Golpe preventivo.

Raymundo Riva Palacio.

Vivimos momentos muy críticos sin que nos queramos dar cuenta. Hay ataques políticos directos contra las Fuerzas Armadas, contra la Suprema Corte de Justicia y contra la libertad de expresión. No es sólo el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador quien abrió fuego contra las instituciones, sino que existe un armado, estratégico o espontáneo, que, en las horas finales de la precampaña, desató una embestida para descarrilarlas. Se vive un incipiente proceso de desinstitucionalización, entendida como la crisis de las normas y convenciones que regulan la vida social, que urge atender.

Las instituciones desempeñan, en la práctica y operatividad, un trabajo de interés público. Pueden funcionar bien o mal, dependiendo de quienes estén al frente de ellas, pero no deben confundirse y mezclar todo. Las instituciones median y regulan el comportamiento dentro de una sociedad que se rige por un conjunto de normas, y cuando dejan de ser funcionales, por la mala administración individual o de un gobierno de ellas, se produce la anomia, que tiene consecuencias como el resquebrajamiento del tejido social, la pérdida de valores y conductas ilegales, acompañado de agresividad. Una sociedad con anomia es una sociedad enferma. Y caminamos en esa dirección.

La cara más visible del ataque es López Obrador, el líder de la izquierda social que desde que inició su búsqueda por posiciones de poder hace casi 30 años en Tabasco, ha jugado en los linderos de la legalidad institucional. Este miércoles descalificó sin excepción a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, órgano supremo constitucional, a quienes calificó como “alcahuetes”. El ejemplo que puso fue la resolución de la Corte en 2014 donde, por nueve votos contra uno, declaró que la consulta popular propuesta por el PRD sobre la reforma energética era inconstitucional. “Están maiceados por la mafia del poder para actuar bajo consigna”, dijo. Quería que violaran la Constitución para satisfacer sus intereses.

“Mafia del poder” es como describió la mano que mece la cuna de intelectuales y periodistas que discrepan con él, en un lance de inhibición respaldado por sus legiones de fieles en las redes sociales que, mediante el vituperio incesante, quisieran acallar a quienes piensan diferente. Estos son intentos de censura y golpes directos contra los medios de comunicación. Si les resta credibilidad, siembra sospechas o simplemente, como lo está construyendo, establece una narrativa de que los medios son sus enemigos y trabajarán en su contra durante la campaña presidencial. Así minará el acceso de información del ciudadano, y al oscurecer el día intentará –como lo ha hecho en el pasado–, alumbrar su noche.

Con la tercera institución que se metió en la semana fue con las Fuerzas Armadas, tiene un diferendo de meses, donde ha venido señalándolas de manera continua por su papel en tareas de seguridad pública, omitiendo tramposamente que los militares no pueden actuar en las calles mexicanas contra criminales, si no existe una petición expresa del gobierno local. No son las Fuerzas Armadas las que deciden de manera discrecional combatir a los delincuentes –a los que López Obrador, lo ha reiterado, quiere darles amnistía–, sino los gobiernos rebasados por la delincuencia.

Esta semana lanzó sus críticas al secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, a quien acusó de hacer “politiquería” por haber aceptado un doctorado honoris causa de la Universidad de Artes y Ciencias de Chiapas, sumándose a una treintena de organizaciones, académicos y activistas que expresaron su rechazo a esa distinción académica porque, alegaron, encabeza la guerra interna contra la inseguridad en el país. El viernes pasado, la antropóloga Mercedes Olivera Bustamante rechazó ser investida como doctora honoris causa por la misma universidad, en protesta por la distinción al general Cervantes. Pero en su discurso no personalizó la crítica, sino lo amplió a la institución, por ser la que él representa. La rectoría de la universidad canceló la entrega.

Los síntomas de la anomia están siendo acompañados de esfuerzos para el desmantelamiento de las instituciones. No está resultando arduo hacerlo porque la decepción y molestia de la sociedad en su conjunto contra ellas, aunque en realidad es contra las personas que las encabezan, abren las avenidas para su demolición. Hay un diseño para liquidarlas, como lo ha planteado desde hace años López Obrador con la frase de “al diablo con las instituciones”, pronunciada en 2006 cuando los órganos electorales no le dieron la victoria en la elección presidencial que reclamaba. Seguramente, también hay mexicanos de buena fe que, hastiados por la incapacidad de las élites para hacer un cambio de fondo que inyecte ánimo y despierte la expectativa de cambio, se están sumando a su proceso de demolición, vestido de proyecto de nación.

Por esto, vale la pena releer la carta de un asturiano, Carlos Trueba, que publicó el diario español El País, el 27 de abril de 2017. “Tiempos convulsos, crisis sociales, incertidumbre, irracionalidad y desmoronamiento de las instituciones que creíamos hasta ahora sólidas, pero que no hemos dudado en apedrear. Se palpa el malestar social, influido por nuestro individualismo y nuestros miedos, y los sucesos desconcertantes pueden interpretarse a la luz del derribo sistemático de los consensos e instituciones básicas que forjaban nuestra convivencia”, escribió Trueba.

“Europa, amenazada por el Brexit, los nacionalismos infantiles y los populismos adanistas; la paz mundial, socavada por actitudes arrogantes de personajes banales como Trump o Putin; el periodismo, acosado por la posverdad; los derechos laborales, amenazados por la loada revolución tecnológica; la reflexión y el debate, ardiendo en la hoguera de las sacralizadas redes sociales. Al final, nos quedará vivir con nosotros mismos”.