Estados de cuentas con transferencias
millonarias, escrituras públicas de terrenos comprados a precio de ganga,
peritajes financieros elaborados por expertos contables y cartas notariadas
donde se muestra el poder que tenía como apoderado y comisario de diversas
compañías, algunas legales y otras fantasma, con este cúmulo de pruebas la PGR
pretende llevar a juicio al contador público Javier “N”, una de las piezas
claves en el caso que se le sigue al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.
Por varios
meses, Javier “N” estuvo prófugo de la justicia. En su contra existía una orden
de aprehensión por sus vínculos con la red de operaciones con recursos de
procedencia ilícita del exgobernador. El 19 de abril de 2017, tras meses de
búsqueda, el contador fue detenido en Cabrils, Barcelona.
Este martes,
tras un fallido intento de extraditarlo por parte de la justicia mexicana, Javier “N” fue expulsado de España, por lo
que al llegar a México fue detenido y puesto a disposición del juez de control
Marco Antonio Fuerte Tapia, quien el miércoles le decretó prisión preventiva.
Durante la
audiencia inicial celebrada este miércoles en el Centro de Justicia Penal
Federal del Reclusorio Norte, los fiscales de la PGR, los mismos del caso
Duarte, presentaron un cúmulo de pruebas
existentes contra Javier “N”, donde además de ubicarlo como miembro de la red
delictiva, lo acusaron de ser un personaje clave en las operaciones de lavado
de dinero encabezada por el exgobernador veracruzano y el empresario Moisés
Mansur, cómplice de Duarte.
Fue por lo que la defensa del
imputado y el propio Javier “N”, solicitaron al Juez una ampliación de 144
horas para hacerse llegar de una serie de evidencias que les permita impugnar
las pruebas de la PGR, lo que les fue concedido. Tras el periodo de tiempo concedido,
se realizará la audiencia en la que habrá de decidirse su futuro penal.
Javier “N”,
el contador de Moisés Mansur.
El caso por el que es investigado el
contador público Javier “N”, se encuentra relacionado con una denuncia
interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera del Servicio de
Administración Tributaria, instancia que registró movimientos de una red de 22 empresas
fantasma y siete subordinados, quienes presuntamente simularon la compra con
sobreprecio de más de 20 terrenos ejidales en Lerma, Campeche.
De acuerdo con la PGR, a través de
Consorcio Brades se inyectaron recursos por más de 223 millones, por la compra
de los terrenos, que en realidad pertenecían al empresario Moisés Mansur y el
abogado Alfonso Ortega López.
Para los fiscales del caso, se trató
de un esquema de simulación para ocultar el origen ilícito de los recursos,
pero que además denotaba un sofisticado esquema de lavado de dinero.
En la
investigación se estableció que las hermanas Nadia y Elia Alzate Peralta,
condenadas a 3 años de prisión por sus nexos con la red Duarte, eran dueñas de
Consorcio Brades, empresa que a su vez tenía como comisario al contador Javier
“N”.
Según la PGR, Consorcio Brades recibió los millonarios
recursos a través de una red de empresas fantasma, que presuntamente recibieron
dinero desviado de las arcas públicas del gobierno de Veracruz, por órdenes de
Javier Duarte y en supuesto contubernio con Mansur.
Entre las empresas que inyectaron
recursos Consorcio Brades se encontraban Diseños Tevet y Trajan Construcciones,
que forman parte de la red original de empresas fantasma de Duarte, mismas que
recibieron recursos públicos.
No sólo eso. Señalaron que el caso
específico de Javier “N” además de ser comisario de Consorcio Brades, empresa
que calificaron como de “papel” o fantasma, mantenía nexos directos con al
menos otras 10 compañías pertenecientes al empresario Moisés Mansur y al
abogado Alfonso Ortega. En 7 casos como apoderado legal y en 3 más como
comisario de los negocios.
Tras mostrar
el cumulo de pruebas, una de las
fiscales del caso sostuvo que para la PGR no había duda de que Javier “N” era
el contador de Moisés Mansur, actualmente prófugo de la justicia, y quien junto
a Duarte eran las cabezas de esta red de desvíos.
“El rol de Javier N era facilitar el
ocultamiento de los recursos en su cargo como comisario (de Consorcio Brades) …
su conducta fue dolosa, porque sabiendo la procedencia ilícita del dinero
decidió unirse con otras personas, tan es así que formó parte de empresas de
papel”, sostuvo la
fiscal.
Las
reprimendas del juez.
Durante la
audiencia inicial, los abogados del contador Javier “N”, quienes llegaron
retrasados a la cita, fueron reprimidos y cuestionados en varias ocasiones por
el juez Fuerte Tapia, quien tuvo que explicarles cómo se desarrolla una
audiencia de este tipo.
Lo anterior
porque el abogado defensor Sergio Baltazar Hernández dijo, en tres ocasiones,
que no entendía las imputaciones lanzadas contra su cliente.
En una de
sus intervenciones, el abogado defensor sostuvo que no entendía los argumentos
de los fiscales, pues legalmente no era suficiente acusar a alguien por fungir
como comisario de una compañía.
El Juez tuvo
que corregir al abogado y explicarle que cuestionar las imputaciones de la PGR
en este momento, no eran parte del desarrollo de la audiencia inicial.
“Si no está
de acuerdo puede reclamar en otro momento. Ahora sólo es la formulación de la
imputación”, dijo el Juez en tono molesto, ante la insistencia del abogado que
le explicaran detalladamente las acusaciones.
Después de
escuchar las acusaciones y pruebas de la PGR, así como las dudas de la defensa,
el juez le pregunto a Javier “N” si tenía algo que declarar, por lo que éste se
abstuvo de hacerlo e inmediatamente solicitó la ampliación de las 144 horas,
por lo que el juez tuvo que intervenir y explicarle que no era el momento para
pedir dicha ampliación, misma que se daría poco antes de finalizar la
audiencia.
Tras varias horas de audiencia, los
fiscales de la PGR, en voz de Estela Ramos Castillo, solicitaron al Juez Fuerte
Tapia que se le vinculara a proceso a Javier “N” por los delitos de operaciones
con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
La defensa
sin embargo pidió la ampliación de 144 horas, por lo cual el Juez fijó como
fecha el lunes 26 de febrero para continuar la audiencia.
Tras escuchar la fecha, los fiscales
de la PGR solicitaron la prisión preventiva para el imputado, y como contexto
le recordaron al juez que Javier “N” estuvo prófugo de la justicia por varios
meses.
“Javier N no comparece de manera
voluntaria… la prisión preventiva es importante ante el peligro de sustracción
por su comportamiento de que huyó a España”, dijo uno de los fiscales.
El abogado
defensor del imputado aseguró que las acusaciones de la PGR eran “excesivas” y
violentaban los principios de inocencia de su cliente, por lo que pidió la
fianza para continuar el proceso en libertad. La petición finalmente fue negada por el Juez, quien puso a disposición
de las autoridades del Reclusorio Norte al contador Javier “N”, esto para
prevenir su posible fuga.
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