La Auditoría Superior de la
Federación (ASF) detectó irregularidades en la Cuenta Pública de 2016 por 104
mil 241.2 millones de pesos, recursos de los que sólo se han recuperado 7 mil
896.9 millones. El año anterior las inconsistencias involucraron 164 mil 716
millones.
Al entregar
a la Cámara de Diputados el tercer informe sobre ese año, el encargado de
despacho de la ASF, Juan Javier Pérez Saavedra, dijo que las revisiones de
cumplimiento financiero realizadas incluyen una auditoría con enfoque de
desempeño, dos de inversiones físicas, tres forenses, cuatro de tecnologías de
la información y comunicaciones, cinco de control interno, así como seis de
gasto federalizado.
Ante el
presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF de San Lázaro, que encabeza
el diputado Luis Maldonado Venegas, el
auditor en turno dijo que las acciones de mayor riesgo detectadas tienen que
ver con la aplicación de la Ley de Adquisiciones, es decir, la contratación de
obra pública y donde la “excesiva discrecionalidad” fue la regla.
Ello, dijo, “propicia condiciones para la comisión de
irregularidades, ya que no se cuenta con los controles mínimos contemplados en
los procesos de licitaciones públicas”.
Esos
esquemas, añadió, han sido utilizados
por universidades públicas como presuntas proveedoras de bienes y servicios. No
obstante, en revisiones practicadas para la Cuenta Pública 2016 se ha podido
identificar la participación de otro tipo de entes públicos en estos
mecanismos, como son empresas paraestatales de entidades federativas y, en
ocasiones, de la propia Federación.
Otro aspecto peligroso detectado por
la ASF y que representa “un alto riesgo” es la obra pública.
“La ASF ha identificado cuatro causas principales
que propician las deficiencias en proyectos de infraestructura: problemáticas
en la planeación y programación de los trabajos, debilidades de carácter
técnico, insuficiencias económicas y fallas de ejecución.
La ASF
también detectó, como “área de riesgo”,
las operaciones realizadas por las ahora llamadas empresas productivas del
Estado, es decir, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.
Destaca sobre todo “la toma de
decisiones” para obtener “utilidades” en beneficio del Estado mexicano. Y,
aunque la ASF no lo establece así, la nueva forma de toma de decisiones en
estas “empresas productivas del Estado” se modificó tras la reforma energética
aprobada en diciembre de 2013.
La “toma de decisiones” para obtener
mayor “utilidad” tiene que ver también con la aplicación de las llamadas rondas
para explorar tierra firme, aguas profundas o someras en busca de
hidrocarburos.
“Se apuntan cuestionamientos sobre la
idoneidad del proceso de toma de decisiones tendientes al logro del objetivo
anotado, ya que en un conjunto de operaciones trascendentes se ha constatado
que ha habido, desafortunadamente, resultados negativos”, sostiene la ASF.
Y enumera donde se han confirmado “resultados
negativos”: adquisición de Agronitrogenados y plantas de tipo fosfórico, venta
de gasoductos en operación, adquisición de etano y coque, y adquisición de
energía limpia a precios muy superiores a los costos de generación propios.
Pero, sobre todo, las adjudicaciones en la refinería de Tula, Hidalgo, bajo
“supuesta emergencia”.
Aquí el
detalle:
“Adquisiciones de complejos
industriales no vinculados directamente con los objetos sociales de las
empresas, en condiciones desfavorables, con costos de reparación irrecuperables
y bajo supuestas sinergias que no se han alcanzado, como son los casos de las
plantas de fertilizantes Agronitrogenados y de tipo fosfórico.
“Enajenación de activos vinculados
con los procesos industriales de las empresas –rentables y productivos– para superar
problemas temporales de liquidez que se traduce en que deban, posteriormente,
pagar por su utilización en condiciones desfavorables, como son los casos de
venta de gasoductos en operación.
“Contrataciones a largo plazo para
suministrar insumos para operación de otras cadenas productivas con precios de
referencia muy por debajo de los de mercado internacional, como son las
obligaciones de suministro de etano y coque.
“Existen contrataciones también a
largo plazo para obtener insumos para las empresas productivas con precios que
difícilmente ayudan a los objetivos sociales de lucro, como es el caso de
adquisiciones de energía limpia a precios muy superiores a los costos de
generación propios.
“Por último,
existen adjudicaciones para
mantenimiento de plantas industriales que, justificadas en supuestas
emergencias, autorizan precios unitarios fuera de mercado, como es el caso de
la refinería en Tula”, reveló el encargado de despacho de la ASF.
En cuanto a
las transferencias de participaciones, la ASF detalló que aún persisten los subejercicios, transparencia insuficiente y un
reducido avance del Sistema de Evaluación del Desempeño.
“Respecto de
las participaciones, la ASF identificó
que existe un sesgo poblacional en las fórmulas y criterios de distribución
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, y que en la distribución que
realizan los gobiernos estatales a los municipios, son frecuentes los errores
en la aplicación de las fórmulas de asignación y los retrasos en la
ministración de los recursos”.
Pérez
Saavedra dijo que, aunque la ASF no cuenta con titular designado, el equipo
técnico de la entidad cuenta con fortaleza institucional que permite asegurar
que el mandato constitucional se está cumpliendo a cabalidad.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.