El gobierno de Miguel
Márquez dio dos contratos más por 793 mil 13 pesos durante el último trimestre
de 2017 a la empresa F.B.M. Comercializadora, la cual fue boletinada por el SAT
y enlistada como presunta empresa fantasma por el Consejo Ciudadano del Sistema
Nacional Anticorrupción, mientras fungía como proveedora de la Coordinación
General de Comunicación Social de Guanajuato.
Antes de hacer públicos estos nuevos contratos, la Coordinación de Comunicación Social,
encabezada por Enrique Avilés Pérez “reservó” por un año todos los comprobantes
de F.B.M. Comercializadora por lo que no se puede verificar si la empresa
cumplió con sus compromisos publicitarios.
Los dos nuevos
contratos que suman más de 793 mil pesos aparecen reportados en el cuarto
trimestre de 2017. Sin embargo, uno de ellos, registrado con la referencia PT
49666 fue firmado el 1 de febrero de 2017, por un monto de 605 mil 993 pesos.
En total, durante el año pasado, la empresa observada por actividades
inexistentes obtuvo del gobierno de Guanajuato 3 millones 836 mil 346 pesos.
Avilés Pérez había
explicado cuando se publicaron las primeras contrataciones, que se encargó a
F.B.M. la producción del material editorial que aparecería en los diarios de la
cadena Organización Editorial Mexicana.
Sin embargo, los
nuevos convenios cambian el giro, ya que establecen que la vocería del
gobernador “entregará con oportunidad los materiales a transmitir mediante las
órdenes de transmisión correspondientes, por su parte la empresa se obliga a
difundir con oportunidad y en los términos que se indiquen, respetando en todo
momento la integridad del contenido de los materiales”. Aunque hablan de
transmisión, se contrataron banners por un costo mensual de 19 mil 999 pesos en
diversos medios de la Organización Editorial Mexicana.
Llama la atención que
la factura con número IR 1677, que fue emitida el 25 de octubre de 2017 hace
aparecer un domicilio diferente a los anteriores que F.B.M había reportado y
diferente también al que registró ante el IMSS.
El contrato PT 49687 es por un monto de 187 mil pesos y es
por encartes en los diferentes periódicos de la OEM que serán entregados por
Comunicación Social. El convenio fue firmado el 14 de agosto de 2017 y la
factura IR 1679 fue elaborada el 27 de octubre del mismo año.
El pasado 11 de diciembre, Zona Franca difundió que el gobierno de Guanajuato ha realizado
convenios de intermediación para adquirir servicios periodísticos con F.B.M.
Comercializadora, empresa boletinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), a través del Sistema de Administración Tributaria (SAT), como
sospechosa de operaciones inexistentes.
A través de su Coordinación de Comunicación Social, el mandatario panista ha otorgado en 3 años
por lo menos siete contratos por 4.6 millones de pesos.
Como reacción a la publicación del reportaje, el vocero de la administración ofreció
entregar toda la información al respecto, incluyendo los testigos del
cumplimiento de los servicios brindados por F.B.M., primero de forma directa, y
luego la condicionó a la solicitud de información a través de la Unidad de
Transparencia, para terminar con la reserva argumentada en un proceso de
auditoría.
La negación de
información y explicaciones, han sido una constante.
Súbita reserva.
El Gobierno de
Guanajuato “reservó” todos los comprobantes que prueben que la empresa F.B.M.
Comercializadora realizó los servicios para los que fue contratada, lo mismo
sucedió con los periódicos integrantes de la Organización Editorial Mexicana.
Luego de que Zona Franca publicara que la empresa contratada
por la Coordinación de Comunicación Social de gobierno del estado, F.B.M.
Comercializadora, estuviera boletinada por la SHCP y por el Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción como sospechosa de
operaciones inexistentes, es decir “fantasma”, el vocero estatal, Enrique Avilés, se comprometió en el noticiero de
Carmen Aristegui a entregar todos los elementos que prueban que la empresa
asentada en Irapuato ha brindado los servicios para los que fue contratada.
Sin embargo, la
documentación no fue entregada bajo el argumento de que debía hacerse por medio
de la Unidad de Transparencia.
La respuesta de
transparencia, entregada mediante el folio 00062718, fue que toda la
información estaba reservada por un año, pues podría alterar las
investigaciones.
El 20 de enero de 2018, el periódico A.M. publicó una nota en la que señala que
tuvieron en su poder todos los “testigos” de F.B.M. y verificaron que dicha
empresa había cumplido con los contratos.
Se le preguntó a
Enrique Avilés porqué dicho periódico sí tuvo acceso a los documentos y su
respuesta fue: “porque no los pidieron por transparencia” y aseguró que los
mismos se entregarían. En el mismo sentido respondió Andrés Alcocer Carballido,
quien dijo a Zona Franca que, dado el volumen de información solicitada,
‘estaban muy atareados’ organizándola. Finalmente fue reservada.”
Zona Franca solicitó todos los testigos de F.B.M.
Comercializadora y los correspondientes a los contratos con los diarios Sol de
León, Sol de Irapuato, Noticias Vespertinas y Esto del Bajío con la intención
de cotejar que todas las empresas hayan cumplido lo acordado con la vocería.
Expertos y activistas en temas de transparencia señalan que
la entrega de los “testigos” no viola el debido proceso de la auditoría, porque
en teoría es información pública y no se pidieron datos de la auditoría.
Hasta el momento, la
Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC), Isabel Tinoco
Torres, indicó que todos los contratos que ha firmado la coordinación de
Comunicación Social de Gobierno del Estado a cargo de Enrique Avilés Pérez, con
la empresa boletinada por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), F.B.M.
Comercializadora, se encuentran en un proceso de revisión.
Al cuestionarle sobre el caso, la secretaria explicó que la
auditoría a la Coordinación de Comunicación Social no se inició a raíz de la
denuncia pública, sino porque está contemplada en el plan anual de la STyRC. No
obstante, aseguró que los contratos que se le han dado a esta empresa serán
prioridad en los trabajos de revisión que se llevan, por la presunción de ser
una empresa presuntamente “fantasma”.
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