refleja el poco entendimiento que hay de que los funcionarios públicos no son sólo políticos, que adquieren responsabilidades y que la vida de los ciudadanos está en sus manos, y que los errores tienen costos y consecuencias.

Basta ya de recurrir al olvido.