El combate a
la corrupción es la bandera de campaña que los tres principales candidatos a la
presidencia han tomado para estas elecciones. Se trata del principal tema
político que José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador
mencionaron en sus discursos al tomar posesión de sus respectivas candidaturas,
asegurando que la abatirán en cuanto lleguen a Los Pinos.
No es la
primera vez que la corrupción es tomada como bandera de campaña, pues en 1982
Miguel de la Madrid lo hizo, pero la consideró como un asunto de ética social
que había que combatir tras los grandes escándalos de corrupción de su
antecesor José López Portillo y su familia, principalmente de su hermana
Margarita.
La promesa de campaña, sin embargo,
ahora se topa con una realidad más preocupante porque la corrupción ya no es un
problema de ética social sino de Estado, y la adolecen todos los partidos que
apoyan a los candidatos, a los empresarios y a todos los gobiernos, afectando
el tejido social y la economía del país.
Todos los
días los índices de corrupción han aumentado de manera alarmante en México.
Según los últimos datos, la corrupción le cuesta al país aproximadamente
347,000 millones de pesos al año, que representa 10 por ciento del Producto
Interno Bruto (PIB) nacional y según el Índice de Percepción de la Corrupción
(IPC), de Transparencia International (TI), México ocupa el lugar 95 de 168
países.
El Instituto
Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) y el Centro de Investigación y
Docencia Económicas (CIDE) presentó no hace mucho su estudio “México: Anatomía
de la Corrupción”, realizado por María Amparo Casar, en el cual se hace un
retrato de este mal del que adolece no solo la clase política, sino también los
empresarios, la iglesia católica y todos los sectores sociales.
En costos
económicos, la corrupción afecta la inversión hasta en 5 por ciento; la pérdida
en el ingreso de las empresas se estima también en un 5 por ciento cada año en
las ventas anuales, y la piratería genera que se pierdan 480 mil empleos al
año.
Los costos políticos de la corrupción
son muy preocupantes porque generan la insatisfacción con la democracia: sólo
el 27 por ciento se encuentra satisfecho con ésta; el 91 por ciento no confía
en partidos políticos; el 83 por ciento no confía en legisladores, y el 80 por
ciento no confía en instituciones del sistema judicial, según el Barómetro
Global de la Corrupción, Transparencia Mexicana.
Mientras,
entre los costos sociales, está en el impacto de la economía familiar ya que el
14 por ciento del ingreso promedio anual de los hogares está destinado a las
famosas “mordidas”, con las que se soborna a las autoridades para conseguir
ciertos favores, y hay una correlación directa entre corrupción y los niveles
de violencia.
De acuerdo con el Índice de Percepción
de la Corrupción de Transparencia Internacional, entre 2008 y 2014, México cayó
31 posiciones. Y según el Barómetro Global de la Corrupción 2013 de
Transparencia Internacional, el 88 por ciento de los mexicanos pensamos que la
corrupción es un problema frecuente o muy frecuente, y la mitad considera que
la corrupción ha aumentado mucho en los últimos años.
Muestra de
la importancia de la corrupción en la agenda nacional es la creciente atención
que sirve por parte de los medios: entre
1996 y 2014, el número de notas sobre corrupción en la prensa tuvo un
crecimiento de más de cinco mil por ciento. Pasó de 502 a 29,505 notas en 18
años.
Por cierto…
La corrupción tiene muchos nombres en México: se le llama soborno, moche,
tronche, diezmo, ten per cent, mordida y hasta pecado, como dijo el Papa
Francisco en su visita. En la política está implícita en el compadrazgo,
tráfico de influencias, nepotismo, enriquecimiento oculto y en la simbiosis con
el crimen organizado. Y en el periodismo
se le llama “chayote”, porque es un tema espinoso.
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